APLICACION ULTRACTIVA DE LA LEY SOBRE PENSIONES

 

BLOG abogado PEDRO LEON TORRES BURBANO

 

TEMA: ULTRACTIVIDAD DE LA LEY - SENTENCIA SU-038 DE 2023; Sentencia SU-556 de 2019; Sentencias T-068 de 2017 y T-128 de 2015; Sentencia SU-566 de 2019; Sentencia SU-116 de 2018; Sentencia C-543 de 1992; Sentencia C-590 de 2005; Sentencia SU-556 de 2019;  

 

Dice la CORTE que el accionante no cumplía con las exigencias para que se le aplicara el principio de la condición más beneficiosa. De una parte, no demostró las circunstancias de vulnerabilidad específicas que permitieran la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en los términos del análisis de fondo adoptado en la Sentencia SU-556 de 2019. El actor tampoco explicó con claridad las razones por las cuales no realizó aportes al sistema durante cerca de siete años anteriores a la estructuración de la invalidez.

Dice la CORTE que el DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES debe considerarse la reiteración de jurisprudencia

i) establecer si existe un precedente aplicable al caso concreto y distinguir las reglas decisionales; ii) comprobar que dicho precedente se debía aplicar so pena de desconocer el principio de igualdad; y iii) verificar si el juez expuso razones fundadas para apartarse del precedente.

Dice también que para que exista VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN debe probarse que se estructura la

causal de violación directa de la Constitución y esta se genera a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Carta Superior de los derechos, en virtud del artículo 4º superior, el cual antepone de manera preferente la aplicación de los postulados constitucionales.

La PENSIÓN DE INVALIDEZ tiene unos REQUISITOS DE SUBSIDIARIEDAD y debe existir un Test de procedencia y se da cuando los accionantes han agotado todos los medios de defensa judiciales disponibles, dicho test no resulta aplicable.

Informa que la Acción de tutela instaurada por Jesús Álvaro Galindo Ríos en contra de la Sala de Descongestión Nº 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia  siendo Magistrado Ponente el Dr José Fernando Reyes Cuartas y emite  el  veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023) la SENTENCIA  después de considerar que el señor Jesús Álvaro Galindo Ríos instauró una acción de tutela en contra de la SDLCSJ. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección a las personas en situación de discapacidad,

El actor refirió que el 25 de octubre de 2013, cuando tenía 58 años, sufrió un accidente cerebro vascular. En consecuencia, el fondo de pensiones al cual estaba afiliado, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante Porvenir) contrató a la sociedad Seguros Alfa S.A. para que le calificará la pérdida de la capacidad laboral (en adelante PCL). En el dictamen N° 201500724NN del 24 de mayo de 2015, se determinó la PCL en un porcentaje del 77.1%, con origen en enfermedad común. La evaluación estableció como fecha de estructuración el 25 de octubre de 2013.

El demandante afirmó que cotizó en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) desde el 10 de agosto de 1978 hasta el 1 de enero de 2004, es decir, 744.57 semanas. El ciudadano indicó que, posteriormente, se trasladó a Porvenir donde realizó aportes “de manera intermitente” desde el 19 de marzo de 2004 hasta agosto de 2006”, los cuales sumaron 125.14 semanas. Con base en lo anterior, refirió que tiene un total de 869.71 semanas cotizadas.

El accionante le solicitó a Porvenir el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Mediante el oficio del 30 de julio de 2015, la entidad le negó la anterior petición. Esto porque aquel no cumplió con el requisito previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Es decir, no cotizó cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez (entre el 25 de octubre de 2010 y el 25 de octubre de 2013).

El proceso ordinario laboral para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Ante la negativa de Porvenir, el accionante promovió una demanda ordinaria laboral en contra de dicha entidad. El demandante pidió que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se le aplicará el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990). En criterio de aquel, para acceder a la pensión de invalidez bastaba con haber cotizado trescientas semanas antes de que entrara a regir la Ley 100 de 1993, por lo que cumplía con este requisito en tanto que acreditó 689.43 semanas de aportes. También reclamó el pago del retroactivo de la mesada junto con el de los intereses moratorios. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué.

En el escrito de contestación a la demanda, Porvenir se opuso a las pretensiones. La entidad manifestó que la norma aplicable al demandante era la Ley 860 de 2003, vigente al momento de la estructuración de la invalidez. Explicó que el actor no cumplió con los requisitos exigidos en esa normativa, es decir, no cotizó cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Por último, el fondo de pensiones afirmó que otorgarle la prestación reclamada ocasionaría una defraudación al sistema.

El 26 de mayo de 2016, la parte demandada solicitó que se llamara en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (en adelante Mapfre). Dicha solicitud fue aceptada por el juez laboral. Mapfre también se opuso a las pretensiones bajo argumentos similares a los que expuso Porvenir.

Decisión de primera instancia.  Mdiante sentencia del 10 de agosto de 2016, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda. Esa autoridad judicial argumentó que el reconocimiento de la pensión de invalidez está sujeto al cumplimiento de los requisitos de la norma vigente al momento de estructuración de la invalidez. Como en este caso la fecha de estructuración fue el 25 de octubre de 2013, deben satisfacerse las exigencias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 860 de 2003). El juez determinó que el actor no cumplió con el requisito mínimo de semanas cotizadas. Frente a la condición más beneficiosa, refirió que esta supone la aplicación de la norma inmediatamente anterior, pero ello no implica que deba realizarse un rastreo histórico para ubicar la norma que hipotéticamente pudiera regular los intereses particulares del accionante. El demandante apeló esta providencia. Decisión de segunda instancia. En audiencia pública del 12 de junio de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó el fallo del a quo y, en su lugar, condenó a Porvenir y a Mapfre al pago de la pensión de invalidez. Esa Corporación argumentó que, si bien el actor no cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993, sí satisfacía las exigencias del Acuerdo 049 de 1990. Esto en atención a la jurisprudencia constitucional que, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ha reconocido prestaciones de esta naturaleza con base en una norma que haya regido el derecho pensional del afiliado, siempre y cuando se acrediten los requisitos allí exigidos. En el caso concreto, advirtió que el actor cotizó más de trescientas semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cual creó una expectativa legítima de acceso a la pensión de invalidez. Entonces, concluyó que, en virtud del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, se le debía conceder la prestación.

Porvenir interpuso el recurso extraordinario de casación y formuló dos cargos: i) la aplicación indebida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, y a su vez, una “infracción directa” del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, entre otros; y ii) la interpretación equivocada del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, una “infracción directa” de los artículos 48 y 60 de la misma Ley y los Decretos 2555 de 2010 y 2949 de 2010.

Sentencia cuestionada mediante la acción de tutela. En la sentencia del 2 de marzo de 2021, la SDLCSJ casó la decisión del Tribunal y confirmó el fallo de primera instancia. En primer lugar, esa Corte discrepó de la postura del Tribunal Superior de Ibagué y, determinó que la norma aplicable era el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dado que la estructuración de la invalidez ocurrió el 25 de octubre de 2013. En este sentido, reiteró que las controversias sobre derechos pensionales se dirimen con base en la norma vigente al momento en que aquellos se causaron. En segundo lugar, la SDLCSJ afirmó que el demandante no satisfizo las condiciones exigidas en la citada ley ni tampoco las previstas en la norma inmediatamente anterior, es decir, la Ley 100 de 1993.

En tercer lugar, frente a la aplicación de la condición más beneficiosa, esa Corporación manifestó que el Tribunal no debió hacer uso de la “plus ultraactividad de la ley”. Lo anterior, “porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes”, lo cual no se constató en el asunto bajo estudio. Además, resaltó que ese principio no es absoluto ni atemporal y que su aplicación debe ser proporcional a las expectativas legítimas.

En cuarto lugar, la SDLCSJ determinó que la búsqueda de normas que se enmarquen en cada situación particular, sin considerar si la regulación fue derogada muchos años atrás, compromete la sostenibilidad financiera del sistema. Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia concluyó que la sentencia del Tribunal incurrió en los cargos que se formularon en la demanda de casación y consideró que al actor no le resultaba aplicable el Acuerdo 049 de 1990.

La acción de tutela contra la providencia judicial de la SDLCSJ. El señor Galindo Ríos promovió acción de tutela en contra de la providencia judicial emitida por la SDLCSJ. En primer lugar, indicó que debido a la parálisis en su cuerpo no pudo volver a trabajar y que sus gastos fueron sufragados por su compañera permanente; sin embargo, afirmó que estos recursos resultaban insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En segundo lugar, el peticionario afirmó que tiene derecho a que se le conceda la pensión de invalidez. Según aquel, la SDLCSJ debió aplicar el principio de la condición más beneficiosa y valorar los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, dado que cotizó más de 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. El accionante argumentó que la Corte Suprema de Justicia desconoció las Sentencias T-068 de 2017 y T-128 de 2015 de la Corte Constitucional que han aplicado este principio en materia pensional. El demandante afirmó que se han decidido casos similares bajo las condiciones previstas en un régimen legal anterior. Agregó que la SDLCSJ desconoció los mandatos constitucionales al abstenerse de aplicarle los principios de la condición más beneficiosa, la seguridad social, la dignidad humana y el mínimo vital.

Con base en lo anterior, el accionante solicitó, en primer lugar, que se revocara el fallo del 2 de marzo de 2021 proferido por la SDLCSJ y que se le reconociera la pensión de invalidez conforme al Acuerdo 049 de 1990. En segundo lugar, el actor pidió “inaplicar la sentencia” acusada. Finalmente, el ciudadano solicitó que se le reitere a Porvenir que debe tener en cuenta las consideraciones de la sentencia T-128 de 2015 para resolver asuntos similares.

El trámite de tutela. Mediante auto del 8 de abril de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral.

Primera instancia. En la sentencia del 22 de abril de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela, por cuanto no se acreditó la afectación de los derechos fundamentales invocados. Según esa autoridad judicial, el accionante pretende revivir un litigio finalizado, para lo cual no está diseñado este mecanismo constitucional.

Impugnación. El actor insistió en que la SDLCSJ incurrió en una vía de hecho. Esto porque no le reconoció la protección como persona en situación de discapacidad ni le aplicó el principio de condición más beneficiosa en materia pensional, conforme lo ha interpretado la Corte Constituciona. Finalmente, el accionante afirmó que no recibe otros ingresos, por lo que se le ha afectado su mínimo vital y la “única esperanza de llevar una vida digna”.

Segunda instancia. En la sentencia del 26 de noviembre de 2021, la Sala de Casación Civil   de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado. Señaló que la decisión acusada obedeció a la normativa que rige en materia pensional. Asimismo, indicó que el fallo no fue arbitrario ni ilegal. Agregó que no se desconoció el precedente de la Corte Constitucional. Para finalizar, afirmó que no se constató la configuración de un perjuicio irremediable.

Pruebas recibidas en el trámite de instancias. Las siguientes pruebas obran en el expediente de tutela y fueron recaudadas durante las instancias: Tabla 1. Pruebas recaudadas en el trámite de primera y segunda instancia. Documentos. Copia del dictamen N° 201500724NN del 24 de mayo de 2015, proferido por Alfa, que determinó la PCL del demandante en un porcentaje del 77.1%, con origen en enfermedad común, con fecha de estructuración el 25 de octubre de 2013. En aquel documento se relacionó que el demandante padecía de pérdida súbita de fuerza en el hemicuerpo izquierdo, hemorragia intraparenquimatosa, secuelas de enfermedad cerebrovascular y, además, necesitaba de apoyo con un bastón. También se precisa que el accionante trabajó como gerente de empresa de vigilancia hasta el año 2013 y que tiene tres hijos en su núcleo familiar.

Actuaciones en sede de revisión. En Auto del 22 de abril de 2022, el magistrado sustanciador decretó pruebas. El despacho le solicitó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué que le remitiera el expediente del proceso ordinario laboral. Igualmente, le pidió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que le enviara el expediente digital de la acción de tutela de la referencia.

En respuesta a dicha providencia, la Corte Suprema de Justicia remitió lo solicitado. No obstante, el Tribunal Superior de Ibagué no envió lo pedido e informó que el expediente del proceso ordinario es híbrido (es decir, que una parte se encontraba digitalizada y, la otra, en físico).

Mediante el Auto 695 del 26 de mayo de 2022, la Sala Octava de Revisión le solicitó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué que le remitiera la totalidad del expediente del proceso ordinario laboral. La Corte vinculó al presente trámite a Colpensiones. En respuesta a lo anterior, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué remitió lo pedido y Colpensiones allegó la respuesta correspondiente.

El 27 de julio de 2022, el magistrado sustanciador presentó el informe de que trata el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte. En la sesión del 4 de agosto de 2022, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento del asunto.

Posteriormente, mediante Auto 1594A de 20 de octubre de 2022, la Sala Plena decretó pruebas para conocer las condiciones actuales del accionante. En particular, indagó sobre: i) su situación económica actual; ii) la composición de su núcleo familiar y si tiene personas a cargo; iii) los gastos en que incurre mensualmente para solventar sus necesidades; iv) su estado actual de salud y los tratamientos médicos que recibe; y v) las razones por las cuales dejó de cotizar después del 10 de agosto de 2006.

El 21 de noviembre de 2022, el accionante remitió su respuesta a los interrogantes formulados por esta Corporación. Asimismo, en el traslado de las pruebas recaudadas, Porvenir y la SDLCSJ se pronunciaron respecto de lo expresado por el actor.

Respuestas recibidas en sede de revisión. Tabla 2. Respuestas recibidas en sede de revisión. autos de 22 de abril y 26 de mayo de 2022. Colpensiones. Solicitó la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso y, en subsidio, la desvinculación del presente trámite. Esa entidad argumentó que no fue llamada al proceso ordinario ni al trámite de tutela. Añadió que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no es responsable ni tiene relación alguna con las reclamaciones prestacionales debatidas en el proceso ordinario. Esto, porque su obligación finalizó con la emisión del bono pensional. Finalmente, Colpensiones indicó que no tenía responsabilidad alguna respecto de un eventual reconocimiento en la pensión de invalidez reclamada, pues el peticionario estaba afiliado al Régimen de Ahorro Individual (en adelante RAIS) a cargo de Porvenir, por lo que cualquier orden de reconocimiento de la prestación debería ser asumida por ese fondo.

Prvenir S.A. Solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo. En su criterio se pretende reabrir un debate finalizado y generar inseguridad jurídica. En ese sentido, afirmó que las acciones de tutela en contra de providencias judiciales proceden solo cuando se pretende un juicio de validez y no para la corrección de un fallo.

Jzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué. Esta autoridad judicial, allegó el expediente del proceso ordinario laboral donde constan las actuaciones que se adelantaron dentro de las dos instancias que se agotaron, así como el recurso de casación presentado tramitado ante la SDLCSJ. Del expediente se destacan los siguientes elementos probatorios: i) copia de la cédula de ciudadanía del señor Jesús Álvaro Galindo Ríos, donde consta que nació el 21 de octubre de 1955, es decir, tiene 67 años; ii) copia del reporte de semanas cotizadas en Colpensiones actualizado a 13 de agosto de 2015 donde se certifica que el actor cotizó desde el 10 de junio de 1978 hasta el 31 de enero de 2004 un total de 744,57 semanas; iii) copia del bono pensional tipo A expedido por el Ministerio de Hacienda a favor del demandante y copia del documento de instrucción de pago N° 201507040 por concepto de pago de bonos emitidos por la Nación del 30 de julio de 2015; y iv) copia del reporte de semanas en Porvenir donde se certifica que el señor Jesús Álvaro Galindo Ríos cotizó desde el 19 de marzo de 2004 hasta el 10 de agosto de 2006 para alcanzar un total de 125.14 semanas.

 

Auto 1594A de 20 de octubre de 2022. Accionante Jesús Álvaro Galindo Ríos

 

Indicó que su único medio de subsistencia es la ayuda de su compañera permanente “quien es la única persona que me socorre en mis necesidades, además, no poseo ningún ingreso como para mitigar mis carencias”. El accionante informó que tiene tres hijos mayores de edad que no viven con él y “tienen constituido su hogar, ninguno de ellos me proporciona ayuda”. Puntualizó que reside con su hijastro y su compañera permanente, quien asume todos los gastos de la casa y los costos de medicamentos, tratamientos y copagos. Destacó que aquella también debe asumir otros gastos, como el pago de la matrícula universitaria de su hijo.

El demandante calificó su estado de salud como “precario”. Indicó que padece de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, dislipidemia, antecedente de ACV con secuelas de pérdida de movilidad, “artritis gotosa” y “degeneración de la mácula y del polo posterior del ojo derecho”. Explicó que recibe terapias físicas, tratamiento para la tensión arterial, controles de cardiología y una inyección. Señaló que es beneficiario de su esposa en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Régimen Contributivo).

En relación con la pregunta formulada por la Sala Plena, referente a las razones por las que el actor dejó de cotizar después del 2006, el señor Galindo Ríos aclaró que trabajaba para la empresa de vigilancia Logan Security. No obstante, dicha empresa sufrió una quiebra “quedándome sin ingresos para pagar la seguridad social, por lo tanto solo hasta el 2011  quedé como beneficiario de mi compañera permanente, ya para el 2013 fue cuando sufrí el accidente que me imposibilitó físicamente de laborar”.

Para sustentar sus respuestas, el actor aportó: i) certificación del IGAC que señala que no se encuentra inscrito como propietario de bienes inmuebles; ii) certificado de afiliación a la Nueva EPS; iii) declaraciones juramentadas de su compañera permanente y de la madre de aquella; y iv) historia clínica.

Porvenir S.A. El fondo de pensiones controvirtió las pruebas allegadas por el accionante en los siguientes términos: i) Contrario a lo afirmado sobre la carencia de bienes, el actor recibió el 29 de abril de 2022 la suma de $133.852.461, correspondiente a la devolución de saldos. Precisó que el dinero entregado sería suficiente para cubrir los gastos reportados por el actor y su núcleo familiar “por más de once años”.

ii) El accionante nunca reportó su vínculo laboral con la empresa Logan Security. En efecto, Porvenir sostiene que, de acuerdo con la historia laboral, la última vinculación fue con la empresa “Grupo de Seguridad Colón Ltda. en liquidación”, correspondiente al período comprendido entre mayo y agosto de 2006.

iii) En la calificación de pérdida de capacidad laboral, el accionante informó que su última vinculación fue como gerente de una empresa de seguridad. Para demostrar esta circunstancia, el fondo de pensiones allegó una comunicación suscrita por el accionante en su calidad de gerente de Logan Security y dirigida a Porvenir. En ella, reportó novedades de afiliación y retiro de algunos empleados de la empresa.

iv) Según el certificado de existencia y representación legal de la mencionada empresa, el demandante figura como gerente y socio mayoritario con un aporte en capital por $206.000.000. Por ello, no es razonable que el actor justifique la imposibilidad de cotizar debido a la quiebra de la empresa pues tenía una importante participación de capital en la empresa, lo que indica que su decisión de no cotizar fue voluntaria. Así, el accionante “por su propia incuria determinó quedar sin cobertura en el sistema de seguridad social colombiano, cuando conforme a las pruebas allegadas tenía la capacidad y obligación de hacerlo”.

A partir de lo anterior, Porvenir concluyó que el accionante no cumplió con las condiciones para superar el test de procedencia establecido en la Sentencia SU-566 de 2019. En particular: i) no acreditó una condición diferente de su invalidez, que implique su pertenencia a un grupo de especial protección constitucional; ii) los gastos del demandante son sufragados por su compañera permanente, por lo que la carencia de la pensión de invalidez no afecta la satisfacción de sus necesidades básicas; y iii) no se justificó la imposibilidad de cotizar porque el actor nunca notificó el vínculo laboral con la empresa Logan Security ni argumenta por qué no realizó aportes. Destaca que, con anterioridad al accidente cerebro vascular, tenía plenas capacidades laborales. Pese a lo anterior, reconoció que el demandante fue diligente en su solicitud de la pensión de invalidez.

 

SDLCSJ. Destacó que el recurso extraordinario de casación fue resuelto conforme al criterio jurisprudencial y los elementos probatorios allegados hasta ese momento. No obstante, advirtió que las pruebas recaudadas en sede de revisión “son diferentes de aquellas que obraron en el plenario ordinario y con base en las cuales, tanto los jueces de las instancias como esta Corte resolvieron el proceso ordinario laboral” Insistió en que esa Corporación no vulneró los derechos fundamentales del actor y solicitó que se negara el amparo constitucional.

La presente acción de tutela cuestiona una decisión emitida por un órgano de cierre. Aunque el actor no enunció expresamente las causales específicas de procedibilidad con las denominaciones que ha adoptado la jurisprudencia constitucional, la Sala observa que aquel controvierte el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución por parte de la SDLCSJ. Dicha autoridad judicial determinó, en sede de casación, que el demandante no tiene derecho a la pensión de invalidez porque no satisfizo los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (reformado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003). En el amparo se reprocha que esa autoridad judicial hubiere concluido que no hay lugar a revisar si el actor cumple con las condiciones previstas en normas anteriores (i.e. el Acuerdo 049 de 1990), en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Síntesis del caso bajo estudio. El accionante le solicitó a Porvenir el reconocimiento de la pensión de invalidez. Esto a partir de la PCL del 77.1%, estructurada el 25 de octubre de 2013. Según el demandante, en virtud de la condición más beneficiosa, le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990), de conformidad con la jurisprudencia constitucional. El actor afirma que satisfizo los requisitos exigidos por esa normativa, esto es, haber cotizado trescientas semanas antes de que entrara a regir la Ley 100 de 1993. Respecto de esto último, el peticionario informó que acreditó un total de 689.43 semanas. Por lo anterior, aquel considera que tiene derecho a la prestación que reclama.

El juez de primera instancia del proceso ordinario laboral, le negó el reconocimiento pensional. Consideró que, para acceder a la prestación, el trabajador debía acreditar cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la PCL, exigencia que no se cumplió. En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué concedió la pensión de invalidez. En criterio de esta última autoridad, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el peticionario sí satisfizo las previsiones del Acuerdo 049 de 1990. En sede del recurso extraordinario de casación, la SDLCSJ casó la sentencia de segunda instancia y confirmó el fallo de primera instancia. A su juicio, el caso debía resolverse con base en las exigencias de la Ley 860 de 2003, las que no cumplió el demandante, por lo que no tenía derecho a la pensión de invalidez.

A través del amparo constitucional, el accionante pretende obtener la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con el fallo de casación. Estima que la sentencia proferida por la SDLCSJ incurrió en desconocimiento del precedente porque la jurisprudencia constitucional ha admitido el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Además, considera que se configuró la violación directa de la Constitución, en tanto no se consideró la situación más favorable al trabajador, la seguridad social, la dignidad humana y el mínimo vital.

En sede de revisión, el accionante adujo que su situación es precaria y que su único medio de subsistencia es la ayuda de su compañera permanente. No obstante, Porvenir sostuvo que el accionante no se encuentra en situación de vulnerabilidad porque, contrario a lo afirmado sobre su carencia de bienes, el 29 de abril de 2022 recibió la suma de $133.852.461 por concepto de devolución de saldos. Además, adujo que el accionante figura como gerente y socio mayoritario en una empresa de vigilancia y argumentó que la decisión de dejar de cotizar desde el año de 2006 fue voluntaria, por lo que no cumplió con la exigencia de justificar las razones que motivaron la falta de aportes en los años inmediatamente anteriores a la invalidez. Finalmente, Colpensiones fue vinculada al trámite judicial. La entidad solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio.

Delimitación del caso y formulación del problema jurídico. Con base en lo anterior, en primer lugar, corresponde a la Sala Plena establecer si hay lugar a que se decrete la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio. En segundo lugar, el análisis de la Corte se centrará en determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. En este punto, deberá evaluarse si la acción de tutela cumple con las condiciones generales de procedibilidad. Posteriormente, en el evento en que haya lugar al estudio de fondo de las pretensiones, este Tribunal deberá examinar si la SDLCSJ desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección a las personas en situación de discapacidad. En particular, si incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución al no aplicar el principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de invalidez del accionante.

Con el objetivo de responder estos planteamientos, la Corte abordará los siguientes núcleos temáticos: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la caracterización de los defectos endilgados; ii) la aplicación de la condición más beneficiosa en el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de los tiempos cotizados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; iii) las reglas jurisprudenciales de esta Corporación sobre la protección de las expectativas legítimas en las pensiones de invalidez; y finalmente se resolverá iv) el caso concreto. Sin embargo, antes de estudiar el asunto, a la Sala Plena le corresponde analizar como cuestión previa la petición de nulidad que formuló Colpensiones, conforme al artículo 106 del Reglamento Interno de la Corte.

cuestión previa: solicitud de nulidad de Colpensiones en la presente sentencia por indebida integración del contradictorio. En sede de revisión, Colpensiones, en calidad de tercero vinculado al trámite de tutela, solicitó la declaratoria de nulidad de las actuaciones surtidas y, como petición subsidiaria, pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para fundamentar lo anterior, el fondo de pensiones adujo que hubo una indebida integración del contradictorio.

Para resolver la referida solicitud y, con base en la jurisprudencia constitucional, la Sala Plena se pronunciará sobre la nulidad de las actuaciones de la Corte. En segundo lugar, aludirá a la legitimación en la causa por activa y por pasiva. En tercer lugar, se referirá a las nulidades por indebida integración del contradictorio. Con base en lo anterior, esta Corporación expondrá las razones por las cuales Colpensiones tiene interés jurídico en el presente caso y podía ser vinculada en sede de revisión. Por lo tanto, la solicitud de nulidad será negada. Esto quiere decir que la Sala Plena no accederá a la petición de desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

La nulidad de las actuaciones desplegadas por la Corte Constitucional en sede de revisión. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el trámite de la acción de tutela debe salvaguardar las garantías fundamentales de los sujetos procesales y, en particular, el derecho al debido proceso. En ese contexto, la Corte ha definido las nulidades como las “irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente– les ha atribuido la consecuencia-sanción de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso”.

El trámite de las solicitudes de nulidad se encuentra regulado por las normas del procedimiento civil, por remisión expresa del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015. Conforme al artículo 135 del Código General del Proceso (en adelante CGP), aquellas peticiones son susceptibles de ser rechazadas de plano cuando: i) no se fundamentan en una causal prevista en dicha normativa; ii) pudieron invocarse como una excepción previa; o iii) son alegadas por alguien que no está legitimado para hacerlo. Las nulidades también se rigen por los principios de trascendencia, protección y convalidación.

Las nulidades en los trámites de tutela se pueden presentar antes y después del fallo proferido en sede de revisión. Respecto de aquellas que se suscitan durante el trámite, la jurisprudencia ha establecido que proceden ante la vulneración del derecho al debido proceso. Como ejemplo podrían citarse las situaciones previstas en el artículo 133 del CGP (es decir, por la indebida notificación de las partes, la pretermisión de una instancia o etapa procesal, entre otras) o aquellas que atañen al desconocimiento de las reglas procesales establecidas en los Decretos 2591 y 2067 de 1991.

Esta Corte ha establecido los requisitos formales que habilitan el estudio de fondo de la petición de nulidad, como refuerzo de la condición excepcional de la procedencia de este tipo de solicitudes. Los requisitos formales son: i) oportunidad: por un lado, si la presunta vulneración del debido proceso fue con anterioridad a proferir la sentencia, la petición debe presentarse previo a la expedición de la sentencia. En cambio, si la vulneración fue en la sentencia, esta debe ser promovida dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo; ii) legitimación: debe ser reclamada por quienes fueron parte en el trámite de la acción de tutela o por los terceros que pudieren resultar afectados con las decisiones proferidas en sede de revisión; y iii) carga argumentativa: la solicitud debe soportarse en argumentos claros, serios, coherentes y precisos sobre las garantías constitucionales que presuntamente se han vulnerado.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena resolverá la solicitud de nulidad formulada por Colpensiones en sede de revisión.

El requisito de la legitimación en la causa por pasiva en las acciones de tutela. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede dirigirse contra las autoridades públicas o los particulares, bajo las condiciones previstas en la ley. A su turno, el artículo 13 de esa misma normativa, señala que el amparo debe formularse en contra de la autoridad pública o el representante de la institución que presuntamente vulneró o amenazó el derecho fundamental. Asimismo, ese artículo estipula que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”. Por lo tanto, también están llamados a comparecer los terceros con interés legítimo para demandar la protección constitucional o para oponerse a ella, siempre que respecto de aquellos se puedan extender los efectos de todo acto dentro del proceso.

En suma, se le reconoce legitimación en la causa dentro de las acciones de tutela solamente a quienes son parte en el trámite de aquellas y, a su vez, a los terceros que pudieren verse afectados con la sentencia de conformidad con las normas procesales. Esto significa que los terceros, siempre y cuando tengan interés legítimo en el resultado del proceso, están facultados para intervenir en aquel.

La nulidad por indebida integración del contradictorio. El artículo 29 de la Constitución instituyó el debido proceso que se expresa a través de los derechos de defensa y contradicción. Estas garantías son entendidas como la potestad para presentar y controvertir las pruebas dentro de una actuación. En concreto, el goce efectivo de esta salvaguarda se garantiza con la debida integración del contradictorio. Por lo anterior, a los jueces les corresponde llamar al trámite de tutela a los accionados y a todas las personas naturales o jurídicas que pudieren verse afectadas con la decisión que se adopte. Además, se les debe conceder la oportunidad para intervenir en la actuación (i.e. presentar sus argumentos y solicitar y controvertir las pruebas), so pena de que se genere una irregularidad procesal.

La indebida integración del contradictorio como causal de nulidad resulta procedente cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a las partes o terceros con interés en las resultas del caso (artículo 133.8 del CGP). Sin embargo, con base en el artículo 136 del CGP, este Tribunal ha establecido que esta nulidad es saneable cuando: “(i) la parte que podía alegarla no lo hace oportunamente o actuó sin proponerla; (ii) la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada; (iii) se origina en la interrupción o suspensión del proceso y no se solicita en los cinco días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa, o (iv) el acto procesal cumplió su finalidad sin afectar el derecho de defensa”.

La Corte ha sostenido que la nulidad por indebida integración del contradictorio no necesariamente obliga a este Tribunal a retrotraer sus actuaciones. Esta Corporación ha aseverado que ese vicio es subsanable en sede de revisión mediante dos vías: (i) con la declaratoria de nulidad de todo lo actuado para que el proceso se surta nuevamente desde la primera instancia y subsane el error procesal; o (ii) con la integración del contradictorio en sede de revisión, saneándose la nulidad cuando la persona natural o jurídica vinculada, actúe sin proponerla.

En síntesis, la indebida integración del contradictorio supone una vulneración del debido proceso porque implica una barrera al ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. Cuando esto ocurre, causa una irregularidad que puede dar lugar a declarar la nulidad de lo actuado y se subsana rehaciendo las actuaciones desde la primera instancia. Aunque también puede corregirse cuando el afectado comparece al trámite de revisión sin que esta sea propuesta por aquel.

Con base en lo anterior la Sala Plena procede a estudiar la solicitud de nulidad de Colpensiones.

La solicitud de nulidad cumple con los requisitos formales para su procedencia. Sin embargo, no está llamada a prosperar porque la Corte puede integrar el contradictorio en sede de revisión sin afectar el debido proceso

Colpensiones manifestó que no fue vinculada al proceso ordinario laboral instaurado por el actor en contra de Porvenir; tampoco en el trámite de tutela que aquel adelantó en contra de la SDLCSJ. En consecuencia, le solicitó a esta Corporación que decretara la nulidad de las actuaciones por la indebida integración del contradictorio.

De manera subsidiaria, la entidad le pidió a la Corte que la desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Colpensiones explicó que, de acuerdo con las reglas de competencia para el reconocimiento de la pensión de invalidez, cuando ocurre un traslado en el régimen pensional y en los asuntos de multivinculación, la entidad competente para el pago de la prestación es aquella a la que el afiliado cotizó al momento de la estructuración de la invalidez Esto significa que, en el presente caso, como el actor cotizó en el ISS pero luego se trasladó a Porvenir, esta última sería la llamada a realizar el eventual pago de la prestación.

Para resolver la cuestión planteada por Colpensiones, la Sala Plena verificará si la solicitud formulada cumple con los requisitos de procedencia. Posteriormente, la Corte analizará si hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio.

En primer lugar, la Corte encuentra que Colpensiones está legitimada para solicitar la nulidad porque fue convocada al asunto como un tercero con interés mediante el Auto 695 de 2022.

En segundo lugar, la petición promovida por este fondo de pensiones resulta oportuna porque se presentó antes de la fecha de la presente sentencia. Incluso, se propuso dentro del término de ejecutoria del auto que vinculó a Colpensiones a este trámite. En efecto, la mencionada providencia fue notificada el 8 de julio de 2022. A su turno, la solicitud de nulidad se formuló el día hábil siguiente, esto es, el 11 del mismo mes y año.

Finalmente, acreditó la carga argumentativa requerida para este tipo de solicitudes. Al respecto, la Sala ha reiterado que la indebida integración del contradictorio es una causal de nulidad del trámite de tutela. En esta oportunidad, la peticionaria explico con claridad, seriedad, coherencia y precisión el fundamento de su reproche. Puntualmente, invocó la causal prevista en el artículo 133.8 del CGP. Además, refirió las razones por las que consideró que, al no haber sido notificada de la admisión de tutela y convocada al proceso desde ese momento, se vulneró su debido proceso.

No obstante, la Corte estima que no se configura la causal invocada. En efecto, como lo reconoce la propia peticionaria, esta Corporación ha estimado que, en circunstancias especiales y excepcionales, resulta admisible la vinculación de terceros en sede de revisión. Particularmente, tanto cuando se trata de personas en situaciones de debilidad manifiesta o con circunstancias particulares que ameriten esta medida, como “en virtud de la urgencia de la protección constitucional y ante una situación que a primera vista pueda considerarse apremiante”. Al respecto, la Sentencia SU-116 de 2018 explicó que “la vinculación en sede de revisión está reservada para casos en los cuales se demuestre la calidad de sujeto de especial protección constitucional del accionante y en razón de su condición de vulnerabilidad, haría desproporcionado extender en el tiempo la protección de sus derechos”.

En el caso concreto, se advierte que el accionante es una persona calificada con una PCL del 77.1%, con fecha de estructuración del 25 de octubre de 2013, debido a que sufrió un accidente cerebro vascular. Respecto de su situación médica, sostuvo que fue diagnosticado con las siguientes condiciones médicas: (i) hipertensión arterial; (ii) cardiopatía isquémica; y (iii) artritis gotosa. Además, sobre las circunstancias del caso concreto se observa que el accionante ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde julio de 2015 y, tras haber agotado el proceso ordinario, se encuentra pendiente la resolución de este trámite de tutela para definir acerca de su derecho pensional. De otra parte, Colpensiones ha podido intervenir en el presente proceso, solicitar su desvinculación y ha tenido la ocasión de presentar pruebas y controvertir todas las que se han allegado al presente asunto. En esa medida, ha contado con las garantías procesales respectivas.

De este modo, al ponderar la satisfacción de los derechos fundamentales del afectado en el caso concreto y la protección del debido proceso de la parte vinculada, la Sala Plena concluye que la vinculación en sede de revisión respetó los derechos de Colpensiones y, en consecuencia, negará la solicitud de nulidad.

Colpensiones tiene interés jurídico en el asunto y, por consiguiente, no corresponde su desvinculación

En este punto, la Sala resolverá la petición subsidiaria de Colpensiones, referente a su desvinculación. En relación con esta solicitud, la Corte no accederá a ella porque esa administradora de pensiones tiene interés jurídico en el asunto de la referencia.

Al respecto, este Tribunal evidencia que el demandante estuvo afiliado al ISS y realizó cotizaciones en ese instituto entre el 10 de agosto de 1978 y el 1 de enero de 2004. Igualmente, del expediente del proceso ordinario se advierte que, mediante la Resolución N° 14269 del 29 de julio de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ordenó el pago de un bono pensional a favor del demandante, quien salió del régimen de prima media (en adelante RPM) y se afilió en el régimen de ahorro individual con solidaridad. No obstante, los aportes efectuados en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 se realizaron, en su momento, al ISS. En esta circunstancia, la Sala estima oportuno mantener la vinculación de Colpensiones al proceso.

Finalmente, la Sala recuerda que la integración del contradictorio por parte del juez constitucional no implica la determinación automática de la eventual responsabilidad en la vulneración de los derechos fundamentales de las personas vinculadas al proceso. En este sentido, solo hasta el momento en que se profiere la sentencia, el juez establece si se desconocieron las garantías del accionante y quiénes son los destinatarios de las órdenes orientadas a restablecer tales prerrogativas.

Así las cosas, esta Corte continuará con la metodología de decisión atrás referida. Es decir, en primer lugar, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la caracterización de los defectos endilgados. En segundo lugar, la aplicación de la condición más beneficiosa en el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de los tiempos cotizados antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En tercer lugar, las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la protección de expectativas legítimas en las pensiones de invalidez y, finalmente, se hará la resolución en el caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede contra los actos y las decisiones expedidas en ejercicio de la función jurisdiccional. Se trata del resultado de una lectura armónica de la Constitución con varios instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. De conformidad con esta: “toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y efectivos que los ampare contra la amenaza o violación de los derechos fundamentales, aun si esta se causa por quienes actúan en ejercicio de funciones oficiales”.

A partir de la Sentencia C-543 de 1992, este tribunal admitió la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales solo en relación con actuaciones de hecho que impliquen una grave vulneración a los derechos fundamentales. Posteriormente, la Corte se refirió a la vía de hecho para abordar el estudio de casos respecto de los cuales se aduce un proceder arbitrario de los jueces que vulnera derechos fundamentale.

La jurisprudencia constitucional tuvo una evolución en la Sentencia C-590 de 2005. Esta nueva dimensión abandonó la expresión vía de hecho e introdujo los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Estos presupuestos fueron distinguidos en dos categorías: requisitos generales de procedencia con naturaleza procesal y causales específicas de procedibilidad de naturaleza sustantiva.

 

 

Criterios generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales “constituyen restricciones de índole procedimental o parámetros imprescindibles para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo”. Además de acreditarse la legitimación por activa y por pasiva, estos requisitos exigen: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional. En consecuencia, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

Además, ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se acredite el requisito de inmediatez; iv) que se demuestre la legitimación por activa y por pasiva; v) cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga la potencialidad de causar un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la afectación, los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal lesión en el proceso judicial (siempre que esto hubiere sido posible) y vii) que no se trate de sentencias de tutela.

Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. La jurisprudencia constitucional ha definido los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se trata de “yerros judiciales que se advierten en la decisión judicial y tornan inexorable la intervención del juez de tutela”. Estos fueron denominados causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

En este orden de ideas, los criterios esbozados constituyen un catálogo del que es posible comprender y justificar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales a la luz de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Teniendo en cuenta que el accionante hizo alusión específica al defecto por desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución es necesario ampliar la conceptualización sobre estos dos tipos de defectos.

Defecto por desconocimiento del precedente judicial. Este defecto se fundamenta en el principio de igualdad, en virtud del cual los asociados tienen derecho a recibir un trato igual ante la ley y por parte de las autoridades. Ello quiere decir que, en cumplimiento de dicho mandato, ante casos similares, se deben proferir decisiones análogas, por lo que actuar de forma contraria implica una infracción a esta garantía. Además, se soporta en el deber que les asiste a los jueces, específicamente los órganos de cierre, de unificar su jurisprudencia para que sus pronunciamientos constituyan precedente de obligatorio cumplimiento, en virtud de los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución.

Esta Corte ha definido como precedente judicial “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Este tiene dos categorías: “(i) el precedente horizontal: referido a las providencias judiciales emitidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o el mismo funcionario y su fuerza vinculante atiende a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima; y (ii) el precedente vertical: atiende a las decisiones judiciales proferidas por el superior funcional jerárquico o por el órgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia en su jurisdicción, su vinculatoriedad atiende al principio de igualdad y limita la autonomía de los jueces inferiores, a quienes les corresponde seguir la postura de las altas cortes o los tribunales”.

Además, este Tribunal ha fijado los criterios que se deben consultar al momento de estudiar la causal de desconocimiento del precedente, así: i) establecer si existe un precedente aplicable al caso concreto y distinguir las reglas decisionales; ii) comprobar que dicho precedente se debía aplicar so pena de desconocer el principio de igualdad; y iii) verificar si el juez expuso razones fundadas para apartarse del precedente –ya sea por diferencias fácticas o por considerar que existía una interpretación más armónica y favorable de cara a los principios constitucionales y los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine.

En ese orden de ideas, para que se configure el defecto por desconocimiento del precedente debe existir una decisión que resolvió un caso con supuestos fácticos y jurídicos iguales, y que la autoridad judicial se haya apartado sin justificación válida.

Defecto por violación directa de la Constitución: reiteración de jurisprudencia. El fundamento de esta causal es el modelo actual del ordenamiento constitucional, puesto que los preceptos contenidos en la Carta de 1991 tienen valor normativo, de manera que pueden ser aplicados directamente por las autoridades y los particulares en algunos casos. En ese sentido, es posible discutir las decisiones judiciales por medio de la acción de tutela en los eventos en los que los jueces omiten o no aplican debidamente los principios superiores.

El desconocimiento de la Constitución se puede producir por diferentes hipótesis. Ello puede ocurrir, en primer lugar, porque el juez no aplica una norma fundamental al caso en estudio y en segundo lugar, porque se interpreta la ley al margen de los preceptos previstos en la Constitución.

En suma, la causal de violación directa de la Constitución se genera a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Carta Superior de los derechos, en virtud del artículo 4º superior, el cual antepone de manera preferente la aplicación de los postulados constitucionales.

La aplicación de la condición más beneficiosa en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez: Reiteración de jurisprudencia. La Corte encuentra la necesidad de referirse en esta sección a los siguientes temas: i) los regímenes legales de la pensión de invalidez; y ii) la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez.

La regulación de la pensión de invalidez. Con base en el artículo 48 de la Constitución, la Corte ha expresado que la pensión de invalidez constituye una expresión de la seguridad social. Además, ha señalado que esta prestación es un derecho subjetivo que adquiere el carácter de fundamental cuando a través de aquella se materializan otras garantías superiores como el mínimo vital, la igualdad y la vida digna. En relación con los aspectos normativos relevantes para la aplicación de la condición más beneficiosa en el caso concreto, la pensión de invalidez ha sido regulada por tres normativas:

 

El Artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990) dice que Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: a) ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido; y b) haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.

Artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis semanas, al momento de producirse el estado de invalidez; y b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

 

Artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1) invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. 2) Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.

Estas tres normas han regulado los requisitos para el acceso a la pensión de invalidez en lo pertinente al caso concreto. La jurisprudencia constitucional ha previsto que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, hay lugar a aplicar los regímenes normativos anteriores cuando el afiliado hubiere forjado una expectativa legítima de obtener el derecho, como se expone en el siguiente título.

La aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez. El artículo 53 de la Constitución instituye los principios fundamentales mínimos del trabajo. En aquella norma se dispone que las leyes en materia laboral deben tener en consideración los principios de favorabilidad, in dubio pro operario, progresividad y la condición más beneficiosa para promover la igualdad de los trabajadores. Esta Corte ha aplicado el mandato de la condición más beneficiosa en materia laboral y de la seguridad social (i.e. en asuntos pensionales) con el propósito de salvaguardar las expectativas legítimas de los afiliados frente a cambios normativos intempestivos que estipulan requisitos diferentes o adicionales, a tal punto que dificulten el afianzamiento del derecho. En definitiva, tratándose de la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, al amparo del principio de la condición más beneficiosa, este Tribunal ha consultado “la sucesión de regímenes y normas aplicables al aseguramiento de este riesgo [que] ha estado desprovista de esquemas para la transición que protejan las expectativas legítimas”. Con base en lo anterior, le corresponde al juez valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en la norma vigente al momento en que se estructuró la PCL, como en las disposiciones anteriores. Esto último procede cuando el peticionario hubiere forjado una expectativa legítima en vigencia de ese régimen anterior –y que no se hubiere previsto un régimen de transición aceptable–. 

Las reglas jurisprudenciales de Corte Constitucional sobre la protección de expectativas legítimas en las pensiones de invalidez la Sentencia SU-556 de 2019, la Corte unificó la jurisprudencia en relación con la aplicación de la condición más beneficiosa. En particular, esta decisión precisó las dos materias objeto de la mencionada unificación: i) la valoración de la exigencia de subsidiariedad de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa; y ii) el alcance del principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Respecto del primero de los asuntos enunciados, la Sala Plena estableció un test de procedencia para determinar la viabilidad de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento de pensión de invalidez a través del mecanismo de amparo. En dicho fallo, explicó las razones que fundamentan la exigencia de cada una de sus condiciones, como se expone a continuación:

 

TEST para probar la VULNERABILIDAD

 

Test de procedencia y justificación de sus condiciones. Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, que pertenece a un grupo de especial protección constitucional o que se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.

 

No es suficiente la situación de invalidez del accionante, pues supondría un desplazamiento de la competencia del juez ordinario por la del juez constitucional, en asuntos relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez porque una condición necesaria para su reconocimiento es la prueba de dicha condición. Por tanto, es razonable la exigencia de acreditar circunstancias adicionales que justifiquen el trato preferente del accionante, en relación con otras personas en igualdad de condiciones.

 

Segunda condición

 

Debe poder inferirse razonablemente que la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.

 

Esta exigencia materializa la obligación de la sociedad de auxiliar a aquellas personas que no pueden ayudarse a sí mismas por encontrarse en “condiciones de acentuada indefensión”. En estos supuestos, es un deber apremiante y exigible.

Tercera condición

Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la estructuración de la invalidez.

 

Este parámetro reconoce “la importancia de la autonomía individual para satisfacer por sí mismo las exigencias normativas” necesarias para el reconocimiento de determinadas prestaciones de la seguridad social. Por lo tanto, en este tipo de casos, el juez constitucional puede pronunciarse sobre la pensión de invalidez solo ante “una situación de razonable imposibilidad de haber cumplido las exigencias normativas impuestas por el ordenamiento jurídico”.

 

Cuarta condición

 

Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

 

Supone acreditar un grado mínimo de diligencia para la protección de los derechos propios, por vía administrativa o judicial.

En cuanto al segundo asunto objeto de unificación, esto es, la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 en materia de pensión de invalidez de acuerdo con la condición más beneficiosa, la Sentencia SU-556 de 2019 determinó como “supuesto fáctico, abstracto, objeto de unificación” el siguiente:

Alcance del principio de condición más beneficiosa en pensión de invalidez

Ocurre en vigencia de la Ley 860 de 2003

 

No acreditar la densidad de semanas que exige la Ley 860 de 2003

 

El afiliado no acredita haber cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

 

Cumplir con la densidad de semanas que exigía el Acuerdo 049 de 1990

 

El afiliado cotizó, antes de la fecha de estructuración de la invalidez, 150 semanas en los 6 años anteriores a la fecha de estructuración o 300 semanas en cualquier tiempo.

Asimismo, en la referida providencia, la Sala Plena concluyó que la regla expuesta en el fundamento jurídico anterior “solo es aplicable a los afiliados-tutelantes en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellos que superen el test de procedencia. Solo respecto de estas personas es evidente una afectación intensa a sus derechos fundamentales”. En esta decisión, se enfatizó en que la condición relevante para efectos del reconocimiento de la prestación por parte del juez constitucional es la situación actual de vulnerabilidad.

Por consiguiente, la Corte estableció una relación de conexidad entre ambas reglas de unificación. De este modo, el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa de los afiliados que se encuentran dentro del supuesto fáctico objeto de unificación se circunscribe exclusivamente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad.

 

Como se puede OBSERVAR solo si su TEST demuestra un alto nivel de vulnerabilidad y usted esta SOMETIDO a violación de sus derechos fundamentales y con el TEST se prueba esa vulnerabilidad se puede exigir la APLICACIÓN en forma ULTRACTIVA la ley y entonces si es aplicable la LEY anterior a la vigente como en el caso concreto el ACUERDO 049 de 1990 y no la LEY vigente. La ULTRACTIVIDAD de la LEY solo se aplica en casos concretos que demuestre ese altisimo grado de vulnerabilidad

 

Si usted señor LECTOR tiene un caso igual o similar llame a los abogados especializados de la ONG FENALCOOPS al numero 3146826158 o escriba al correo fenalcoopsas@gmail.com desde cualquier parte. CELULAR 3146826158. PEDRO LEON TORRES BURBANO su abogado especializado de confianza