TEMA: Sentencia SU-049 de 2017 - SU-380 de 2021-Sentencia SU-297 de 2021-Sentencia T-1040 de 2001 - Sentencia T-198 de 2006 - sentencias T-692 de 2015 - Sentencia T-434 de 2020 - Sentencia C-200 de 2019 - Sentencia C-044 de 2021 - Sentencia SU-087 de 2022 -SENTENCIA SU-269 DE 2023 – Sentencia SU-049 de 2017 - Sentencia SU-040 de 2018 - SU-256 de 1996 - Sentencia T-1040 de 2001 -Sentencia T-198 de 2006. Caso Especial de una TRABAJADPRA retirada estando ENFERMA y sin haber tramitado permiso ante el MINTRABAJO
PEDRO LEON TORRES BURBANO
– abogado - Contador Publico –
Economista. Especializado en Derecho
Laboral y Seguridad social – Derecho Administrativo- Revisoria Fiscal y Contraloria
y 40 diplomados diversos
TEMA: Sentencia SU-049 de 2017 - SU-380 de 2021-Sentencia
SU-297 de 2021-Sentencia T-1040 de 2001 - Sentencia T-198 de 2006 - sentencias
T-692 de 2015 - Sentencia T-434 de 2020
- Sentencia C-200 de 2019 - Sentencia C-044 de 2021 - Sentencia SU-087 de
2022 -SENTENCIA SU-269 DE 2023 – Sentencia SU-049 de 2017 - Sentencia SU-040 de
2018 - SU-256 de 1996 - Sentencia T-1040 de 2001 -Sentencia T-198 de 2006. Caso
Especial de una TRABAJADPRA retirada estando ENFERMA y sin haber tramitado
permiso ante el MINTRABAJO
Se REFIERE la sala a una
acción de tutela instaurada por una trabajadora contra la Sala de Descongestión
N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y es
Magistrada ponente la Dra Diana Fajardo Rivera
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales, y previo cumplimiento de los requisitos, y
trámites legales y reglamentarios, profiere la siguiente: SENTENCIA; La
trabajadora solicitó, a nombre propio, la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a administración de
justicia, a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo
y a la seguridad social que considera vulnerados por la sentencia dictada por la
Sala de Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.
La trabajadora fue contratada por la Caja de Compensación
Familiar (en adelante CAFAM) el 7 de noviembre de 2013, a través de un contrato
de trabajo a término fijo inferior a un año que se fue prorrogando hasta el 15
de julio de 2015. Comenzó como Archivista y, posteriormente, a partir del 1° de
enero de 2015 trabajó como Oficinista de Información y Control en la
Subdirección Jurídica de CAFAM. Durante su empleo, la TRABAJADORA experimentó
problemas de salud en sus extremidades superiores, incluyendo contracción
muscular, tendinitis y síndrome del túnel carpiano, este último de origen
laboral. De esta manera, el 18 de diciembre de 2013, mientras se desempeñaba
como Archivista, la médico tratante de la EPS SURA a la que se encontraba
afiliada la accionante, le otorgó incapacidad por un día debido a que padecía
“contractura muscular dorsal alta y paravertebral dorsal derecha (…)
contractura muscular, otras dorsalgias.” El 14 de julio de 2014 la accionante
acudió al servicio de urgencias de su EPS porque presentó dolor en sus manos.
En la historia clínica de ese día se diagnosticó que padecía “dolor en
articulación” y se precisó que la paciente consultó porque presentaba “cuadro
clínico de aproximadamente 6 meses de evolución consistente en dolor de
predominio en mano derecha, de predominio en carpo y región radial, asociada a
edema y calor local, a su vez dolor tipo corrientazo (sic) en antebrazo.
Refiere exacerbación de dolor con los movimientos como digitación.” Posteriormente,
el 3 de junio de 2015 durante una valoración clínica ocupacional realizada por
CAFAM se diagnosticó que la accionante padecía “tendinitis de flexores en el
antebrazo izquierdo y extensores del antebrazo derecho, tenosinovitis
estenosantes de Quervain y trastornos de refracción corregida”, por lo que se
le hicieron algunas recomendaciones de salud ocupacional para su manejo. Al día
siguiente, la accionante le informó a su jefe inmediato por medio de correo
electrónico que “de acuerdo a lo conversado desde la semana pasada me están
molestando las dos manos ya que me encuentro con tendinitis y hoy tengo un poco
de molestia en mis dos manos debido a la foliación de estos tres días seguidos,
por otra parte era para que quedara (sic) nuevamente en su conocimiento y
adjunto las indicaciones del médico y las de ayer por salud ocupacional.” El 15
de julio de 2015 su empleador decidió dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo sin justa causa a partir del 16 de julio siguiente,
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 y pagando la
indemnización prevista en el inciso 3° de la misma norma. Luego, durante el
examen médico de egreso el 21 de julio del 2015, se diagnosticó que la
accionante sufría “túnel carpiano bilateral”, “estiloides radial bilateral” y
“tendinitis flexor extensor”. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez,
mediante dictamen del 22 de febrero de 2018, determinó que la accionante
padecía “síndrome del túnel carpiano” de origen laboral, pero se abstuvo de
calificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Con fundamento en este
último documento, en marzo de 2018 la accionante promovió acción de tutela
contra CAFAM solicitando la protección de su derecho a la estabilidad laboral
reforzada. Mediante fallo del 18 de marzo de 2018, el Juzgado Veintinueve Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concedió el amparo
transitorio y dispuso el reintegro de la accionante a un similar o mejor al que
desempeñaba. No obstante, ante
impugnación de CAFAM el anterior fallo fue revocado por el Juzgado Cincuenta y
Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá el 2 de mayo de
2018. De acuerdo con esta autoridad judicial, la acción de tutela resultaba
improcedente por cuanto la solicitante tenía a su alcance el proceso ordinario
laboral. Por los motivos expuestos, la
accionante inició proceso ordinario laboral contra CAFAM, solicitando su
reintegro y el pago de salarios, aportes a seguridad social, primas de
servicios, cesantías, intereses y vacaciones desde el momento de la terminación
unilateral del contrato de trabajo y hasta la fecha de materialización del
reintegro, junto con el pago de la indemnización por despido discriminatorio.
Por su parte, CAFAM se opuso a las pretensiones de la
demanda. Reconoció la existencia de un contrato de trabajo a término fijo desde
el 12 de noviembre de 2013 hasta el 15 de julio de 2015. Señaló que la
trabajadora fue despedida sin justa causa conforme al artículo 80 del Código
Sustantivo del Trabajo y se le proporcionó la indemnización correspondiente por
una suma de $3.207.142. Argumentó que no
existían obligaciones pendientes y propuso las excepciones de inexistencia de
las obligaciones y cobro de lo no debido, falta de título y causa en la
demandante, pago, enriquecimiento sin justa causa, compensación, buena fe,
prescripción, e improcedencia e imposibilidad del reintegro. En ese sentido,
señaló que pagó a la demandante todos los salarios, beneficios sociales,
vacaciones y otros derechos laborales debidos, y realizó las cotizaciones
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral. Negó tener
responsabilidad en cualquier patología que la demandante pueda tener. Enfatizó
que cuando finalizó el contrato de trabajo la demandante no estaba bajo ninguna
circunstancia especial protegida por la normativa laboral, como incapacidad,
discapacidad o en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.
Sostuvo que la demandante nunca estuvo amparada por el fuero de estabilidad
laboral reforzada, por lo que no estaba obligada a solicitar autorización del
Inspector del Trabajo para finalizar el vínculo. La audiencia de conciliación,
decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. El 4 de
marzo de 2019, luego de que las partes negaran tener ánimo conciliatorio, la
titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá recibió los
interrogatorios de parte de la demandante, y Daniel Gómez Guerrero,
representante legal de CAFAM. Así mismo, recogió los testimonios de Juan Felipe
San Miguel, ex trabajador de CAFAM y testigo solicitado por la parte
demandante; y de Marlia Eddy Sánchez y Sergio Antonio Pescador, trabajadores de
CAFAM y testigos solicitados por la parte demandada. La demandante afirmó que
trabajó para CAFAM de 2013 a 2015, comenzando como archivista y finalizando
como oficinista de información de control. Sus funciones consistían en la
organización de archivos, transferencias, la eliminación de material abrasivo,
y el manejo de un sistema basado en Excel para rastrear el almacenamiento de
cajas llenas de documentos. Estas cajas pesaban aproximadamente 5 kilos cada
una. Sostuvo que sus responsabilidades no cambiaron con su ascenso de
archivista a oficinista de información de control. Explicó que los doctores
Luis Fernando Mora y Luis Fernando Villamarin firmaron su ascenso, pero no
indicó un procedimiento formal de ascenso más allá de hablar con un psicólogo y
realizar algunas pruebas. Durante su tiempo en CAFAM, la trabajadora experimentó
problemas de salud que alega estuvieron relacionados con su trabajo. Manifestó
dolor en sus manos debido a la carga física de su trabajo y afirmó que estaba
en proceso de calificación por pérdida de capacidad laboral en el momento de su
despido. Este proceso de calificación continuó después de su despido y estaba
en manos de la ARL y la EPS Sura. Sin mencionar una fecha precisa, indicó que
durante la relación laboral comunicó sus problemas de salud a su jefe, Luis
Fernando Villamarín y le presentó pruebas de sus incapacidades. Mencionó
incapacidades específicas en diciembre de 2013, julio de 2014 y junio de 2015,
todas relacionadas con la inflamación y la tendinitis en sus manos. Sostuvo que
se le dieron recomendaciones de medicina laboral el 3 de junio de 2015,
incluyendo realizar pausas activas, aplicar frío y calor, evitar hacer fuerza y
levantar ciertas cajas. No obstante, recalcó que, a pesar de las
recomendaciones, sus funciones laborales no cambiaron. También afirmó, inicialmente, que después de
su despido de CAFAM no trabajó como archivista para ninguna otra entidad. Sin
embargo, la abogada de la parte demandada le puso de presente un fallo de
tutela del 18 de marzo de 2018, que mencionaba que la demandante había laborado
como archivista después de su despido, ante lo cual la trabajadora precisó que
trabajó en el Ministerio de Salud desde agosto de 2017 hasta enero del 2018. El
representante legal de CAFAM, Daniel Gómez Guerrero, confirmó que la
trabajadora inició un contrato con CAFAM el 12 de noviembre de 2013, que duró
inicialmente hasta el 28 de enero de 2014, pero se prorrogó en múltiples
ocasiones. Afirmó que el primer contrato fue como archivista de la Dirección
Jurídica y que luego asumió el papel de oficinista de información y control de
la subdirección jurídica. Confirmó que
el desempeño laboral fue calificado en un 98% en febrero de 2015. Explicó que
CAFAM realizó una valoración de salud ocupacional a antes de que comenzara a
trabajar el 7 de noviembre de 2013. Esta evaluación no reveló ninguna patología
asociada a lesiones osteomusculares. Afirmó que llevó a cabo tareas
relacionadas con la transferencia documental y la digitación manual en
computadora en la Subdirección Jurídica de CAFAM. Negó tener conocimiento de
cualquier patología específica que padeciera, como una contractura muscular
dorsal o paravertebral. Confirmó que le fue practicado un examen de salud
ocupacional periódico el 3 de junio de 2015. Sin embargo, negó tener
conocimiento de que padeciera de tendinitis y otros trastornos diagnosticados
por la doctora Sandra Camelo García, médica de salud ocupacional de CAFAM, a
pesar de las afirmaciones de la abogada de la demandante. Indicó que sólo tuvo
conocimiento de una recomendación médica que se le hizo a la trabajadora
durante su tiempo en CAFAM consistente en que debía asistir a su EPS. Confirmó
que la trabajadora notificó a su jefe inmediato sobre sus padecimientos y las
recomendaciones médicas que recibió, aunque aclaró que esto solo lo supo luego
de revisar el expediente ordinario laboral y que no se recibió ninguna
notificación oficial en el departamento de Recursos Humanos. Señaló que en su
momento se le pidieron unas incapacidades médicas a Carolina debido a que no
asistió al trabajo en varias ocasiones. Mencionó que ella aportó unos
comprobantes que no eran de su EPS, sino de un servicio de salud privado. Admitió
que fue notificada de la terminación de su contrato de trabajo de manera
inmediata y sin justa causa el 15 de julio de 2015. Confirmó que fue enviada a
un examen médico de retiro después de la terminación de su contrato. No
obstante, no pudo ratificar si la médica de salud ocupacional de CAFAM
dictaminó ciertas patologías en el examen de retiro, ya que afirmó no tener
acceso a ese documento por operar una relación de privacidad médico-paciente. El
testigo de la parte demandante, Juan Felipe Sanmiguel, extrabajador de CAFAM y
supervisor[13] de la accionante en calidad de Analista Administrativo de la
Subdirección Jurídica, fue objeto de tacha de sospecha por la apoderada de la
parte demandada. Ella alegó que el testigo presuntamente tuvo una relación
sentimental extramatrimonial con la demandante durante el periodo en que estuvo
vinculada con CAFAM. Sin embargo, Juan Felipe negó la existencia del vínculo,
por lo que la Jueza señaló que resolvería sobre la tacha en la sentencia.
Juan Felipe indicó que trabajó para CAFAM desde 2003,
comenzando como mensajero y terminó como analista administrativo en la
Subdirección Jurídica de CAFAM. Reveló que conoció a Carolina Forero en
noviembre de 2013, cuando ella fue contratada como archivista en la Secretaría
General y Jurídica de CAFAM, y luego en la Subdirección Jurídica de CAFAM.
Compartió que Carolina Forero tuvo que hacer trabajos manuales de
transferencias de documentos.
30. Testificó que Carolina Forero experimentó varios
dolores en sus manos y articulaciones durante su tiempo en CAFAM, lo que llevó
a visitas médicas en la oficina y a la aplicación de inyecciones. Afirmó que la
trabajadora presentó varias incapacidades laborales, las cuales le entregaba a
él como Coordinador para que las presentara a su superior, el Dr. Luis Fernando
Villamarín.
Afirmó que la señora Forero terminó su relación laboral con
CAFAM el 15 de julio de 2015. Compartió que fue él quien redactó el acta de
recibo del cargo de las funciones de ella en esa fecha. Reveló que, para
entonces, ella estaba en el proceso de calificación de pérdida de capacidad
laboral y tenía recomendaciones médicas del área de salud ocupacional de CAFAM
sobre el manejo de la carga y la limitación de la digitación en computador. Proporcionó
información sobre las cajas de documentos que Carolina Forero tenía que mover
como parte de su trabajo, las cuales pesaban entre 3 y 5 kilogramos. En su
testimonio, también reveló que Carolina había sido valorada por el área de
Salud Ocupacional de CAFAM antes de la terminación de su contrato. Señaló que
Carolina siempre realizó su trabajo dentro de las instalaciones de CAFAM. Aclaró
que, como muchos empleados de CAFAM, él también tenía la misma póliza de salud
que Carolina para servicios domiciliarios. Precisó que esta última recibió
atención médica en las instalaciones de la empresa por parte de una compañía de
servicios de salud domiciliarios, aunque no recordó el nombre de la misma. Explicó
que Carolina había ingresado en un proceso de citas médicas para calificar su
pérdida de capacidad laboral antes de su desvinculación de CAFAM y que estaba
siendo referida a su EPS para el tratamiento de una serie de condiciones
médicas, incluyendo tendinitis y el síndrome del túnel carpiano. La apoderada
de la parte demandada también indagó sobre las funciones que Carolina desempeñaba
en CAFAM, a lo que Juan Felipe respondió que se había contratado a Carolina
como archivista y, posteriormente, se le asignaron más responsabilidades,
incluyendo trabajar en un proyecto de contratación. En particular, mencionó que
las funciones de Carolina Forero habían cambiado en 2015. Según su testimonio,
aunque se mantuvo su posición como archivista, se le asignó adicionalmente la
responsabilidad de formar parte de un proyecto que se llevaba a cabo en la
Subdirección Jurídica y dio detalles del mismo. De esta manera, confirmó que se
habían incrementado las funciones y responsabilidades de Carolina en 2015. Finalmente,
la apoderada de la parte demandada le preguntó sobre un proceso disciplinario
en CAFAM y si este estaba relacionado con Carolina. La Juez pidió que se
cambiara la pregunta ya que el despido de la demandante había sido confirmado
como sin justa causa y su indemnización ya había sido pagada. La testigo de la
parte demandada, Marlia Eddy Sánchez Andrade, señaló que es bibliotecóloga y empleada
en CAFAM desde el 6 de marzo de 2016. Indicó que conoció a Carolina Forero de
abril hasta mayo del 2018, cuando esta fue asignada a su oficina. Informó que
Carolina le comentó que había realizado trabajos en su casa, manejando archivos
de alguna empresa no especificada, durante el periodo en que no estuvo en
CAFAM. Precisó que la fuente de esta información fue la misma Carolina. El
testigo de la parte demandada, Sergio Antonio Pescador Cristiano, se identificó
como un empleado de CAFAM con aproximadamente cuatro años de servicio, a partir
del 14 de septiembre del 2014, y que se desempeñaba como Oficinista de
Información y Control en la Subdirección Jurídica. Por esa razón, la apoderada
de la demandante tachó al testigo por falta de imparcialidad con base en el
artículo 211 del Código General del Proceso. Esto por cuanto trabajaba para la
empresa demandada y, por tanto, tenía vínculos que podrían influir en su
testimonio y posiblemente ir en contra de la demandante. Sin embargo, la juez
decidió que la cuestión de la “tacha de sospecha” se resolvería en el momento
de emitir la sentencia correspondiente. Sergio confirmó que conocía a Carolina
Forero, quien fue su compañera de trabajo en CAFAM durante aproximadamente un
año después de su incorporación y tenían como jefe inmediato al Dr. Luis
Fernando Villamarín. Manifestó que ella era archivista, y realizaba tareas como
foliación, encarpetado y administración de bases de datos, lo que implicaba a
veces levantar cajas o instrumentos. Según Sergio, no le constaba que Carolina
hubiere presentado alguna incapacidad médica o que tuviera una calificación de
pérdida de capacidad laboral mientras trabajaba allí. Mencionó investigaciones
relacionadas con inconformidades y sospechas en CAFAM, pero no dio detalles. Confirmó
que, hasta donde él sabe, las funciones de Carolina no cambiaron durante su
tiempo en la compañía. Sostuvo que no tenía conocimiento de ninguna restricción
que Carolina pudiera tener para realizar sus tareas. Cuando se le preguntó sobre la relación laboral
entre Carolina y Juan Felipe San Miguel, dijo que ambos trabajaron en la misma
Subdirección. Precisó que Juan Felipe supervisaba
temas relacionados con el archivo de la Subdirección, pero
formalmente no tenía personal a su cargo. Precisó que por respeto se le
informaba a Juan Felipe de las incapacidades que tuvieran sus compañeros,
aunque estas se gestionaban de manera oficial a través de la secretaria del Dr.
Luis Fernando Villamarín. En cuanto a la posible relación fuera del ámbito
laboral entre Carolina y Juan Felipe, Sergio declaró que había sospechas, pero
no podía confirmar nada con certeza. También señaló que Carolina recibió un
ascenso en febrero de 2015, pero no a través del procedimiento establecido
dentro de la compañía. Por último, mencionó que él, ni sus compañeros de
trabajo, tenían acceso a los historiales clínicos de sus compañeros, por lo que
no conocía la historia clínica de Carolina. Mediante Sentencia del 24 de abril de 2019, el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que al momento del despido la accionante no padecía una
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%. Primer error del juzgado
de primera instancia que se aparto de la constitución, de la ley y de las ratio
decidendi OBLIGATORIAS y VINCULANTES cometiendo delitos y faltas disciplinarias
PUES no existe suficiente argumentación para separarse de ellas como lo ordenan
las sentencias. Reconoció la existencia de un contrato de trabajo entre la
demandante y la Caja de Compensación Familiar CAFAM, que se extendió desde
noviembre de 2013 y se prorrogó hasta septiembre de 2015; con fecha de terminación
unilateral, por parte del empleador, el 15 de julio de 2015. Así mismo,
advirtió que se presentaron como pruebas documentales relevantes la historia
clínica de la accionante, exámenes médicos, incapacidades y un dictamen de la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez que identificó el síndrome del
túnel carpiano como una enfermedad laboral. Efectuó una síntesis de las
declaraciones de parte y los testimonios recogidos durante el proceso.
Posteriormente, aclaró que los testimonios de Juan Felipe San Miguel y Sergio
Antonio Pescador serían tenidos en cuenta por el juzgado y negó la tacha
presentada por las partes, toda vez que ambos testigos, en virtud de que fueron
trabajadores de CAFAM, tenían conocimiento directo respecto de los hechos de la
demanda. No obstante, luego de valorar las pruebas advirtió que, en el momento
de la terminación del contrato de trabajo, la demandante no contaba con
incapacidad por enfermedad ni diagnóstico de incapacidad permanente de origen
profesional o común, y tampoco había sido calificada para determinar la pérdida
de capacidad laboral. Por consiguiente, no se encontraba en estado de debilidad
manifiesta y no era parte de la población protegida por el fuero de estabilidad
laboral reforzada al no tener un grado de discapacidad suficiente. La sentencia de primera instancia fue apelada
por la parte demandante. Argumentó que en el expediente existía prueba de las
condiciones de salud de la solicitante en el momento de su despido, incluyendo
dictámenes médicos que mostraban que sufría de varias afecciones en sus manos. Según
la apoderada de la demandante, CAFAM estaba al tanto de las condiciones de
salud de Carolina, como lo evidencian las recomendaciones médicas dadas por la
misma caja de compensación. Insistió en que CAFAM no solicitó autorización al
Ministerio de Trabajo para despedir a la accionante, con lo cual se desconoció
la Ley 361 de 1997 y la jurisprudencia constitucional sobre la materia. En
particular, se refirió a la Sentencia SU-040 de 2018 y precisó que
conforme a dicha decisión la estabilidad laboral reforzada es un derecho
fundamental que se aplica incluso cuando la discapacidad no ha sido
oficialmente calificada. A su vez, la apoderada de la parte demandada pidió
confirmar el fallo de primera instancia. Solicitó que se consideraran los
fundamentos de la contestación de la demanda, el debate probatorio del caso y
las pruebas presentadas en el mismo. Afirmó que las pretensiones de la
demandante carecen de fundamento fáctico y jurídico, ya que la accionante nunca
ha estado protegida por el fuero de estabilidad laboral reforzada. Según su
argumento, la demandante no cumplía ninguna de las circunstancias estipuladas
por la normativa laboral para tener esa protección.
La sentencia laboral de segunda instancia fue proferida el
21 de agosto de 2019, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
confirmó el fallo de primer grado SIENDO un segundo error de NEGACION DE
JUSTICIA y de desconocimiento de la constitución, los tratados, la ley, las
ratio decidendi y otro delito comtetido y otra falta disciplinaria que quedan
impunes y permite la CORRUPCION en la rama judicial pues los jueces y
magistrados no ARGUMENTAN en forma suficiente siendo su deber la decisión de
negar justicia y no aplican el PRECEDENTE CONSTITUCIONAL y los investigadores
como el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA calla frente a tanto abuso y tanta corrupción sin garantizar el FIN
del estado social de derecho.
Sostuvo que, según la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral, no todas las afectaciones en salud dan lugar a una protección especial
en caso de despido, pues la misma solo se materializa frente a aquellos
trabajadores con discapacidad “moderada o mayor” lo cual es falso por cuanto la
LEY 361 de 1997 en su articulo 26 no dice eso y solo dice que el EMPLEADOR
conozca del estado desalud de su trabajador para que NO LO ABANDONE a su suerte
sino que le OBLIGA a asumir la responsabilidad y el costo de brindarle todo el
equipo de seguridad social y especialmente los SGSST que son OBLIGATORIOS y
debe colocar a la ARL o a la EPS según sea la enfermedad a atender a su
trabajador y también por SOLIDARIDAD asi debe hacerlo y no abandonarlo a su
suerte a quien tanto le ha servido y le ayudo a producir renta y las
inversiones que logro realizar. Tras analizar las pruebas obrantes en el
expediente, indicó que no era posible establecer si la demandante tenía una
pérdida de capacidad laboral superior al 15% o que sus padecimientos afectaran
el desempeño de sus funciones sustancialmente. Aunque las pruebas documentales
evidenciaban varios padecimientos de salud en la demandante, como síndrome del
túnel carpiano, tendinitis y sobrepeso, no acreditaban una condición de discapacidad
o situación que afectara ostensiblemente su capacidad para desarrollar las
funciones asignadas. Esos argumentos de los magistrados NO SON VALIDOS pues la
CORTE si ha dejado consignado en sus ratio decidendi que no se requiere un
dictamen con PCL mínima del 15% Y ese porcentaje y ese requisito solo se lo ha
inventado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la CORTE CONSTITUCIONAL ha realizado
una interpretación correcta del articulo 26 de la referida ley 361 de 1997 y si
que existen infinidad de preceptos y ratios decidendi que son OBLIGATORIAS y
vinculantes pero se siguen negando justicia sin CONTROLES a estos corruptos
jueces y magistrados que no acatan las ordenes, lo respetan la justicia y se
apartan de la constitución sin argumentaciones- Sostuvo que durante el
interrogatorio de parte la demandante afirmó que no estaba incapacitada al
momento de la terminación del contrato de trabajo. También advirtió algunas
contradicciones en el testimonio del antiguo supervisor y extrabajador de CAFAM
y testigo de la parte demandante, Juan Felipe San Miguel Botero. Mientras este
afirmó que Carolina Forero Torres asumió funciones adicionales a lo largo de su
empleo en la empresa, esta última afirmó que sus funciones eran exactamente las
mismas durante su tiempo en la compañía. Pero NO TUVO EN CUENTA el tribunal
corrupto que SI ESTABA ENFERMA al momento del retiro asi existan confuciones o
versiones contrarias entre testigos que se interrogan con preguntas no
permitidas que solo confunden para apoyar la corrupción-. Así mismo, cuestionó la objetividad de las
declaraciones del testigo San Miguel Botero -compañero de trabajo y supervisor
de la accionante-, pues el testigo Sergio Antonio Pescador Cristiano, también
trabajador de la empresa, señaló que había rumores de una relación sentimental
entre San Miguel Botero y la demandante. Por lo tanto, el Tribunal confirmó la
sentencia de primera instancia. La sentencia paso a RECURSO DE CASACION y el
recurso extraordinario de casación fue sustentado por el apoderado de la parte
demandante, que fue concedido el 28 de febrero de 2020 por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá al considerar que le asistía interés jurídico para
recurrir. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2021 la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación. En la
sustentación se presentaron tres cargos. El primer cargo argumentó que la
sentencia violó la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 26 de
la Ley 361 de 1997. Según el recurrente, el Tribunal erró al interpretar que la
protección de la estabilidad laboral reforzada solo aplica a los trabajadores
que tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) superior al
15%. Sostuvo que, si el empleador tiene conocimiento de la afectación de salud
del trabajador, debería esperar a que se realice la calificación de la PCL
antes de decidir si lo desvincula o reubica. Igualmente, señaló que limitar la
protección de la Ley 361 de 1997 a aquellos casos en que se acredite un mínimo
de 15% de PCL deja desprotegidos a los trabajadores cuya condición de salud es
conocida por el empleador, pero que aún no han sido calificados, permitiendo a
los empleadores finalizar precipitadamente el vínculo laboral para evitar la
aplicación de la ley. El segundo cargo señaló que la sentencia impugnada
cometió errores de hecho al no dar por demostrado varios aspectos que se
encontraban acreditados en el proceso: (i) que la historia clínica de salud
ocupacional de 2013 demostraba que la demandante era apta para su trabajo como
archivista, sin problemas en sus extremidades superiores; (ii) que una
valoración médica en 2015 diagnosticó a la trabajadora con varias patologías
osteomusculares y le dio recomendaciones que limitaban su capacidad para
realizar su trabajo; (iii) que las tareas realizadas por la demandante eran
principalmente manuales y que estas se vieron restringidas por su valoración de
salud ocupacional en 2015. Así mismo; (iv) que la guía ocupacional para el
trabajo de archivista y oficinista de control de información incluía tareas
relacionadas con el archivo; (v) que la atención médica recibida por la
accionante en 2014 confirmaba que estaba experimentando problemas con sus
extremidades superiores; (vi) que CAFAM, como empleador, estaba al tanto de las
patologías que estaba sufriendo la demandante antes de la terminación del
contrato de trabajo; y (vii) que el examen de egreso demostró que la
trabajadora estaba “afectada sustancialmente” en sus extremidades superiores en
el momento del despido. Por último, el tercer cargo señaló que el juez de
segunda instancia infringió los artículos 60 y 61 del Código Procesal del
Trabajo y la Seguridad Social al no tomar en consideración que la prueba de la
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 no requería de prueba
solemne. Puntualizó que tal exigencia ignoró la jurisprudencia que ha
establecido que la discapacidad puede ser demostrada con un hecho notorio y que
la protección legal se activa con el conocimiento del empleador sobre la
condición de salud del trabajador. La sentencia de casación dictada por la Sala
de Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia se RESOLVIO la casacion por medio de Sentencia del 12 de julio de
2022, y la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia decidió no casar el fallo de segundo grado
cometiendo DELITOS y FALTAS DISCIPLINARIAS los magistrados de esta sala PUES se
apartaron de la CONSTITUCION, de la LEY, de los TRATADOS INTERNACIONLES, de las
ratio decidendi obligatorias y vinculantes SIN MOTIVAR ni ARGUMENTAR en forma
suficiente su decisión situación que constituye NEGACION DE JUSTICIA y además
se constituye en dejar de cumplir con el FIN del estado social de derecho
previsto en el articulo 2 de la CN. Asumió el estudio conjunto de los cargos y
sostuvo que de acuerdo con el precedente de la Sala de Casación Laboral y el
contenido del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la sola afectación de la salud
del trabajador o el reconocimiento de incapacidades en su favor no es
suficiente para otorgar la protección por estabilidad laboral reforzada, ya que
se debía contar al menos con una pérdida de capacidad laboral igual o superior
a 15%. Es un criterio errado, falso, contrario a le ley, contrario a la CN, y
contrario a los preceptos emitidos por la corte constitucional. Al respecto, señaló lo siguiente: “En efecto,
la jurisprudencia mayoritaria de la Sala ha sido constante en indicar que las
enfermedades registradas en las historias clínicas, las incapacidades o incluso
las recomendaciones médicas, en principio, son insuficientes para acreditar la
limitación objeto de salvaguarda (CSJ SL882-2022), pues, para que opere la
protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debe demostrarse que el
trabajador se encuentra en una de las siguientes hipótesis: […] a) con una
discapacidad moderada, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral
entre el 15 % y el 25 %; b) severa, mayor al 25 %, pero inferior al 50 % de la
pérdida de la capacidad laboral o; c) profunda cuando el grado de discapacidad
supera el 50 %. [CSJ SL375-2022]. Se aparto de los preceptos de unificación
como la SU-077 de 2022; la Sentencia SU-040 de 2018; entre otras vinculantes y
obligatorias lo que prueba los delitos y las faltas disciplinarias por lo que
deben ser investigados estos corruptos magistrados y jueces pero no dejar
impune esta alta corrupción. Se precisa que en la sentencia CSJ SL571-2021 se
subrayó que, aunque la legislación nacional e internacional no señalaba
expresamente una regla numérica para identificar el grado de discapacidad, esta
fue incorporada en el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001, cuya aplicación es
imperativa en los casos en los cuales el despido acontece dentro de su
vigencia, o es «parámetro jurisprudencial», en los ocurridos con posterioridad
a ese momento.” Igualmente, la Sala indicó que entender el fuero laboral a
partir de la simple existencia de enfermedad, sin una graduación racional,
distorsionaría su propósito y podría crear más barreras para el empleo de
aquellos con condiciones anatómicas o funcionales diversas, independientemente
de su impacto en el trabajo, limitando así injustamente las facultades del
empleador. Así mismo, señaló que introducir grados de severidad de la
“limitación” no viola los instrumentos internacionales ratificados por el
Estado colombiano, relativos a los derechos de las personas con capacidad
diferenciada. Sostuvo la Sala que el juez de segunda instancia revisó las
pruebas obrantes en el expediente, incluyendo la historia clínica de la
trabajadora, y encontró que, para la fecha de terminación del contrato laboral,
los exámenes médicos laborales periódicos indicaban que la demandante era apta
para el cargo.
Manifestó la Sala de Descongestión que, sin perjuicio de
que se contara con pruebas de que el empleador conocía las recomendaciones
médicas alegadas, o de que existieran o no indicios de la existencia de una
condición de discapacidad, no resulta posible casar el fallo ante la ausencia
de un dictamen que calificara al menos en un 15% la pérdida de capacidad
laboral de la recurrente. Estan ACEPTANDO y asi queda consignado en la
sentencia que el EMPLEADOR si conoció de las patologías, de los problemas de
salud, de los registros en la historia clínica y conocía lo suficiente de los
sufrimientos y dolores de su trabajadora y
que NO EXISTIA es un DICTAMEN que certifique una PCL mínima del 15% lo
cual no exige la ley y solo es un invento de los magistrados de la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA sala de casacion laboral. En ese sentido, señaló: “Por ello, y ya para
hacer referencia al aspecto probatorio, tratado en los dos últimos cargos, no
basta que aparezca en la historia clínica el soporte de las patologías y
secuelas que padece un trabajador, ni aún si existieran unas recomendaciones
para ser aplicadas en su ámbito laboral, sino que, en principio, se necesita de
una evaluación técnica, donde se estime su estado real desde el punto de vista
médico y ocupacional, lo que «requiere de una herramienta […] que el sistema
integral de seguridad social denomina Manual único para la Calificación de la
perdida de la capacidad laboral y ocupacional, actualmente contenido en el
Decreto 1507 de 2014», que limita el factor subjetivo del evaluador. Es por esa
razón que, a pesar de que se tenga por establecido que el empleador conocía de
unas condiciones médicas de su trabajadora, sin perjuicio de todos los análisis
que presentan los cargos formulados por la vía de los hechos -pero con
exclusión de pruebas no aptas que allí se incluyen, como testimonios o la
propia declaración de parte del extremo activo de la litis-, la aparición de
indicios que puedan generar un hecho notorio no es suficiente para establecer
si quien prestó su fuerza de trabajo podía considerarse que
merecía la protección
foral, ante la ausencia del elemento cuantitativo
descrito.” Añadió la Sala que a pesar de que la recurrente presentó varios
informes médicos con diagnósticos y tratamientos propuestos antes y después de
su despido, no se encontró evidencia de estas condiciones en el momento de la
terminación del contrato laboral, según los exámenes médicos laborales
rutinarios que atestiguaban su idoneidad para el cargo. Acepta la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA la violación directa de la constitución con su sentencia y afirma
que el EMPLEADOR si conocía del estado de salud de su trabajadora y a pesar de
ello la despide y los magistrados le negaron justicia y le asiste el derecho de
acudir a la acción de tutela pero se prueba la negación de justicia y la
corrupción en la justicia para congestionarla, para no aplicar la constitucion,
para probar con otro hecho descarado la CORRUPCION y la vagancia en la
administración de justicia y lo mas grave la PROHIBICION a la trabajadora para
acceder a la administración de justicia y se deja desamparada a la trabajadora
débil, vulnerable, y se le causa perjuicio irremediable que nada se hace frente
a magistrados y jueces corruptos
Precisó la Sala que las recomendaciones médicas aportadas
al expediente se dieron después del despido y las que se alegan como mal
interpretadas no se encontraban en los documentos allegados al trámite. Además,
un informe médico ocupacional del 3 de junio de 2015 concluyó que la recurrente
era apta para su puesto de trabajo, lo que refuta la afirmación del deterioro
manifiesto de su salud y afectación de su rendimiento laboral: “En cuanto a
recomendaciones médicas, las que en este caso constan en las documentales
traídas al proceso son posteriores al despido y, respecto de las que se alegan
como mal valoradas, no se muestran entre las que se revisaron, tanto en el
expediente físico como en la versión digitalizada, pues el correo del 4 de
junio de 2015, visto en el folio 49, que dice remitirlas al empleador, no las
contiene. Por otra parte, así existieran estas recomendaciones con la
especificidad que se indica en el cargo segundo, en todo caso, en la historia
clínica ocupacional del 3 de junio de 2015 se concluyó que, en ese momento, la
censora era -se itera- apta para el cargo, con lo que se desdice la notoriedad
de su disminuida condición de salud, con impacto en el desempeño laboral.” Por lo tanto, la sala de Descongestión
determinó que no se demostró que la trabajadora tuviera una condición que
activara la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, por
consiguiente, desestimó los cargos. La acción de tutela contra la sentencia
dictada por la Sala de Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia se produce el 3 de agosto de 2022, y dice que la señora Carolina Forero Torres
interpuso acción de tutela en nombre propio contra el fallo del 12 de julio de
2022 de la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Luego de realizar una síntesis de las circunstancias
que llevaron a la terminación unilateral de su contrato de trabajo en CAFAM y
de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario laboral que siguió contra
su antiguo empleador, la accionante aseguró que el fallo atacado incurrió en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional. En cuanto
al defecto sustantivo, la actora señaló que la Corte Suprema de Justicia
interpretó equivocadamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Lo anterior, por cuanto la Sentencia SU-049
de 2017 estableció que para ser beneficiario de la estabilidad laboral
reforzada bastaba con demostrar que el afectado se encontraba en una situación
de debilidad manifiesta por su condición de salud que le impidiera o
dificultara sustancialmente la realización de sus labores, sin que dicha
protección se limitara a un determinado porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
Así mismo, la accionante argumentó
que la terminación del vínculo laboral, aunque hubiera estado acompañado por
una indemnización por despido sin justa causa, fue discriminatorio porque no se
justificó debidamente y no contó con la autorización del Ministerio del
Trabajo, como lo establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. De igual modo,
precisó que el Síndrome del Túnel Carpiano es una enfermedad ocupacional, como
se define en el Decreto 1477 de 2014 por el Ministerio de Salud, y es una
consecuencia de actividades repetitivas como el archivado. En cuanto al defecto
por desconocimiento del precedente judicial, la señora Forero Torres advirtió
que la sentencia censurada ignoró por completo los parámetros y subreglas
establecidas por la Corte Constitucional en cuanto a la protección del derecho
a la estabilidad laboral reforzada, en especial la Sentencia SU-049 de 2017. Explicó
la actora que, según la Corte Suprema de Justicia, no todos los individuos con
ciertos padecimientos pueden beneficiarse de este derecho; estas dolencias
deben ser significativas y ha establecido grados de limitación moderada, severa
y profunda. En contraste, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-049 de
2017 sostuvo que, aunque debe existir una afectación sustancial, esta no está
ligada a si está calificada como moderada, severa o profunda. Manifestó la
señora Forero Torres que si bien los exámenes médicos ocupacionales
determinaron que era apta para su trabajo, los mismos establecieron
recomendaciones como limitar ciertas actividades, tomar pausas activas más
frecuentes, no levantar cargas superiores a 2 kg, entre otras. Considera que
estos elementos probatorios deberían haber llevado a reconocer su derecho a la
estabilidad laboral reforzada, pero este fue desconocido ya que el fallo
atacado exigió una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al
15%. Bajo tal marco, la accionante argumentó que su caso debió haber sido
estudiado con respeto a las pruebas presentadas, las cuales demostraban que, al
momento de la terminación de su contrato de trabajo, sufría una disminución
física, especialmente en su mano derecha, que le impedía el desarrollo normal
de sus funciones. Señaló la actora que de haberse seguido el precedente
constitucional sobre la materia se habría advertido que sufrió lesiones
osteomusculares irreversibles, como el síndrome del túnel carpiano, a causa de
su trabajo en CAFAM. Indicó que informó estos padecimientos a su empleador,
pero este terminó el vínculo laboral un mes después sin contar con autorización
del Inspector del Trabajo, incumpliendo su deber constitucional de solidaridad.
Sostiene la accionante que sus derechos a la seguridad social, al trabajo, a la
estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la dignidad humana fueron
vulnerados y, por tanto, solicita la protección constitucional para que se
proceda adoptar una nueva decisión que respete el precedente constitucional
sobre estabilidad laboral reforzada. Admisión y respuestas. El 05 de agosto de
2022, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la
acción; vinculó a las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario
laboral, a quienes dispuso el envío del escrito de tutela. El Magistrado
ponente del fallo atacado se opuso a las pretensiones de la solicitud de
tutela. Luego de realizar una exposición de los antecedentes fácticos y
normativos del expediente de casación, indicó que no se incurrió en defecto
constitucional alguno, ya que la decisión se sustentó en el ordenamiento
jurídico aplicable y las pruebas aportadas al expediente. Otro grave error y
acto de corrupción ya que no existe la suficiente argumentación para separarse
de las ratio decidendi obligatorias y vinculantes indicadas en las SentenciaS
SU-049 de 2017 Y Sentencia SU-040 de 2018, SU – 087 de 2022, entre otras. Eso
debe ser considerado por los investigadores y encargados de garantizar ese FIN
del estado social de derecho porque en caso contrario también prevarican como
estos magistrados. El Magistrado ponente destacó que la sentencia siguió el
precedente dictado por la Sala de Casación Laboral y justificó razonadamente la
decisión. Señaló que la accionante buscaba reabrir un proceso ya concluido.
Pero NADA dice sobre el desconocimiento de los preceptos de rango
constitucional que no exigen el requisito del DICTAMEN definiendo PCL mínima
del 15% por cuanto la ley no lo solicita. CAFAM se opuso a las pretensiones de
la solicitud de tutela. Señaló que la demandante está utilizando
inapropiadamente la acción de tutela, tratándola como una instancia adicional
para debatir temas resueltos en instancias previas. Indicó que las diversas
instancias judiciales que evaluaron el caso en la jurisdicción ordinaria no
encontraron evidencia de discriminación, daño, perjuicio inminente o violación
de los derechos de la demandante.
CAFAM mencionó que el derecho a la estabilidad laboral
reforzada es aplicable solo cuando existe una afectación en la salud que
dificulta sustancialmente el desempeño de las labores por parte del trabajador.
Sin embargo, en este caso, las pruebas presentadas, incluyendo historias
clínicas, incapacidades, recomendaciones médicas, entre otras, fueron
consideradas insuficientes para activar la protección solicitada. La referida
caja de compensación aseguró que la protección de la estabilidad laboral
reforzada no es aplicable a cualquier padecimiento y debe tenerse en cuenta las
particularidades de cada asunto para no causar agravios al empleador. Enfatizó
que el principio de cosa juzgada no permite reabrir un caso resuelto por la
justicia, ya que hacerlo iría en contra de principios fundamentales como el
debido proceso y la seguridad jurídica. A su vez, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de la misma ciudad dejaron transcurrir en silencio el término otorgado
para pronunciarse sobre la solicitud de tutela. Decisiones objeto de revisión. Sentencia
de tutela de primera instancia. El 23 de
agosto de 2022 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó
el amparo solicitado, al considerar que el fallo atacado se profirió con apego
al precedente de la Sala de Casación Laboral y conforme a los medios de prueba
obrantes en el expediente. Es una decisión absurda con violación directa de la
CONSTITUCION, de los traados, de la ley y de las ratio decidendi obligatorias y
vinculantes. Sostuvo que la accionante
busca que se reemplace el juicio y análisis realizados por los jueces
ordinarios, a través de la tutela. Indica que un simple desacuerdo con una
decisión no es suficiente para interponer una acción de tutela, ya que es un
mecanismo excepcional, no una instancia adicional. Argumenta que los jueces
tienen la autonomía para interpretar las normas y resolver casos, lo que
permite variaciones en la interpretación de una misma norma. Pero no dijo que
ningún juez esta facultado para fomentar la CORRUPCION sea esta por pereza, por
desacato a la CN, por violación de la ley, por negación del acceso a la
justicia justa, o sea cual fuere ese acto que NIEGA la protección a los débiles
y vulnerables y que con sus actos vagos lo único que hacen es CONGESTIONAR MAS
Y MAS LA JUSTICIA sin que nadie meta en cintura a esos vagos funcionarios
judiciales- Según el criterio de la tutelante, la acción de amparo
constitucional se basó únicamente en las discrepancias de la solicitante con
las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el
juez en el proceso original. Impugnación. La accionante impugnó con sustento en
razones similares a las expuestas en la solicitud de tutela. En ese sentido, indicó que su petición se
fundamenta en la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la justicia, a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada,
al trabajo y a la seguridad social. Afirmó la impugnante que sus reproches no
pueden reducirse simplemente a una inconformidad con la interpretación del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y a la evaluación de las pruebas en el
proceso ordinario, pues el fallo atacado desconoció el precedente de la Corte
Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada. Insistió la actora en que
la interpretación de las normas aplicables al caso debe realizarse en armonía
con el ordenamiento jurídico, sin contravenir los principios constitucionales.
Aludió al principio de supremacía constitucional y su función directiva e
integradora, y señaló que la sentencia cuestionada debió darle prelación al
precedente constitucional. Afirmó la impugnante que la acción de tutela es el
único mecanismo a su alcance, ya que sus solicitudes dentro del proceso laboral
fueron completamente ignoradas. Finalmente, sostuvo que su despido fue
discriminatorio, pese a lo cual no obtuvo protección de la justicia ordinaria. Sentencia
de tutela de segunda instancia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia por medio de fallo del
26 de octubre de 2022. Es otro acto corrupto que no argumento en forma
suficiente su decisión de NAGAR JUSTICIA y de congestionar la justicia. Sostuvo
que la sentencia de la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral
se adoptó en armonía con el precedente ordinario sobre la materia y, por lo
tanto, no se incurrió en arbitrariedad o irregularidad alguna. Trámite de
selección y actuaciones en sede de revisión. El 30 de enero de 2023 la Sala de
Selección de Tutelas número 1 escogió, para ser revisado, el expediente de la
referencia, el cual fue sorteado y repartido al despacho de la magistrada Diana
Fajardo Rivera. En sesión de 27 de abril de 2023, la Sala Plena de la Corte
Constitucional asumió el conocimiento del proceso de la referencia, con
fundamento en lo señalado en el artículo 61 de su Reglamento Interno. En
consecuencia, mediante Auto de 05 de mayo de 2023 se actualizaron los términos
procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del referido
Reglamento. El 05 de mayo de 2023 la Magistrada sustanciadora dispuso la
práctica de pruebas. En ese sentido, solicitó al Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Bogotá remitir al Despacho copia digital de la totalidad del
expediente ordinario. En la misma providencia, la Magistrada sustanciadora le
ordenó a CAFAM que remitiera copia digital completa y legible (i) del examen
periódico ocupacional practicado a la accionante el 3 de junio de 2015, así
como una transcripción de los apartes que fueron escritos a mano en el referido
documento; y (ii) de la carpeta de la trabajadora en la que consten, entre
otros aspectos, sus antecedentes laborales, las anotaciones que se hubieren
realizado, felicitaciones, llamados de atención, exámenes ocupacionales,
incapacidades médicas y demás documentos de la relación laboral. Así mismo,
dispuso la Magistrada que, una vez recibido el material probatorio, se pusiera
a disposición de las partes y vinculados. El 12 de enero de 2023 el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá envió el expediente solicitado. A su
turno, la Abogada de la Sección Litigios, Consultas y Cumplimiento Normativo de
la Caja de Compensación Familiar - CAFAM remitió la información pedida. El 18
de mayo de 2023, dentro del término de traslado de que trata el artículo 64 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional, la accionante presentó escrito
de intervención. En el mismo, reiteró en su mayor parte varios de los
planteamientos referidos a su situación de salud antes y después del despido. Igualmente,
la tutelante aportó copia simple de valoraciones médicas hechas por el Grupo
Emi los días 5 de junio de 2015, 3 de julio de 2015, 28 de agosto de 2015 y 16
de noviembre de 2017 por problemas relacionados con el síndrome del túnel
carpiano, así como de otros documentos que ya obraban en el expediente. Finalmente,
la accionante agregó que “resulta extraño que, ante el decreto de pruebas
dentro del sub lite, la Caja de Compensación Familiar Cafam los aporte cuando
durante el proceso, específicamente en el interrogatorio oficioso efectuado al
representante legal, y de la contestación de la demanda presentada ante el
Juzgado 6° Laboral del Circuito de Bogotá, manifestó que desconocían aquellas
documentales, toda vez que hacían parte de la historia clínica de la suscrita y
no podían acceder a ellos, atestaciones que resultaron falaces en su beneficio,
tras comprobar que si (sic) cuentan con las historias de salud ocupacional.”
La solicitud de amparo promovida cumple los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Dice la
CORTE que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, las providencias de
los jueces de la República, en ejercicio de la función jurisdiccional, pueden
ser excepcionalmente objetadas a través de la demanda de amparo constitucional.
Sin embargo, dado que las decisiones judiciales constituyen ámbitos ordinarios
de reconocimiento de los derechos y debido a los valores asociados a la
seguridad jurídica, a la cosa juzgada y la independencia y autonomía judicial,
la Corte ha señalado que deben cumplirse un conjunto de requisitos formales y
materiales para su procedencia. Específicamente sobre los primeros presupuestos
de procedencia, pertinentes para determinar si el caso admite un juicio
constitucional de fondo, este Tribunal ha identificado los siguientes: (i) que
las partes estén jurídicamente legitimadas dentro de la acción de tutela; (ii)
que la cuestión discutida sea de relevancia constitucional; (iii) que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iv) que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (v) que cuando se trate de una irregularidad
procedimental, ésta sea decisiva o determinante en la providencia
controvertida, de modo que aparentemente afecte los derechos fundamentales del
actor; (vi) que la parte accionante identifique razonablemente los hechos
generadores de la vulneración y los hubiera alegado en el proceso judicial,
siempre que sea posible; y (vii) que no corresponda a una tutela contra
providencia de tutela ni a una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Se
trata, entonces, de un grupo de requisitos previos a la constatación de la
presunta afectación o vulneración de las garantías fundamentales. Por tanto, no
admiten una valoración y/o juzgamiento sobre el fondo del asunto, pues esto es
propio del examen de los presupuestos especiales de procedibilidad. En todo
caso, el examen de estos presupuestos debe considerar las condiciones
particulares del asunto y, en especial, las circunstancias en que se encuentre
el solicitante. De este modo, si la acción de tutela va dirigida contra una
Alta Corte la carga argumentativa de quien promueve el amparo se acentúa y el
escrutinio se hace más intenso, pues se trata de órganos judiciales que definen
y unifican la jurisprudencia en su respectiva jurisdicción. Por el contrario,
si la protección es solicitada por una persona de especial protección
constitucional, es posible analizar la repercusión que su particular condición
pudo tener en la satisfacción de estos presupuestos, con miras a flexibilizar
el juicio de procedibilidad. Descendiendo al caso concreto, la Sala Plena
encuentra que le corresponde adelantar un juicio de constitucionalidad sobre el
fondo del asunto, dado que se encuentran acreditados los requisitos generales
de procedencia así:
Relevancia constitucional. Esta exigencia se satisface,
dado que suscita reparos de constitucionalidad con trascendencia para la
realización de derechos fundamentales ante la posible afectación al derecho
fundamental al debido proceso, al desconocer el precedente constitucional, con
implicaciones sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas en
situación de debilidad manifiesta por razones de salud. También, la posible afectación del principio
de igualdad y no discriminación, originada en la sentencia de casación que la
Sala de Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia emitió, por considerar que la garantía prevista legalmente en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 solo es aplicable para trabajadores que demuestren
una afectación de salud calificada y superior al 15%. Es una gran falsedad que
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA sigue manteniendo para apoyar la corrupción de
jueces y magistrados NO COMPROMETIDOS con el FIN del estado social de derecho y
no comprometidos con la garantía del derecho efectivo y real del acceso a la
administración de justicia y que no cumplen con eso compromiso de garantizar
justicia a los vulnerables y a las personas en estado de indefensión cuando el
JUEZ debe ser imparcial, debe ser honesto, debe ser ético y debe ser un ser
humano con muchos valores, principios y bases morales y éticas que solo piense
en la garantía de la igualdad tratando a todos por iguales pero especialmente
siendo un poco desigual con un trato HUMANITARIO y con UN TRATO PREFERENTE para
esas personas que buscan igualar las cargas dada su condición de vulnerables y
a quienes se les causa un perjuicio irremediable por servidores públicos o
privados que no conocen lo que es la DIGNIDAD HUMANA o quejamás les ha tocado vivir
situaciones desesperantes por la violencia, por la discapacidad, por el
desplazamiento o demas factores de descomposicion social que vive COLOMBIA y el
MUNDO con cobernantes tan corruptos, tan populistas y tan descarados que están
atentanto conta la vida y la integridad de las personas y solo les interesa la
CORRUPCION y el bienestar de ellos por encima de los derechos fundamentales de
los demás- Es que el JUEZ debe ser trasparente y honesto y un creyente en un
ser superior a quien debe rendirle todo alago y toda veneracion para sentir el
sufrimiento del otro o de sus administrados en esa decisión de justicia que se
le ha colocado a su conocimiento y decision. Pero lastimosamente tenemos jueces
y magistrados corruptos que solo piensan en su bienestar y nada para los demas
Subsidiariedad. Este requisito se encuentra cumplido, dado
que la sentencia de la Sala de Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia se dictó en el marco del recurso
extraordinario de casación interpuesto por la señora Carolina Forero Torres, y
por tanto no existe otro mecanismo con las características de idóneo y eficaz
para la defensa de sus derechos fundamentales. Pero si
este requisito no se cumple cuando existe un PERJUICIO IRREMEDIABLE como en el
caso concreto la CORTE debe superar este requisito porque por encima de
requisitos esta la PROTECCION ESPECIAL del débil, del vulnerable, de su
familia, de su condición especial de discapacitado y no se puede negar la
justicia reclamada por la trabajadora
Inmediatez. La acción cumple con este requisito pues la
Sentencia de la Sala de Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia se dictó el 12 de julio de 2022 y se notificó el 15
de julio de 2022, y la acción de tutela se presentó el 03 de octubre de 2022,
dentro de un término prudencial de dos meses y 20 días teniendo en cuenta que
se trata de un asunto complejo relacionado con controvertir una decisión de
casación. En igual situación debe valorarse este requisito PUES si este
requisito no se cumple cuando existe un PERJUICIO IRREMEDIABLE como en el caso
concreto la CORTE debe superar este requisito porque por encima de requisitos
esta la PROTECCION ESPECIAL del débil, del vulnerable, de su familia, de su
condición especial de discapacitado y no se puede negar la justicia reclamada
por la trabajadora
De otro lado en este caso no se discute una irregularidad
procesal, sino una cuestión sustantiva, relacionada con el alcance del derecho
a la estabilidad laboral reforzada. Y tampoco se controvierte una sentencia de
tutela ni una sentencia que resuelva una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad.
Finalmente, la accionante identificó adecuadamente los
hechos que supuestamente generan una vulneración a su derecho fundamental al
debido proceso y a las demás garantías que afirma quebrantadas.. Satisfizo la
carga argumentativa calificada pues estableció detalladamente porque estaban
cumplidos los requisitos generales de procedencia y de qué forma se concretaban
los defectos de desconocimiento de precedente y sustantivo.
Breve caracterización de la causal de desconocimiento del
precedente judicial. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte
Constitucional ha definido como precedente la sentencia o conjunto de
sentencias, anteriores al caso objeto de estudio que, por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades al momento de emitir un fallo.
Para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias-
constituyen precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los
siguientes criterios a) que en la ratio decidendi de la decisión anterior se
encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; b) que la
ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el
nuevo caso y; c) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente. El precedente judicial,
así entendido, cumple unos fines específicos: a) concreta el principio de
igualdad en la aplicación de las leyes; b) constituye una exigencia del
principio de confianza legítima, que prohíbe al Estado sorprender a los
ciudadanos con actuaciones imprevisibles; c) garantiza el carácter normativo de
la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales, así como la
unidad y coherencia del ordenamiento jurídico; d) asegura la coherencia y
seguridad jurídica; e) protege las libertades ciudadanas y f) materializa en la
actividad judicial el cumplimiento de condiciones mínimas de racionalidad y
universalidad.
Como el precedente
es vinculante, esta causal se configura cuando el juzgador i) aplique
disposiciones legales declaradas inexequibles; ii) desconozca el contenido del
condicionamiento previsto en la parte resolutiva de una sentencia; iii) o
cuando en casos concretos defina, en contravía a lo señalado en la ratio
decidendi de sentencias que expide la Corte fijando el alcance de un derecho
fundamental.
Apartarse del
precedente podría ser valido en determinados escenarios, por ejemplo, cuando
pese a que existan semejanzas entre el caso anterior, y el actual, se presenten
también amplias diferencias entre uno y otro; o cuando cambios en el sistema
jurídico de la sociedad, o en la propia concepción de principios
constitucionales evidencian razones fuertes, relevantes y decisivas para
modificarlo; así mismo por advertir una falta de claridad sobre el precedente
aplicable, ya sea porque la jurisprudencia es contradictoria o imprecisa, o se
contraponga, por error, a los valores, principios y derechos del ordenamiento
jurídico.
En todo caso apartarse del precedente requiere de exigentes
cargas argumentativas a saber: i) la de transparencia que implica que el juez
reconozca, expresamente de cuál precedente se va a separar, pues no es posible
simplemente ignorarlo, de manera que no basta con solo identificar las
decisiones que son relevantes para la solución del caso, es necesario además
que se refiera a ellas de forma detallada y precisa para fijar su contenido y
su relevancia jurídica en el caso bajo examen. La otra carga que corresponde es
ii) la argumentación por virtud de la cual se debe explicar por qué acoger una
nueva orientación normativa no sacrifica desproporcionadamente los fines atrás
enunciados y, particularmente no lesiona injustificadamente los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad. No puede tratarse de una
simple discrepancia de criterio que busque una corrección jurídica, ni tampoco
puede fundarse únicamente en la invocación de la autonomía judicial.
Ahora bien, la Corte también ha considerado que el
precedente de la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo con el artículo 235
de la Constitución Política actúa como Tribunal de Casación y por ende unifica
la jurisprudencia en materia ordinaria, tiene especial fuerza, de allí que si
otro órgano judicial o juez de inferior jerarquía pretende controvertir lo que
aquella decida debe profundizar la carga argumentativa.
Sin embargo, ha enfatizado que esos órganos de cierre en
cada una de las jurisdicciones deben respetar la interpretación vinculante que
realice la Corte Constitucional, la cual por expreso mandato de los artículos
3, 4 y 241 superiores, da alcance a los derechos fundamentales y al propio
texto constitucionalSi tales autoridades deciden abandonarlos, como se ha
explicado en este acápite, requieren, con especial cuidado, satisfacer una
carga argumentativa exigente y rigurosa, que no exprese simples desacuerdos y
que, en todo caso evidencie por qué esa modificación concreta de mejor manera
el contenido de los derechos y garantías a la luz de la Constitución Política.
Breve caracterización de la causal defecto sustantivo.
Reiteración de jurisprudencia
Este defecto procede cuando la autoridad judicial omite
pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso a decidir.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado este enunciado y ha sostenido
que, si bien los jueces tienen la competencia de interpretar y aplicar las
normas jurídicas en virtud de la autonomía judicial, esta competencia no es
absoluta y encuentra como límite el deber que tiene toda autoridad judicial de
no desbordar el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen.
Los supuestos que conducen a la configuración de un defecto
sustantivo se dan cuando el juez: a) aplica una disposición en el caso, que
perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por
ejemplo, su inexequibilidad; b) aplica un precepto manifiestamente inaplicable
al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso; c) a pesar del amplio margen
hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
realiza una interpretación contraevidente o claramente irrazonable o
desproporcionada; d) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; e) omite motivar su decisión o la motiva de
manera insuficiente, o; f) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
Alcance y contenido
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Reiteración de
jurisprudencia
La estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental
derivado de los artículos 1º, 13, 25, 47, 48, 53 y 93 de la Constitución
Política, el cual protege a los trabajadores que, por distintas circunstancias,
se encuentran en un estado de debilidad manifiesta.
El trabajo, en todas sus modalidades, está protegido
constitucionalmente y se reconoce su carácter de derecho fundamental. Su
centralidad en la sociedad es indiscutible, pues permite la redistribución de
la riqueza. Las personas pueden alcanzar, a través de él, el acceso a otros
derechos, algunos de ellos también fundamentales
Desde distintas dimensiones, se ha considerado que el
trabajo debe estar dotado de una serie de principios para tener la condición de
ser digno y justo. Uno de ellos es la estabilidad en el empleo, a partir de
allí se han abordado diferentes problemáticas, unas relativas a fijar su
alcance en relaciones entre particulares, o entre servidores públicos, y otras
en las que se ha analizado qué sucede cuando el retiro de un empleo se produce
por causas discriminatorias.
En la regulación del trabajo, desde sus orígenes, se
establecieron dispositivos de protección contra la discriminación. Por ejemplo,
en los primeros Convenios de la OIT sobre maternidad, asociación sindical y
negociación colectiva que preceden a la regulación autónoma laboral que existe
actualmente, se consideró necesario que, dadas las especiales
circunstancias en las que podía encontrarse una persona en relación con su
empleador – entre ellas las mujeres ante el embarazo o la lactancia o cualquier
trabajador o trabajadora que decidiera conformar y dirigir un sindicato- era
necesario contar con mecanismos previos al despido, que permitieran que una
autoridad, bien judicial o administrativa, pudiera definir si el despido era
viable o si no se autorizaba al fundarse en un criterio odioso e injustificado
de discriminación.
La Ley 361 de 1997
introdujo en su artículo 26, similar dispositivo, esta vez por razones de
salud. Así determinó que la terminación de una relación laboral de una persona
que tuviera afectaciones en su salud, debía contar con la autorización de la
oficina de Trabajo, esto es quien debe evaluar si el retiro se encuentra o no
justificado por razones objetivas.
Es por esa razón que la
jurisprudencia constitucional ha señalado que no contar con dicha autorización,
en los eventos previstos para ello, no es una simple infracción a una
formalidad que sea posible ponderar, sino una verdadera afectación al principio
de no discriminación y al de estabilidad laboral que, en esos eventos es
reforzada. Esta ha sido la posición invariable de esta Corte Constitucional,
que además la ha justificado a partir de los contenidos de la Constitución
Política y del bloque de constitucionalidad.
Pese a tal previsión
legal, esta Corporación ha señalado que la estabilidad laboral por razones de
salud no deriva exclusivamente de aquella sino que encuentra su amparo, como se
explicó al inicio de este apartado, en otros derechos y principios fundamentales
como la estabilidad en el empleo (Art. 53, CP); el derecho de las personas que
se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta a ser protegidas en aras
de hacer efectiva la igualdad real (Arts. 13 y 93, CP), el trabajo, en todas
sus modalidades y en condiciones dignas y justas que esta también ligado a
contar con un mínimo vital para satisfacer las propias necesidades humanas
(Arts. 25 y 53, CP), en el deber del Estado de adelantar políticas de
integración social de las personas con capacidades diversas (Art. 47, CP) y en
uno transversal a todas las relaciones sociales, el de la solidaridad (Arts. 1,
48 y 95, CP).
A partir de ese contenido
constitucional y del alcance fijado, esta Corporación ha unificado las
siguientes reglas jurisprudenciales que se utilizarán para resolver el presente
asunto.
Sobre la titularidad de
este derecho la jurisprudencia constitucional ha sostenido que son titulares de
la estabilidad laboral reforzada por razones de salud las personas que han
padecido una disminución física, psíquica o sensorial en vigencia de una
relación de trabajo. Dentro de este grupo de sujetos se encuentran no solo los
trabajadores que han sufrido pérdida de capacidad laboral calificada, sino
también aquellos que tienen una afectación en su salud que les impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares.
En la Sentencia SU-049 de
2017, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en lo relativo a la
aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Las salas de Revisión de la
Corte Constitucional han aplicado las reglas allí dispuestas tanto para casos
de estabilidad ocupacional como para casos de estabilidad laboral
reforzada. En la Sentencia SU-087 de
2022 se advierten cuatro conclusiones: i) La norma se aplica a todas las
personas en situación de debilidad manifiesta, sin que esto implique agravar las
condiciones de acceso a los beneficios que traía la Ley en su versión original,
que utilizaba la expresión personas con “limitación” o “limitadas”.
ii) Se extiende a todas las personas en
situación de discapacidad, así entendida, “sin entrar a determinar ni el tipo
de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación.”
iii) Para exigir la
extensión de los beneficios contemplados en la ley es útil, pero no necesario,
contar con un carné de seguridad social que indique el grado de pérdida de
capacidad laboral. y
iv) “No es la Ley expedida
en democracia la que determina cuándo una pérdida de capacidad es moderada,
severa o profunda, pues esta es una regulación reglamentaria.”
Señor LECTOR frente a
tanta injusticia que existe en la rama judicial con jueces y magistrados
corruptos por pereza, o por dadivas, o por amistad o simplemente por generarse animadversión
con el débil trabajador a quien se
considerar por esos JUECES como gusanos o sujeros sin valores y sin existir
quien los ayude en la defensa de sus derechos, la norma y la constitucion
PERMITE una cosa que se llama IMPUGNACION de las TUTELAS y sera el SUPERIOR
quien decida pero si los MAGISTRADOS se cobijan con lo mismo y por solidaridad
con el JUEZ repiten los mismos errores EXISTE la REVISION de la TUTELA y hasta
allá debe llegar el trabajador porque en algún eslabón de la cadena existirá un
JUEZ o MAGISTRADO honesto y trasparente porque TODOS no son corruptos
Toda IMPUGNACION generalmente
se fundamenta en manifesar que la decisión errada y con defectos de la
SENTENCIA DE TUTELA proferida por su despacho se INFORMA cuales son los
DEFECTOS facticos, sustantivos y procedimentales y cualquiera otro aspecto que
se quiera considerar
Y esos VICIOS que son corrupción Y se emite esas sentencias con
desconocimiento de las RATIO DECIDENDI indicadas y explicadas en los preceptos vinculantes y
obligatorios y que no fundamenta usted la separación de ellos argumentando en
forma suficiente lo que genera la COMISION no solo de falta disciplinaria sino
también delitos que su superior debe valorarlos y compulsar copias para que la
investigue y sancione esa NEGACION DE JUSTICIA de una persona en estado de
total vulnerabilidad y se apartó de la garantía de mis derechos fundamentales y
negó JUSTICIA apartándose de la CN, de los TRATADOS INTERNACIONALES, de la LEY
361 de 1997 y especificamene de esas ratio decidendi tantas veces analizadas y
explicada en mis multiples derechos de petición REPETITIVOS pero justificados
para PEDIR el amparo de una persona en estado de indefensión y en estado de
enferma y discapacitada
Con todo respeto le
solicito el favor de TRAMITAR la IMPUGNACION de su decisión por presentar
defectos sustantivo, procedimental y facticos y además ha violado en forma
directa la CONSTITUCION y ha desconocido el PRECEDENTE CONSTITUCIONAL sobre la
INEFICACIA de todo RETIRO por estar la decisión en contravía a lo previsto en
el articulo 26 de la ley 361 de 1997.
Se le pide al MISMO JUEZ
corrupto el favor de tramitar la IMPUGNACION ante su superior para que la
INVESTIGUEN y sea sancionada por olvidarse de su deber de garantizar la
protección de las personas en estado de indefensión y además por NO ARGUMENTAR
en forma suficiente para apartarse de las ratio decidendi y ha negado justicia
y se aparto del cumplimiento del FIN del estado social de derecho previsto en
el articulo 2 del contrato social vigente en Colombia desde 1991 y se apartó de
la LEY del plan de gobierno de nuestro presidente GUSTAVO PETRO llamado
COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
Para empezar quiero
recordarle señora JUEZ que usted tiene un doble deber primero de interpretar la
ley del discapacitado o trabajador retirado estando enfermo por secuelas de AT
y EL y usted no quiso aplicar el presente constitucional tantas veces analizado
en los diversos derechos de petición que le entregue y además soportados en mi
tutela. Esto se constituye en falta disciplinaria y en negación de justicia por
lo que debe ser investigada. Por otro lado señora JUEZ con todo respeto le
solicito el favor de considerar que el contenido que protege la Corte al
considerado el fuero de salud está compuesto principalmente por cuatro
garantías: (i) la prohibición general de despido discriminatorio, (ii) el
derecho a permanecer en el empleo, (iii) la obligación a cargo del empleador de
solicitar autorización al Inspector del Trabajo para desvincular al trabajador
y (iv) la presunción de despido discriminatorio. Solo por desconocer USTED
esa obligación a cargo del empleador de
solicitar autorización al Inspector del Trabajo para desvincular al trabajador
ya es falta grave y no puede ser remediada con nada sino con sanciones que
generen ejemplo para que otros jueces no jueguen con la suerte de una
trabajadora despedida o retirada estando enferma por secuelas de AT y de EL
como esta probado y si no quiso considerar el AT como lo hizo la ARL y el
EMPLEADOR a pesar de estar probado plenamente, al menos debió considerar la
ENFERMEDAD LABORAL llamada STRESS POSTRAUMATICO LABORAL que esta probada y que
es considerada por la ORGANIZACIÓN MUNCIAL DE LA SALUD como lo que es
ENFERMEDAD LABORAL debiendo responsabilizarse al EMPLEADOR y a la ARL por tener
CULPA en ellas al no realizar actos de SALUD OCUPACIONAL que frente todos los
efectos que produce una EL en todo el organismo del trabajador pero que además
genera grandes perdidas a las empresas descuidando su atención oportuna y yo me
encuentro con alto stress como lo indican el PSICOLOGO FORENSE prueba que usted
no quiso valorar y cometido otra falta disciplinaria y eso me tiene alterado el
sueño, me produjo angustia y me encuentro al punto de la desesperación y el
empleador me encontró desmayada el dia que fue citada al despacho proponiendo
que renuncie hasta el 1 de abril de 2020 con el COMPROMISO de reintegrarme en
esa fecha al TERMINAL PRINCIPAL de donde jamás debió trasladarme porque conocía
de todas mis patologías y problemas de salud pero ESPERO que esa enfermedad
laboral llamada STRESS POSTRAUMATICO LABORAL fuera destruyendo, vaya creciendo
y destruya toda mi vida y ahora usted no tiene en cuenta ese estado de
INDEFENSION y dicta una sentencia por fuera de la CN, y negando una
argumentación suficiente para separarse de las ratio decidendi que son
ORIENTADORAS producidas por los magistrados sabios de las altas cortes y especialmente
de la CORTE CONSTITUCIONAL lo que constituye insito delito y falta
disciplinaria por lo que debe ser investigada y sancionada porque el JUEZ es el
delegado de DIOS, es el representante del PUEBLO, es el protector de los
indefensos y de personas en estado de vulnerabilidad y es el garante de los
derechos fundamentales que usted me ha negado con su sentencia sin existir
razón alguna para hacerlo o esta viciada su decisión de CORRUPCION al no
profundizar en el análisis de mis problemas
Señora JUEZ usted ha
insultado a la suscrita trabajadora débil y enferma y se me sigue ahora
causando un grave perjuicio irremediable que ya me lo genero el EMPLEADOR, la
ARL, la JUNTA, el MINTRABAJO y otros convocados a esta acción de tutela PUES
desconocio los FUEROS que invoque ser protegidos como son: FUERO ESPECIAL DE
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR SALUD; el fuero especial de estabilidad
laboral reforzada como MADRE CABEZA DE FAMILIA; el fuero especial de
estabilidad laboral reforzada por PREPENSION; el fuero especial de estabilidad
laboral reforzada por ser HIJA y ser responsable de una MADRE en estado de
ancianidad y que no tiene quien la proteja
y otros fueros que le pedi considerara aplicando la sana critica pero
nada de ello quiso considerar y negó justicia sin argumentar lo suficiente su
decisión errada o con defectos factico, sustantivo y procedimental y se me negó
los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, derecho de defensa y el DERECHO
DE CONTROVERSIA, entre otros derechos adicionales que le solicito al superior
los extracte y los proteja PUES el juez constitucional es el conocedor de la
CN, de los TRATADOS sobre derechos humanos y de las LEYES especiales que invoco
se apliquen y se garantice el respeto y apoye a la ENFERMA TRABAJADORA y en
estado de TOTAL VULNERABILIDAD.
Señora JUEZ y superiores
que conozcan la IMPUGNACION no voy a recordarles los PRECEPTOS ampliamente
analizados en cada derecho de PETICION que son repetitivos pero buscando que el
EMPLEADOR y el SGSST no lleven a la empresa a la quiebra y a asumir altas responsabilidad
por actos irresponsables de su gerente y sus asesores PERO si quiero recordarle
a la JUEZ y a sus superiores que en la Sentencia SU-049 de 2017, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en lo relativo a la aplicación del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Las salas de Revisión de la Corte
Constitucional han aplicado las reglas allí dispuestas tanto para casos de
estabilidad ocupacional como para casos de estabilidad laboral reforzada.
En la Sentencia SU-087 de
2022 es importante considerar que la CORTE
advierte cuatro conclusiones: i) La norma se aplica a todas las personas
en situación de debilidad manifiesta, sin que esto implique agravar las condiciones
de acceso a los beneficios que traía la Ley en su versión original, que
utilizaba la expresión personas con “limitación” o “limitadas”.
ii) Se extiende a todas
las personas en situación de discapacidad, así entendida, “sin entrar a
determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de
dicha limitación.”
iii) Para exigir la
extensión de los beneficios contemplados en la ley es útil, pero no necesario,
contar con un carné de seguridad social que indique el grado de pérdida de
capacidad laboral. Y iv) “No es la Ley expedida en democracia la que determina
cuándo una pérdida de capacidad es moderada, severa o profunda, pues esta es
una regulación reglamentaria.”
DE forma que, para
determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía de estabilidad
laboral reforzada no es perentoria la existencia de una calificación de pérdida
de capacidad laboral.
Ha concluido la CORTE que
la protección depende de tres supuestos: (i) que se establezca que el
trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o
dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades.
Eso esta plenamente probado señor JUEZ y el empleador por intermedio de su
gerente me visito el dia que me desmaye en el despacho de los vehículos y allí
fue donde me convence de renunciar hasta el 1 de abril de 2020 con el
COMPROMISO de reintegrarme en esa fecha pero al TERMINAL PRINCIPAL de donde
jamás debi salir pero como existía el afán de sacarme de la empresa y de
prescindir de mis servicios no por mal servicio sino por PERSECUCION LABORAL,
por acoso laboral, por animadversiones al sugerir protección especial para los
trabajadores enfermos, se genero tota una PERSECUCION en mi contra llevando a
lo que todos conocen incluido el MINISTRO DE TRABAJO y sus colaboradores en la
TERRITORIAL NARIÑO y nada hicieron y lograron mi retiro con esa afectación de
un acto INVOLUNTARIO o mejor afectada la VOLUNTAD por un negaño y afectado el
consentimiento por esa PROMESA y usted como juez no quiso valorar y ni siquiera
quiso considerar los infinitos derechos de petición repetitivos dirigidos por la suscrita y hasta
me NEGO el amparo primero rechazando mi tutela cuando una tutela no requiere
formalismos pero para usted si existen y se invento requisitos que no se exigen
en una acción de estas y hasta pude ir a su despacho a dictarle lo que quería
pedir sin necesidad de redactar todo lo que redacte para que lo rechace y todo
esto debe investigarse y debe ser sancionada por esa NEGACION DE JUSTICIA desee
la admisión de mi tutela; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea
conocida por el empleador en un momento previo al despido y usted CONOCE por
los MULTIPLES derechos de petición que debió al menos leerlos asi no los haya
analizado, donde le recuerdo a la actual gerente que su padre me hizo la oferta
y luego ella acepta pero para posteriormente negar todo lo que me prometio y
eso fue lo que me llevo a inundarla de escritos explicativos y probados para
reclamar mis derechos vulnerados que usted ahora me niega la protección especial.
Estoy muy enferma desde el accidente laboral
y eso me genero varias enfermedades laborales y entre otras el stress postraumático
laboral que la OMS la considera como ENFERMEDAD LABORAL atribuida la CULPA al
empleador y a la ARL y a todo el SGSST pero nada le importo a usted frente a lo
probado negando justicia y apartándome del verdadero acceso a la administración
de justicia; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la
desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una
discriminación. Conociendo MI ESTADO CRITICO DE SALUD existe una justificación de haberme pedido la
RENUNCIA hasta el 1 de abril de 2020 pero con el COMPROMISO de reintegrarme en
esa fecha al terminal principal sacándome de ese lugar malsano donde me envio
para que le renunciara y no lo logro por cuanto el TRABAJO es la UNICA FUENTA
DE INGRESOS para yo sobrevivir y apoyar a mi madre anciana de 94 años y enferma
y desplazada como usted conoce si leyó todas las pruebas y nada de ello le
importo señora JUEZ por lo que debe ser investigada y sancionada
Con todo respeto señora
JUEZ y SUPERIOR favor considerar las MULTIPLES ratio decidendi que usted no
quiso valorar en la PRIMERA instancia para que se corrija los errores
judiciales en la segunda instancia o en la REVISION de mi tutela porque acudiré
hasta esa INSTANCIA porque no se puede permitir la CORRUPCION cuando se trata
de proteger derechos fundamentales vulnerados por los empleadores, por el
MINTRABAJO, por la ARL, por las JUNTAS y por todos los convocados a esta tutela
porque esta PROBADO que fui retirada estando enferma y no existe prueba que
indique el haberse tramitado permiso ante el MINTRABAJO para retirar en
aplicación a lo indicado en forma clara en el articulo 26 de la ley 361 de 1997
Favor considerar cada uno
de los PRECEPTOS y de las RATIO DECIDENDI que indico en los REPETITIVOS
derechos de petición y que amplio en las INSISTENCIAS y ratifico en mi TUTELA.
Favor considerar todas las pruebas en forma INTEGRAL y no solo las que convenga
a los corruptos empleadores y asesores que solo buscan encontrar jueces que
desconozcan su funciona constitucional y legal de garantizar la PROTECCION de
los derechos fundamentales
Favor responder a mi
correo y notificarme para seguir con la REVISION en caso de que se mantengan
los errores y denunciar a la juez en caso de que no se compulsen copias por las
faltas probadas en esta sentencia
Insisto con todo respeto
señora JUEZ y SUPERIOR favor considerar las MULTIPLES ratio decidendi que usted
no quiso valorar en la PRIMERA instancia para que se corrija los errores
judiciales en la segunda instancia o en la REVISION de mi tutela porque acudiré
hasta esa INSTANCIA porque no se puede permitir la CORRUPCION cuando se trata
de proteger derechos fundamentales vulnerados por los empleadores, por el
MINTRABAJO, por la ARL, por las JUNTAS y por todos los convocados a esta tutela
porque esta PROBADO que fui retirada estando enferma y no existe prueba que
indique el haberse tramitado permiso ante el MINTRABAJO para retirar en
aplicación a lo indicado en forma clara en el articulo 26 de la ley 361 de 1997
Señor JUEZ SUPERIOR a la
señora JUEZ con todo respeto le solicito el favor de TRAMITAR la IMPUGNACION y
condenar a los accionados a declarar la INEFICACIA de mi RETIRO por no cumplir
con el requisito del articulo 26 de la ley 361 de 1997, y además ORDENAR mi
reintegro sin solución de continuidad ordenando la REUBICACION LABORAL
considerando que soy PROFESIONAL administradora publica egresada de la ESAP y
favor ordenar el PAGO de los salarios, las prestaciones desde el dia de mi
retiro hasta el dia de mi reintegro, ordenar también el pago de la
indemnización de los 180 dias que ordena la ley por ese retiro ineficaz y
también ORDENAR el pago de los daños y perjuicios inmateriales
que reclamo en mi tutela considerando ese perjuicio irremediable generado a mi,
a mi madre, a mis hijos, a mis nietos y a mis hermanos como se indica en cada
reclamación. Por otro lado ORDENARLE a la ARL POSITIVA SA me vuelva a valorar,
calificar y definir mediante dictamen técnico, sin corrupción y valorando en
forma INTEGRAL y TOTAL cada una de mis patologías definiendo cual es la PCL
total, la fecha de estructuración y el ORIGEN que desde ya les recuerdo que la
fecha de estructuración no puede ser otra que el 27 de abril de 2015 fecha del
AT y el ORIGEN no puede ser otro que el ACCIDENTE LABORAL y las ENFERMEDADES
LABORALES ampliamente probadas y la PCL no puede ser inferior al 90% y favor
ORDENAR me registren como DISCAPACITADA y me incluyan en las políticas publicas
del estado como del empleador y del SSSI y no se me cierren las puertas
discriminando a la enferma trabajadora y que se me otorgue una BECA para
estudiar derecho o estudiar una MAESTRIA en ADMINISTRACION PUBLICA con el
compromiso mio de dedicar tres años de trabajo gratis después de la maestria
como compensación a esa INVERSION realizada a mi favor.
Favor CONSIDERAR honorables magistrados mi condición de TRIPLE
VULNERABILIDAD por ser una trabajadora enferma, CON PROBLEMAS MENTALES por ese
stress postraumatico sin controles dejado avanzar por la ARL y por el EMPLEADOR
y por el SGSST que no existe en la empresa y favor considerar ese estado de
vulnerabilidad y esos perjuicios irremediables ya generados pero que si no se
atiende con diligencia y oportunidad puede terminar con la vida o la integridad
física y no solo mia sino de mis familiares, de la sociedad y genera mayores
responsabildades al ESTADO y a ustedes como operadores de justicia al NEGARME
justicia y una protección especial como vengo reclamando y considerar la
NEGLIGENCIA de la JUEZ para que se compulsen copias para que sea investigada y
sancionada
Tengan en cuenta honorables magistrados que la JUEZ dese la
admisión de la tutela me NEGO la protección rechazando sin profundizar y sin
argumentar mi acción constitucional cuano la TUTELA no tiene formalismos y se
debe recibir asi vaya a rendirla en forma verbal, pero la JUEZ rechazo mi
tutela sin existir ARGUMENTACION SUFICIENTE para hacerlo cuando es deber de
todo juez o magistrado recibirla, tramitarla y recolectar todas las pruebas si
el interesado no las puede aportar y de allí los PODERES de todo juez pero en
mi caso la JUEZ CUARTA LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO despacho tranquilamente la
negación de mi tutela y tuve que corregir cuando no existe ese deber-
Siguiendo con el análisis
de la sentencia de unificación es importante analizar de forma que, para
determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía de estabilidad
laboral reforzada no es perentoria la existencia de una calificación de pérdida
de capacidad laboral.
Se concluye entonces que
la protección depende de tres supuestos: (i) que se establezca que el
trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o
dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades;
(ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en
un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación
suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene
origen en el estrés laboral cause quebrantos de salud física y mental y,
además, se cuente con un porcentaje de PCL.
Existen MUCHISISIMO indicios probatorios que evidencian que, durante la ejecución del
contrato, el trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico,
presentó incapacidades médicas, y en la tutela afirma que le informó de su
condición de salud al empleador.
En oposición no se puede
tener por acreditado ese conocimiento cuando: (i) Ninguna de las partes prueba
su argumentación.
(ii) La enfermedad se
presenta en una fecha posterior a la terminación del contrato.
(iii) El diagnóstico
médico se da después del despido.
(iv) Pese a la asistencia
a citas médicas durante la vigencia de la relación laboral, no se presentó incapacidad
o recomendaciones laborales como consecuencia de dichas citas médicas.
iii) Que no exista una justificación
suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene
origen en una discriminación. Para proteger a la persona en situación de
discapacidad, se presume que el despido se dio por causa de esta. Sin embargo,
es una presunción que puede desvirtuarse pues la carga de la prueba le
corresponde al empleador, para mostrar que el despido obedece a una justa
causa.
Al respecto, cabe precisar
que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo otorga al empleador la
facultad de finalizar unilateralmente el contrato laboral, sin tener que
demostrar una causa justificada. En tal evento, debe pagarse una indemnización,
que incluye el lucro cesante y el daño emergente. De este modo, esta norma
otorga cierto grado de discrecionalidad al empleador para finalizar un contrato
de trabajo, siempre que asuma las consecuencias financieras del despido,
mediante el pago de una indemnización al trabajador.
La Sentencia C-1507 de
2000 determinó que esta facultad no transgrede los principios mínimos del
trabajo. Según el fallo, es coherente con la Constitución permitir la
terminación unilateral
de los contratos de trabajo, ya que sería contrario a la autonomía de la
voluntad, y al principio de libertad, que las partes estén vinculadas a
perpetuidad por dicho contrato. Por consiguiente, señaló que esta potestad del
empleador para terminar unilateralmente el contrato laboral sin causa
justificada se ajusta a la dimensión negativa de la autonomía contractual.
No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que el
uso de esta facultad debe estar en armonía con la protección de los derechos
fundamentales del trabajador y, en especial, con el principio de no
discriminación. En ese sentido, en la Sentencia SU-256 de 1996, la Corte
analizó el despido injustificado de un trabajador portador de VIH a quien le
fue pagada la indemnización correspondiente. Esta Corporación estableció que la
potestad del empleador de despedir injustificadamente al trabajador pagando la
indemnización no es absoluta, ni puede ser esgrimida arbitrariamente como un
mecanismo para quebrantar las garantías constitucionales fundamentales del
trabajador, pues ello afectaría los principios fundantes del Estado Social de
Derecho.
Con esa perspectiva, al abordar el estudio del caso
concreto amparó los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad, al
trabajo, a la salud y a la seguridad social del accionante. En este asunto en
particular la Corte se abstuvo de ordenar el reintegro del trabajador, pero
únicamente porque para la época el conocimiento de la enfermedad por parte de
sus compañeros podía generar un escenario de revictimización contra el actor.
En su lugar, ordenó la indemnización del daño emergente causado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
De igual manera, en la Sentencia
T-1040 de 2001, la Corte decidió sobre el caso de una trabajadora con
graves problemas de rodilla, que empeoraron debido a que su empleador no siguió
las recomendaciones médicas de reubicarla en un trabajo adecuado para su
condición de salud. A pesar de su estado, la empresa terminó su contrato de
trabajo sin justa causa, indemnizándola.
La Corte afirmó que los derechos de los empleados a un
trato igualitario y a condiciones de trabajo dignas deben prevalecer sobre los
derechos económicos de las empresas, incluso limitando su poder para terminar
contratos de trabajo sin justa causa. Enfatizó en el deber del empleador de
reubicar a los trabajadores con limitaciones de salud en puestos que sean
compatibles con su condición y proporcionarles la formación necesaria.
Además, destacó el derecho de los trabajadores con
problemas de salud a tener una estabilidad laboral reforzada, que no depende de
leyes previas y ofrece una protección mayor a la generalidad de los
trabajadores.
Como resultado, ordenó a la empresa reincorporar a la
trabajadora a un puesto acorde con su estado de salud.
En la misma dirección, en la Sentencia T-198 de 2006, al
estudiar el caso de una persona que había sido despedida sin justa causa de la
empresa en la que laboraba, pese a encontrarse en situación de indefensión por
el deterioro grave de su salud y sin haber sido calificado su grado de
invalidez, ordenó el reintegro del trabajador sin solución de continuidad e
indicó que “la facultad legal del empleador de despedir sin justa causa a sus
trabajadores, se encuentra restringida en los casos en que estos cuentan con
una protección constitucional que refuerza su estabilidad, tal y como se
presenta en los casos de las mujeres embarazadas y en personas con
discapacidad. En efecto, en este último caso resulta imprescindible la
autorización del Ministerio de Trabajo, procedimiento que se extraña en el
presente proceso.”
Esta postura jurisprudencial ha sido reiterada en el
escenario de la estabilidad laboral reforzada en las sentencias T-692 de 2015 y
T-434 de 2020. En las dos ocasiones la Corte analizó la situación de
trabajadores que habían sido desvinculados de sus empleos con fundamento en la
causal consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, previo
pago de la indemnización prevista en la norma. En las dos ocasiones las salas
de revisión estimaron que dicha facultad del empleador se encuentra limitada
por el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición
de debilidad manifiesta, y concedieron el amparo al encontrar acreditados los
requisitos previstos para su protección.
En particular, la Sentencia T-434 de 2020 precisó que en
casos similares: (i) esta Corporación ha concluido que entre las partes debe
operar una compensación entre el dinero de la indemnización del artículo 64 del
C.S.T. y las sumas correspondientes a los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde el despido. Esto con fundamento en que la orden de reintegro
deja sin efecto la terminación del contrato de trabajo y, por ende, la
indemnización por despido sin justa causa también queda sin efecto; de otro
lado, (ii) la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que con el reintegro las cosas
vuelven a su estado original, por lo cual ha concluido que de
no admitirse la compensación y devolución del monto que corresponda de la
indemnización del artículo 64 del C.S.T. se estaría avalando un enriquecimiento
sin justa causa por parte del trabajador.
Esta línea jurisprudencial
fue reiterada en la Sentencia C-200 de 2019 al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 62 (parcial) del Código Sustantivo del
Trabajo. En especial, en esa oportunidad reiteró que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional las personas que han sufrido un accidente de trabajo y, como
consecuencia, los afecte una mengua en su capacidad laboral, tienen derecho a
la estabilidad laboral reforzada, aun cuando no tengan una calificación
porcentual de invalidez. En ese caso, el despido no puede obedecer a argumentos
netamente legales, tales como el despido sin justa causa, pues su condición de
salud los convierte en sujetos de especial protección
n constitucional “y, en
consecuencia, deben buscarse alternativas de inclusión y continuidad en el
empleo, mediante la reubicación y respectiva orientación y capacitación en el
nuevo lugar de trabajo y, de no ser posible por factores objetivos, es imperativo
solicitar previa autorización al Ministerio de la Protección Social y al pago
de indemnización.”
Finalmente, en la
Sentencia C-044 de 2021,al inhibirse - por incumplirse las cargas de
pertinencia, especificidad y suficiencia- de estudiar de fondo una demanda de
inconstitucionalidad propuesta contra la causal de despido sin justa causa
consagrada en el artículo
64 del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte estimó prudente “aclarar que la
presente decisión en nada se aparta de las líneas que en materia
jurisprudencial se han elaborado por la Corte, no solo en lo atinente al amparo
de sujetos de especial protección por la vía de la estabilidad laboral
reforzada, sino también frente a la imposibilidad de incurrir en un abuso del
derecho cuando se ejerce la facultad de terminación sin justa causa, que dé
lugar a actos de discriminación por razón del uso de criterios sospechosos.”
En resumen, aunque la ley permite al empleador terminar
unilateralmente el contrato laboral sin justa causa, esta facultad debe
ejercerse respetando los derechos fundamentales del trabajador y, en especial,
no puede ser usada para desconocer el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de sujetos de especial protección constitucional.
Por otra parte, los remedios para conjurar la vulneración
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada son variados,
principalmente se ha estimado que al producirse la ineficacia del despido opera
el reintegro del trabajador con el consecuente pago de sus acreencias laborales
y de seguridad social y el pago de una indemnización equivalente a 180 días de
salario. Su reincorporación en el empleo debe estar acorde con sus capacidades
y habilidades.
La perspectiva adoptada por la jurisprudencia
constitucional responde al enfoque social de la discapacidad. La Sentencia
SU-087 de 2022 señaló que la configuración jurisprudencial del derecho a la
estabilidad laboral reforzada busca eliminar las barreras sociales y culturales
que enfrenta este colectivo, a la par que maximiza la autonomía y la
participación de las personas con capacidades diversas quienes, con ajustes
razonables, pueden llevar a cabo su propio proyecto de vida, que incluye el
trabajo en condiciones dignas y justas.
En suma, (i) para determinar si una persona es beneficiaria
o no de la garantía de estabilidad laboral reforzada, no es obligatoria la
existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral. La protección
depende de que el trabajador se encuentre en una condición de salud que le
impida o dificulte significativamente el desempeño de sus actividades, que esta
condición sea conocida por el empleador en un momento previo al despido, y que
no exista una justificación suficiente para la desvinculación. Así mismo; (ii)
se presume que el despido de una persona en estado de debilidad manifiesta es
discriminatorio, cuando este se da sin autorización del Inspector del Trabajo.
Esta presunción puede desvirtuarse, pero la carga de la prueba corresponde al
empleador, para demostrar que el despido obedece a una justa causa; y (iii) al
producirse la ineficacia del despido opera el reintegro del trabajador con el
consecuente pago de sus acreencias laborales y de seguridad social, así como el
pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario.
Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral – respecto a la estabilidad laboral reforzada. Aunque en un
primer momento la comprensión de esta garantía por parte de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia resultaba diametralmente opuesta a la
decantada por la Corte Constitucional, la misma ha tenido últimamente algunas
modificaciones, como se advertirá a continuación.
El 7 de febrero de 2006, en Sentencia radicada 25130 la
Sala de Casación Laboral estudió, por primera vez, el caso de un trabajador que
fue despedido pese a haber sufrido un accidente de trabajo y contaba con
calificación de pérdida de capacidad del 7.41%. Esa Sala refirió que el régimen
previsto en la Ley 361 de 1997 solo era extensible a las personas que
demostrasen “limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su
artículo 1º al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios”,
y que además contaran con carné de afiliación a la seguridad social en el que
constara su “limitación”, y que el Decreto 2463 de 2001 era quien determinaba
los porcentajes de estas, definiéndolas en moderada, severa y profunda.
Luego en la Sentencia radicada 31500 de 19 de diciembre de
2008, la Corte Suprema se pronunció sobre el caso de un Operario de Extractora
que sufrió un accidente de trabajo y que fue despedido luego por la empresa,
con el pago de la indemnización de 180 días, y pedía ser reintegrado conforme
lo dispuesto por la sentencia C-531 de 2000. La Sala de Casación Laboral
consideró que, hasta que no se dictó dicha sentencia de constitucionalidad, le
estaba permitido a los empleadores terminar, previa indemnización, la relación
laboral.
Poco tiempo después, en sentencia radicada 31791 de 15 de
julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia analizó el caso de un trabajador
que había sufrido un accidente de trabajo y que tras él fue despedido.
Consideró que, como para el momento de la desvinculación aquel no estaba
calificado, no podría atribuírsele al empleador ninguna responsabilidad en
tanto las incapacidades medidas no acreditaban ninguna “limitación”.
El 25 de marzo de 2009, en Sentencia radicada 35606, la
Sala de Casación Laboral definió el caso de una mujer que trabajaba como
docente titular en un Colegio y que, tras ser diagnosticada con cáncer, que
comunicó al empleador, fue despedida. En el curso del proceso ordinario fue
calificada con pérdida de capacidad laboral del 55.60% y pidió la aplicación
del precedente constitucionalAl definir el recurso extraordinario la Corte
Suprema sostuvo que el empleador solo tuvo conocimiento del dictamen cuando la relación
laboral había terminado y que las incapacidades no acreditaban ninguna
afectación, por ello negó lo pedido.
Por muchos años la Corte Suprema mantendría similares
criterios en algunos de ellos, como en la Sentencia 36115 de 16 de marzo de
2010, la Sala de Casación Laboral consideró que en la Ley 361 de 1997 no se
configuraba ninguna presunción de despido discriminatorio.
Más tarde, en decisión CSJ SL3520-2018, refirió que era
admisible que se terminara el contrato de trabajo de personas que, incluso,
contaban con una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 15%,
sin autorización del Ministerio de Trabajo, cuando quiera que se alegara una
justa causa motivada en causales objetivas.
Sin embargo, una modificación de esa línea se advirtió en
la Sentencia CSJ SL, 18, sept, 2012, Rad. 41845, en tanto se recogió el
criterio inicial para decir ahora que, para ser destinatario de la estabilidad
laboral por razones de salud, no era indispensable contar con un carné que
acreditara al trabajador con algún grado de “discapacidad aunque se siguió
exigiendo la demostración de que se tratara de una pérdida calificada de
carácter moderada, severa o profunda. Tal vez esta última regla es la que fue
reiterada en mayor medida por esa Corporación.
Otra variación se presentó al resolver, en Sentencia CSJ
SL1451-2018, el caso de un jugador de futbol que sufrió un accidente de trabajo
al lesionarse su pie izquierdo. El deportista fue calificado con una pérdida de
capacidad laboral del 24,35% y firmó una conciliación en la que acordó, entre
otros, la terminación por mutuo acuerdo de su vinculación. En este fallo la
Sala de Casación Laboral explicó que la conciliación era ineficaz debido a que
se suscribió sin atender al estado de salud del jugador, pero no dispuso el
reintegro que se había pedido con fundamento en la Ley 361 de 1997, por estimar
que “la protección del artículo 26 … opera en relación con los despidos, no
frente a las dimisiones
.”
A su vez, la Sentencia CSJ SL572-2021 señaló que en el
evento de no contar con un dictamen de pérdida de capacidad laboral de al menos
el 15%, la discapacidad del trabajador podía inferirse “del estado de salud en
que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de
elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el
trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico
especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo,
cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación o cualquier otra
circunstancia que demuestre su grave estado de salud o la severidad de la
lesión, que limita en la realización de su trabajo.”
No obstante, cabe precisar que al abordar el caso concreto
la Sala de Casación Laboral se abstuvo de casar la sentencia de segundo grado
que había negado la protección, pues advirtió que a pesar de que el actor
contaba con una patología crónica en el hombro derecho, al momento del despido
“no presentaba ninguna situación grave de salud, que fuera notoria y evidente,
por el contrario, se encontraba desarrollando sus actividades de manera normal,
lo que demuestra que la patología del hombro no ocasionaba ninguna limitación
en el trabajador que fuera incapacitante, con la magnitud de poder activar la
protección establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997.”
En sentido semejante, en la Sentencia CSJ SL711-2021
sostuvo que el dictamen de pérdida de capacidad laboral “no está instituido
como prueba solemne de la condición de discapacidad del trabajador o de la
pérdida de su capacidad laboral, de manera que, en estos casos, el juez del
trabajo tiene libertad probatoria”. Sin embargo, más adelante señaló que,
aunque existía libertad probatoria frente a este aspecto, “el grado de
discapacidad de moderada, severa o profunda, ha sido el parámetro que ha
orientado la jurisprudencia de la Corte, con el objetivo de identificar a los
beneficiaros del principio protector, ya que, para la Sala, no puede existir
una ampliación indeterminada del grupo poblacional para el cual el legislador
creó la medida. De ello deviene, que aun que se itera existe libertad
probatoria para determinar la discapacidad, se estableció un procedimiento
objetivo para su calificación.”
Por ese motivo, casó la sentencia de segunda instancia que
había concedido la protección de la estabilidad laboral reforzada, ya que si
bien el trabajador había sufrido un accidente de trabajo que le había generado
la expedición de diversas incapacidades de salud por varios meses, se requería
que acreditara “una discapacidad por lo menos moderada, es decir, a partir del
15%, y eso no se logró, dado que inicialmente fue calificado con un 6.35% de
pérdida de capacidad laboral, que a la postre, cuando todavía estaba en
discusión este escenario, y se desconocía cuál iba a ser el porcentaje final,
por cuenta de los recursos interpuestos por el trabajador, sólo fue aumentada
en un 12.10% por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá,
confirmada por la Junta Nacional.”
Bajo esa perspectiva, si bien en las dos últimas decisiones
reseñadas la Sala de Casación Laboral introdujo importantes modificaciones en
su dogmática, seguía exigiendo en los casos concretos una pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 15%.
Sin embargo, recientemente en la Sentencia CSJ SL1152-2023,
al analizar el caso de una mujer con cáncer de seno que alegaba la garantía de
la estabilidad laboral reforzada frente a su antiguo empleador, indicó que
realizaría una interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 conforme al
bloque de constitucionalidad y, en particular, a la Convención sobre los
Derechos de las Personas en situación de Discapacidad. A partir de dicha
interpretación, suprimió puntualmente el requisito de contar con una calificación
de pérdida de capacidad laboral de al menos el 15% y moduló los restantes
requisitos jurisprudenciales de acceso a este derecho.
De este modo, argumentó que para que se active la
protección de estabilidad laboral reforzada, deben coexistir algunas
condiciones: (i) una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que
se extienda en el tiempo a “mediano o largo plazo”; (ii) la presencia de
barreras que puedan impedir que el trabajador que sufre la deficiencia pueda
desarrollar efectivamente su labor en igualdad de condiciones que los demás
trabajadores; y (iii) que el empleador conozca estos elementos en el momento
del despido, a menos que sean notorios.
En línea con lo expuesto, sostuvo que “Lo anterior puede
acreditarse mediante cualquier medio probatorio, atendiendo al principio de la
necesidad de la prueba y sin perjuicio de que, para efectos de dar por probados
los hechos constitutivos de la discapacidad y los ajustes razonables, de acuerdo
con el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el
juez en el ejercicio del deber de decretar pruebas de oficio (…) practique la
prueba pericial.
En el anterior contexto, la determinación de una situación
de discapacidad analizada al amparo de la convención no depende de un factor
numérico, pues mirarlo así sería mantener una visión que se enfoca en la
persona y sus limitaciones. El baremo establecido en el manual de calificación
de pérdida de capacidad laboral tiene vocación de ser aplicado en los campos de
la seguridad social, para fines principales de aseguramiento, rehabilitación y
prestacionales.”
Así mismo, señaló que las barreras que enfrenta el
trabajador en situación de discapacidad pueden ser actitudinales (prejuicios,
estigmas, etc.), comunicativas (dificultades en el acceso a la información, por
ejemplo) y físicas (obstáculos materiales que dificultan el acceso a espacios,
servicios, etc.). Precisó que, si estas barreras están presentes, el empleador
tiene la obligación de realizar ajustes razonables, es decir, modificaciones y
adaptaciones que garanticen a las personas con discapacidad el goce de los
derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las
demás personas. Sostuvo que estos ajustes deben ser proporcionales y no suponer
una carga desmedida para el empleador.
De igual manera, indicó que, para despedir a una persona
con discapacidad, es necesario solicitar previamente el permiso del Ministerio
del Trabajo. En caso de no hacerlo, se presume que el despido es
discriminatorio, a menos que el empleador pueda demostrar que cumplió con los
ajustes razonables o que existía una justa causa para el despido. Finalmente,
enfatizó que se apartaba de las interpretaciones que consideran que el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 se aplica para personas con alteraciones de salud momentáneas
o patologías temporales.
Esto último, porque el artículo 1 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad vincula la discapacidad con el
padecimiento de deficiencias a “largo plazo” que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás. De forma similar, porque el artículo 2
de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 establece la misma relación, pero frente a
deficiencias a “mediano o largo plazo.”
A partir de lo expuesto, se advierte que actualmente existe
un proceso dialógico entre las dos altas cortes aun cuando persisten
diferencias en torno al alcance y contenido del derecho.
Con algunos matices, las dos Altas Cortes coinciden en que
(i) el despido de un titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada se
presume discriminatorio cuando se da sin autorización del Inspector del
Trabajo. Si bien esta presunción puede desvirtuarse, la carga de la prueba
corresponde al empleador, para demostrar que el despido obedece a una justa
causa; (ii) al producirse la ineficacia del despido opera el reintegro del
trabajador con el consecuente pago de sus acreencias laborales y de seguridad
social, así como el pago de una indemnización equivalente a 180 días de
salario; (iii) la afectación de salud que da lugar a la estabilidad laboral
reforzada debe haberse puesto en conocimiento del empleador, a menos de que
esta sea notoria; (iv) la condición de salud del trabajador debe impedir el
desempeño normal de sus actividades laborales; y (v) no es obligatoria la
existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral, pues la
afectación de salud que da lugar al reconocimiento del derecho puede
acreditarse por otros medios de convicción en virtud del principio de libertad
probatoria.
No obstante, también persisten diferencias significativas.
Como se advirtió, la Corte Suprema de Justicia vincula el derecho a la
estabilidad laboral reforzada estrictamente a lo previsto en la Ley 361 de 1997
y, más recientemente, con el contenido del artículo 1° de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así mismo, señala que esta
garantía únicamente resulta aplicable a las personas que padecen una
deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que se extienda a “mediano
o largo plazo”
Por su parte, la Corte Constitucional no ha limitado el
reconocimiento de esta garantía solamente a quienes padecen afecciones de salud
a mediano o largo plazo. Por el contrario, ha señalado que la protección del
derecho a la estabilidad laboral reforzada requiere que el trabajador se
encuentre en una condición de salud que le impida o dificulte sustancialmente
el normal y adecuado desempeño de sus actividades al momento del despido, sin
que la misma tenga que ser permanente o duradera.
Igualmente, la jurisprudencia constitucional no ha otorgado
el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada únicamente a las personas
catalogadas en situación de discapacidad, sino que ha comprendido dentro de
este a quienes se encuentren en una condición de debilidad manifiesta a causa
de padecimientos sustanciales de salud. En esa dirección, ha sustentado la titularidad de este derecho no
solo en disposiciones específicas que amparan a las personas en condición de
discapacidad, sino también en otros derechos y principios constitucionales como
la estabilidad en el empleo (Art. 53, CP); el derecho de las personas que se
encuentren en situaciones de debilidad manifiesta a ser protegidas y no ser
discriminadas (Arts. 13 y 93, CP), el trabajo, en todas sus modalidades y en
condiciones dignas y justas, que también está ligado a contar con un mínimo
vital para satisfacer las propias necesidades humanas (Arts. 25 y 53, CP), y en
uno transversal a todas las relaciones sociales, el de la solidaridad (Arts. 1,
48 y 95, CP).
Limitar esta garantía a quienes padecen deficiencias a
mediano o largo plazo, con fundamento en el artículo 1 de la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, pasa por alto que la normatividad
internacional proporciona un estándar mínimo de protección, y que los Estados
tienen margen de apreciación que comprende la libertad para interpretar y
expandir su alcance. Así mismo, que de acuerdo con el enfoque social de la
discapacidad, el concepto de esta última se encuentra en constante evolución
dado su carácter abierto e indeterminado, y que su contenido se construye e
identifica a partir de las barreras que enfrentan las personas con
padecimientos significativos salud para interactuar en su entorno social en
similares condiciones que los demás.
Las enfermedades temporales, como el estrés laboral o
cualquier otra condición que afecte sustancialmente el desempeño laboral, deben
ser entendidas en su contexto social. Estas afecciones, aunque transitorias,
pueden llevar a discriminaciones y barreras similares a las que enfrentan las
personas en situación de discapacidad o con afectaciones de salud
significativas a mediano o largo plazo, pues la terminación del vínculo laboral
puede estar motivada en razón del deficiente estado de salud del trabajador, lo
cual resulta contrario a los referidos preceptos constitucionales.
Lo anterior es relevante, dado que la interpretación
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada realizada por
esta Corporación tiene preeminencia. Esto se debe a que la Constitución es
norma de normas, y establece los parámetros y principios fundamentales que
deben guiar toda interpretación jurídica. Aunque el diálogo jurisdiccional ha
fomentado un enriquecimiento del análisis jurídico de este derecho, cualquier
convergencia o divergencia debe estar en última instancia alineada con los preceptos
constitucionales, por lo que todas las decisiones judiciales que se adopten
sobre esta materia deben ser consistentes con los mandatos y valores
consagrados en la Constitución. En ese sentido corresponde instar a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a modificar su precedente en
relación con el alcance y contenido del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada, pues si bien existe, como se ha explicado en este apartado,
un precedente constitucional consolidado sobre la materia, su sala permanente y
sus salas de descongestión aun exigen la constatación de una deficiencia
física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, en lugar de
verificar si al momento del despido el trabajador se encontraba en una
condición de salud que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño
de sus actividades; así mismo, existen discrepancias previamente anotadas que
deben ser resueltas con la finalidad de satisfacer el mandato constitucional.
En el CASO CONCRETO la Sala de Descongestión Nº 4 de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente constitucional Y asi lo deja consignado la
CC en su sentencia y hace o se convierte en un PRECEPTO CONSTITUCIONAL de
obligatorio cumplimiento
Corresponde a la
Sala Plena determinar si la Sala de Descongestión Nº 4 desconoció el precedente
constitucional sobre estabilidad laboral reforzada contenido en la Sentencia
SU-049 de 2017. Del texto de la sentencia de casación bajo examen se extrae que
dicha Sala se ocupó de establecer si la decisión del juzgador de segunda
instancia otorgó un alcance equivocado al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y
al artículo 7 del Decreto 2463 de 2021.
A partir de lo señalado en la sentencia CSJ SL882-2022
indicó que “para que opere la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
debe demostrarse que el trabajador se encuentra en una de las siguientes
hipótesis: […] a) con una discapacidad moderada, que corresponde a la pérdida
de la capacidad laboral entre el 15 % y el 25 %; b) severa, mayor al 25 %, pero
inferior al 50 % de la pérdida de la capacidad laboral o; c) profunda cuando el
grado de discapacidad supera el 50 %” y, por lo tanto, adujo que exigir una
calificación -moderada, severa o profunda- era una exigencia adecuada, para
determinar si existía o no relación directa con el acto discriminatorio que
originó el despido.
Lo explicado previamente da cuenta que dicha Sala de
Descongestión Nº 4 supeditó el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada a que la trabajadora despedida demostrara que estaba calificada con
una pérdida de capacidad laboral superior al 15%.
Esto evidencia con claridad que dicha Sala incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente constitucional, al desatender la
interpretación que esta Corte Constitucional ha hecho en relación con el
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud,
basada no solo en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sino en
otros derechos y principios fundamentales como la estabilidad en el empleo
(Art. 53, CP); el derecho de las personas que se encuentren en situaciones de
debilidad manifiesta a ser protegidas en aras de hacer efectiva la igualdad
real (Arts. 13 y 93, CP), el trabajo, en todas sus modalidades y en condiciones
dignas y justas que esta también ligado a contar con un mínimo vital para
satisfacer las propias necesidades humanas (Arts. 25 y 53, CP), en el deber del
Estado de adelantar políticas de integración social de las personas con
capacidades diversas (Art. 47, CP) y en uno transversal a todas las relaciones
sociales, el de la solidaridad (Arts. 1, 48 y 95, CP).
En esta providencia se recoge la línea jurisprudencial que
la Corte Constitucional ha decantado sobre esta materia. Se explica, a partir
del contenido de las sentencias de unificación SU-049 de 2017 y SU-380 de 2021
que: i) la estabilidad reforzada, prevista en el referido artículo 26 implica
que cualquier relación de trabajo, subordinada o no, se enmarque dentro de los
supuestos de protección; ii) son titulares quienes se encuentren en una
condición de salud que les impida o
dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus
actividades y no se requiere acreditar una pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda, ni contar con un carné de seguridad social que la
certifique; iii) una regulación reglamentaria, que determina cuándo una pérdida
de capacidad es moderada, severa o profunda, no puede condicionar o afectar el
contenido o aplicación de la ley que regula esta figura.
De otro lado se recordó que, por regla general, es posible
acreditar que la condición de salud física o mental que padece el trabajador,
en verdad, le impide o dificulta desempeñar sus actividades a como lo haría
regularmente a través de: i) el examen médico de retiro en el que se advierte
sobre la enfermedad o recomendaciones médicas o incapacidades médicas
presentadas antes del despido; ii) la demostración de que la persona fue
diagnosticada por una enfermedad y que debe cumplir con un tratamiento médico;
iii) la ocurrencia de un accidente de trabajo que genera incapacidades médicas
y también cuando de él existe calificación de pérdida de capacidad laboral; o
cuando iv) el trabajador informa al empleador, antes de la desvinculación, que
su bajo rendimiento se origina en una condición de salud que se extiende
después de la terminación del vínculo.
También se indicó que los órganos de cierre en cada una de
las jurisdicciones deben respetar la interpretación vinculante que realice la
Corte Constitucional, la cual por expreso mandato de los artículos 3, 4 y 241
superiores, da alcance a los derechos fundamentales y al propio texto
constitucional y que si tales autoridades deciden abandonarlos, requieren
satisfacer una carga de transparencia y argumentativa exigente y rigurosa, que
no exprese simples desacuerdos y que, en todo caso evidencie por qué esa modificación
concreta de mejor manera el contenido de los derechos y garantías a la luz de
la Constitución Política.
Ninguna de esas dos cargas la satisfizo la Sala de
Descongestión Nº 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, dado que simplemente adujo que, de acuerdo a lo señalado por la Sala
Permanente no era posible reconocer la existencia de la estabilidad laboral
reforzada en materia de salud si no se acreditaba que el trabajador, al momento
del despido se encontraba calificado, y esa calificación correspondía a un
porcentaje superior al 15%, pese a existir precedentes de esta Corte Constitucional uniformes, pacíficos y que les son
vinculantes, que desconoció de manera flagrante.
La configuración del defecto por desconocimiento del
precedente también desencadenó la concreción del defecto sustantivo. Como se
señaló en la Sentencia SU-380 de 2021 es posible que la configuración de un
defecto, como el de desconocimiento de precedente, apareje la concreción de
otros, como en este caso. Por ello cuando la Sala de Descongestión Nº 4
desatendió la jurisprudencia constitucional sobre estabilidad laboral reforzada
por razones de salud, también desconoció el alcance que, en relación con el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 esta Corporación ha fijado y la interpretación
conforme al mandato del artículo 13 superior y la necesidad de proteger a
quienes se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta.
El defecto se concretó cuando la Sala de Descongestión Nº
4, desatendiendo lo dispuesto en la Sentencia SU-049 de 2017, estimó que no
resultaba posible determinar la titularidad del derecho a la estabilidad
laboral reforzada de la accionante a partir de pruebas distintas a la
calificación de la pérdida de capacidad laboral en un valor igual o superior al
15%.
Al respecto, señaló que “no basta que aparezca en la
historia clínica el soporte de las patologías y secuelas que padece un
trabajador, ni aún si existieran unas recomendaciones para ser aplicadas en su
ámbito laboral, sino que, en principio, se necesita de una evaluación técnica,
donde se estime su estado real desde el punto de vista médico y ocupacional.”
En la misma dirección, precisó que “a pesar de que se tenga por establecido que
el empleador conocía de unas condiciones médicas de su trabajadora (…) la
aparición de indicios que puedan generar un hecho notorio no es suficiente para
establecer si quien prestó su fuerza de trabajo podía considerarse que merecía
la protección foral, ante la ausencia del elemento cuantitativo descrito.”
Como se ha
insistido, supeditar la protección foral a que se demuestre que el trabajador
se encuentra calificado en un porcentaje superior al 15% es menoscabar el
otorgamiento de un derecho fundamental -como lo es la estabilidad laboral
reforzada- al exigirse para su configuración la existencia de una calificación
aritmética, que además reproduce un criterio médico rehabilitador que se opone
al modelo social.
Al hacerlo, la Sala de Descongestión N° 4 sometió
determinar si una persona se encuentra en debilidad manifiesta por razones de
salud a una tarifa probatoria, que no prevé la Ley 361 de 1997, pues en ningún
momento el artículo 26 supedita su operancia a la demostración de una
determinada calificación como parece entenderlo la Sala de Descongestión Nº 4
que también olvida que el propio artículo 61 del Código Procesal del Trabajo,
dispone sobre la libre formación del convencimiento.
Es decir que para poder establecer si una persona se
encuentra en condición de debilidad manifiesta por razones de salud que le
impida llevar a cabo su trabajo de manera habitual, es posible, a diferencia de
lo considerado por el juez de casación, acudir a múltiples medios de prueba,
como incluso lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional.
Esto incluso cobra especial importancia cuando el
trabajador padezca de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas,
algunas de ellas incluso pueden corresponder a “discapacidades ocultas o
invisibles”, de allí que someter a
evaluaciones médicas, con resultados aritméticos, un asunto tan complejo como
la salud, que contiene múltiples dimensiones, es un equívoco.
Debe por demás insistirse que los jueces, sobre todo
aquellos llamados a resolver controversias como la presente, deben atender que
existe un cambio de paradigma relacionado superar el criterio médico
rehabilitador y entender que deben aproximarse entendiendo el modelo social que
se funda en la dignidad humana, en la maximización de la autonomía e
independencia individual, en la no
discriminación, en la participación plena y efectiva en la sociedad, en la
accesibilidad y en la igualdad oportunidades. Esto es plenamente aplicable para
definir el alcance de la estabilidad laboral reforzada y para proscribir, se
insiste, la remisión a criterios aritméticos que ubican a las personas en clave
costo - beneficio.
En esa dirección, si bien el juez de casación indicó que su
interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no resultaba contraria al
enfoque social de la discapacidad asumido en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, lo cierto es que al definir su ámbito de
aplicación el artículo 1° de dicho instrumento no estipula valores numéricos,
grados o niveles de discapacidad. Por el contrario, establece un criterio
amplio y subjetivo de discapacidad que implica analizar si al interactuar con
su entorno una persona enfrenta barreras que “puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.”
Lo anterior es relevante en la medida en que, según lo que
se ha explicado en la presente sentencia, es constante el desconocimiento de
las reglas que sobre este derecho ha decantado esta Corte Constitucional, y es
evidente que, sin cumplir la carga para apartarse de las mismas, la Sala de
Casación Laboral y sus distintas Salas de Descongestión habían insistido en una
lectura restringida del fuero de salud.
En aplicación del precedente constitucional, del alcance
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de una interpretación conforme a la
Constitución era necesario amparar la estabilidad laboral reforzada de la
accionante. En el curso del trámite
ordinario laboral, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Descongestión N° 4 de la
Sala de Casación Laboral dieron por acreditada la existencia del contrato de
trabajo a término fijo desde el 12 de noviembre de 2013 y hasta el 15 de julio
de 2015. Sin embargo, ninguna de estas autoridades encontró
probada la existencia del fuero de estabilidad laboral reforzada, pues la
demandante no aportó un dictamen en el que se advirtiera una pérdida de
capacidad laboral de al menos el 15%. En especial, el juez de casación indicó
que a pesar de que la recurrente presentó varios informes médicos con
diagnósticos y tratamientos propuestos antes y después de su despido, no se
encontró evidencia de estas condiciones en el momento de la terminación del
contrato laboral, según los exámenes médicos laborales que dictaminaban su
idoneidad para el cargo.
Así mismo, señaló que las
recomendaciones médicas aportadas al expediente se dieron después del despido y
las del 3 de junio de 2015 que se alegaban como mal interpretadas no se
encontraban en el expediente: “En cuanto a recomendaciones médicas, las que en
este caso constan en las documentales traídas al proceso son posteriores al
despido y, respecto de las que se alegan como mal valoradas, no se muestran
entre las que se revisaron, tanto en el expediente físico como en la versión
digitalizada, pues el correo del 4 de junio de 2015, visto en el folio 49, que
dice remitirlas al empleador, no las contiene. Por otra parte, así existieran
estas recomendaciones con la especificidad que se indica en el cargo segundo,
en todo caso, en la historia clínica ocupacional del 3 de junio de 2015 se
concluyó que, en ese momento, la censora era —se itera— apta para el cargo, con
lo que se desdice la notoriedad de su disminuida condición de salud, con
impacto en el desempeño laboral.”
Contrario a lo señalado
por la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral, la Sala Plena
de la Corte
Constitucional advierte que en el expediente obraban suficientes elementos de
juicio, documentales y testimoniales,que permitían acreditar que la señora
Carolina Forero Torres era titular del derecho fundamental a la estabilidad
ocupacional (supra, 123 a 156).
En primer lugar, está demostrado que la demandante ingresó
a laboral a CAFAM en buenas condiciones de salud en sus manos y que durante su
relación laboral con la demandada sufrió una serie de dolencias que culminaron
en un diagnóstico de túnel del carpo.
De acuerdo con el examen médico ocupacional de ingreso del
07 de noviembre de 2013, la señora Carolina Forero Torres no presentaba
dificultades en sus extremidades superiores para esa fecha. Los únicos
diagnósticos que se le hicieron, estuvieron relacionados con sobrepeso y
enfermedad venosa leve, para lo que se recomendó higiene postural, uso de
elementos de protección según exposición, uso de medias de compresión venosa,
dieta y ejercicio regular cardiovascular
Sin embargo, el 18 de diciembre de 2013, el médico tratante
de la EPS SURA le concedió incapacidad por un día debido a que padecía
“contractura muscular dorsal alta y paravertebral dorsal derecha (…)
contractura muscular, otras dorsalgias.”
A su vez, el 14 de julio de 2014 la accionante acudió al
servicio de urgencias de su EPS porque presentó dolor en sus manos. En la
historia clínica de ese día se registró que padecía “dolor en articulación” y
se precisó que la paciente consultó porque presentaba “cuadro clínico de
aproximadamente 6 meses de evolución consistente en dolor de predominio en mano
derecha, de predominio en carpo y región radial, asociada a edema y calor
local, a su vez dolor tipo corrientazo (sic) en antebrazo. Refiere exacerbación
de dolor con los movimientos como digitación.”
Posteriormente, el 3 de junio de 2015 durante una
valoración clínica ocupacional de rutina, realizada por CAFAM, se diagnosticó
que la accionante padecía “tendinitis de flexores en el antebrazo izquierdo y
extensores del antebrazo derecho, tenosinovitis estenosantes de Quervain y
trastornos de refracción corregida”. Luego, durante el examen médico de egreso
del 21 de julio del 2015, se diagnosticó que la accionante sufría “túnel
carpiano bilateral”, “estiloides radial bilateral” y “tendinitis flexor extensor.”
De la misma manera, la médico que realizó la valoración advirtió que la
condición de la accionante “debe ser estudiada por EPS por (ilegible) clínicos
y sospecha de enfermedad osteomuscular que debe ser tratada y calificada.”
Las pruebas referidas demuestran que la demandante ingresó
a trabajar en CAFAM en buenas condiciones de salud en relación con sus
extremidades superiores. No obstante, a lo largo de su relación laboral, en
algunas valoraciones se observó un deterioro progresivo en su salud en lo que
se refiere a sus manos. Por lo tanto, queda claro que, durante su relación
laboral con CAFAM, la salud de la accionante se deterioró de manera
considerable, llegando a un diagnóstico de síndrome de túnel del carpo al
concluir su contrato
En segundo lugar, está demostrado que el síndrome de túnel
del carpo que la accionante desarrolló durante su relación con CAFAM le impedía
ejecutar sus funciones con normalidad al momento de la terminación unilateral
de su contrato de trabajo por parte del empleador.
En el proceso ordinario se demostró que las dolencias que
padecía la demandante afectaban sustancialmente el desarrollo de sus funciones
como archivista y oficinista. En el interrogatorio de parte la accionante
indicó que trabajaba en el área de archivo, lo que le implicaba realizar
diferentes tareas repetitivas y de fuerza con las manos.
La versión sobre las tareas funcionales de la accionante
fue ratificada por el supervisor Juan Felipe Sanmiguel Botero, el cual
manifestó que “ella tenía funciones de archivista, meramente documentales.” Por
su parte, su compañero de trabajo Sergio Pescador sostuvo que la demandante se
desempeñaba como archivista y realizaba “todas las labores correspondientes al
cargo, foliación, bases de datos, todo lo relacionado con el archivo.” De igual
manera, el representante legal de CAFAM precisó que dentro de las funciones de
la demandante estaban las de “transferencia de documentos y digitación de
información, así como otras funciones de archivista que tenía su cargo.”
De la misma manera, en el expediente ordinario se encuentra
una certificación emitida por el Jefe de Relaciones Laborales de CAFAM, que
detalla las responsabilidades de la demandante en su puesto. Las funciones
específicas incluyen el archivo de documentos, la ordenación y clasificación de
expedientes, así como la elaboración de nuevas carpetas. Las funciones
genéricas abarcan desde el archivo y organización de documentos, la elaboración
de diversos textos administrativos, hasta el ingreso de datos, la atención al
cliente y la revisión de expedientes financieros.
La accionante manifestó que esas funciones se vieron
interrumpidas en distintas ocasiones por cuenta del dolor en sus manos, lo que
generó una serie de incapacidades y recomendaciones por parte del departamento
de salud ocupacional de la empresa. Aunque su compañero de trabajo Sergio
Pescador sostuvo que no le constaban dichas afectaciones, el supervisor Juan
Felipe Sanmiguel Botero expresó que la demandante “tenía recomendaciones
médicas del área de salud ocupacional de CAFAM consistentes en el manejo de carga.
El manejo de carga, le limitaron el manejo de la carga y como pues ella tenía
que alzar cajas pesadas de archivo, le limitaron el tema de la digitación en
computador.”
Así mismo, Juan Felipe Sanmiguel Botero señaló que debido a
estas molestias la accionante estuvo incapacitada, y precisó que “inclusive
recuerdo que una vez un médico fue a visitarla ahí a la oficina porque CAFAM le
permitía contratar a los empleados unas pólizas como Emermedica y esos médicos.
Y había una IPS que fue a visitarla a ella allá a la oficina y le aplicaron una
inyección porque estaba muy mal de sus manos.”
En la misma
dirección, en el interrogatorio de
parte el
representante legal de CAFAM reconoció que la accionante presentó varias
incapacidades de servicios de médicos particulares, como las mencionadas por
Sanmiguel Botero. Afirmó que “en su momento se le pidieron unas incapacidades
médicas por unas faltas en el trabajo, unos días que no asistió a trabajar. Y
lo que sí se evidenció fue unos documentos que no eran de su EPS, sino al
parecer de una médica privada o alguna especie de profesional de la salud de
carácter privado, no de su EPS directamente.”
De igual forma, en el examen médico ocupacional del 03 de
junio de 2015 realizado por CAFAM, la médico Sandra Camelo García realizó las
siguientes recomendaciones: “se solicita valoración por IPS (sic) se solicita
electromiograma y/o neuroconducción de miembros superiores. No manejo de cargas
mayores a 2Kg bimanual, no presión o agarre digital prolongados, no
digitopulsión mayor a 10 horas ininterrumpida/calor local/. Control anual
optometría. Higiene postural y de columna. Pausas activas cada 2 horas.”
En relación con este último documento, es necesario
precisar que, si bien en el expediente ordinario reposa copia del examen médico
ocupacional del 3 de junio de 2015, la página de recomendaciones a la que se
acaba de hacer referencia no se encuentra contenida en este. Por tal razón, el
fallo de casación atacado aseveró que no existía prueba de la existencia de
recomendaciones de medicina ocupacional frente al normal desarrollo de las
funciones de la accionante.
Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
considera que, dada la invalidación de la sentencia ordinaria de segunda
instancia que debió disponer el fallo censurado por contravenir el ordenamiento
jurídico al exigir una pérdida de capacidad laboral de al menos el 15%, la Sala
de Descongestión Laboral N° 4 de la Sala de Casación Laboral debió, en sede de
instancia, solicitar la copia completa de la valoración de salud ocupacional
del 3 de junio de 2015, si las aseveraciones de los intervinientes en la
audiencia de pruebas no le otorgaban convencimiento sobre las recomendaciones
efectuadas.
De otra parte, el
fallo censurado también descartó la protección foral de la accionante por
cuanto en el mencionado examen de salud ocupacional la demandante fue declarada
apta para laborar. No obstante, esto no quiere decir que la trabajadora no
reuniera las condiciones para ser aforada por razones de salud, pues dicha
calificación de aptitud estuvo precedida por recomendaciones que reconocían la
afectación funcional de la accionante y, por tanto, realizaban una serie de
previsiones que le permitieran a esta continuar en el empleo bajo ciertas
restricciones o ajustes razonables.
En tal sentido, la Sala de Descongestión N° 4 asumió un
enfoque médico de la discapacidad contrario al ordenamiento jurídico, pues no
tuvo en cuenta que a partir del modelo social de la discapacidad las personas
con diversidad funcional pueden desempeñarse en un trabajo con la adopción de
apoyos o ajustes razonables que se acomoden a su condición.
En definitiva, está
corroborado que la accionante tenía responsabilidades laborales que requerían
el uso repetitivo y constante de sus manos, como archivar, ordenar y clasificar
documentos, entre otras tareas de oficina. Esto fue confirmado tanto por la
accionante como por sus compañeros de trabajo y superiores en CAFAM. A lo largo
de su relación laboral, el síndrome del túnel carpiano desarrollado limitó su
capacidad para cumplir estas funciones, lo que se evidenció a través de
incapacidades y recomendaciones médicas, como el evitar el manejo de cargas
superiores a 2Kg y la limitación de la digitación prolongada.
A pesar de la declaración de aptitud para trabajar en el
examen de salud ocupacional del 3 de junio de 2015, se realizaron
recomendaciones que demostraban la afectación funcional de la accionante, lo
que requería ajustes razonables para poder continuar en el empleo. Sin embargo,
al finalizar su contrato unilateralmente, la empresa ignoró la necesidad de
estos ajustes y desconoció su deber de brindar apoyo a los trabajadores que
requieren un proceso de rehabilitación (supra, 137 y 138).
En tercer lugar, en el expediente ordinario obraba
evidencia de que estas patologías eran conocidas por el empleador.
Aunque en el proceso laboral la empresa negó tener
conocimiento de las dolencias de la demandante, esta última aportó un correo
electrónico que envió el 4 de junio de 2015 al supervisor Juan Felipe Sanmiguel
Botero, con copia a su jefe directo Luis Fernando Villamarín Ramírez, en el que
indicó que “de acuerdo a lo conversado desde la semana pasada me están
molestando las dos manos ya que me encuentro con tendinitis y hoy tengo un poco
de molestia en mis dos manos debido a la foliación de estos tres días seguidos,
por otra parte era para que quedara (sic) nuevamente en su conocimiento y
adjunto las indicaciones del médico y las de ayer por salud ocupacional.”
Cabe precisar que el representante legal de CAFAM reconoció
como “superiores” de la accionante a los señores Juan Felipe Sanmiguel Botero y
Luis Fernando Villamarín Ramírez, y admitió que a través del correo electrónico
remitido por la demandante se tuvo conocimiento de la enfermedad de esta.
En ese sentido, en el interrogatorio de parte surtido el 4
de marzo de 2019 señaló que “lo que tengo entendido después de revisar el
expediente es que efectivamente la señora Carolina le avisa a sus superiores,
al señor Juan Felipe San Miguel y al doctor Luis Fernando Villamarín, que tenía
unas, cómo decirlo, molestias, bueno, molestias no, dejémoslo, en que estaba
sintiéndose mal, que estaba con algún de pronto, no quiero decir enfermedad,
pero bueno, con algún tipo de enfermedad, pero más que eso no dice el correo. Y
con respecto a ese correo, por lo menos podemos decir que desde la parte de
recursos humanos, pues en recursos humanos no se recibió ningún tipo de
notificación sobre eso. Si hubo una comunicación, sólo quedó entre ella, el
señor Juan Felipe y el doctor Luis Fernando Villamarín.”
Aunque el representante legal de CAFAM señala que el área
de recursos humanos no tuvo conocimiento de la afectación de salud de la
demandante, dicha circunstancia no es oponible a la solicitante, pues esta
cumplió con su deber de informar la situación a Juan Felipe Sanmiguel Botero en
calidad de supervisor y a Luis Fernando Villamarín Ramírez en su condición de
jefe directo, ambos reconocidos como “superiores” de la accionante por CAFAM.
Además, de acuerdo
con el testimonio de Sergio Antonio Pescador Cristiano, oficinista activo de
CAFAM, la conducta regular en casos de incapacidad consistía en informar la
situación a la secretaria del jefe directo Luis Fernando Villamarín Ramírez,
así como en poner en conocimiento del asunto al supervisor Juan Felipe
Sanmiguel Botero -como hizo la accionante. En ese sentido, en la audiencia de
conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del
litigio del 4 de marzo de 2019, señaló lo siguiente: “Apoderada parte
demandada: ¿Usted debía entregar incapacidades médicas al señor Juan Felipe
Sanmiguel?
Sergio Antonio Pescador Cristiano: Yo se las entregaba
directamente a la secretaria de la subdirección que era la encargada de llevar
el trámite correspondiente ante el jefe directo que era el doctor Villamarín y
ante personal.
Apoderada parte demandada: Es decir, sus incapacidades no
deben entregarse al señor Juan Felipe Sanmiguel, las suyas, por ejemplo.
Sergio Antonio Pescador Cristiano: Por respeto y por demás
se le informaba que yo estaba incapacitado pero las incapacidades las tramitaba
directamente la secretaria del departamento.”
En tal sentido, independientemente de que la accionante no
haya informado sobre su enfermedad a la secretaria de su jefe directo, sí le
envió un correo electrónico directamente a este y puso en conocimiento de su
situación al supervisor Juan Felipe Sanmiguel Botero.
En todo caso, se observa que para la fecha de los hechos no
existía una sola modalidad de comunicación de las incapacidades o del estado de
enfermedad por parte de los trabajadores a la empresa. Mientras el
representante legal sostuvo que estas novedades debían informarse al área de
recursos humanos, el testigo Sergio Antonio Pescador Cristiano indicó que las
incapacidades debían entregarse a la secretaría de Luis Fernando Villamarín
Ramírez en calidad de jefe directo y puestas en conocimiento del supervisor
Juan Felipe Sanmiguel Botero.
Igualmente, como se mencionó con anterioridad, en el
interrogatorio de parte el representante legal de CAFAM reconoció que estaba
enterado de las afectaciones en salud de la accionante, toda vez que esta
presentó varias incapacidades de servicios médicos particulares. Así mismo,
aceptó que tuvo conocimiento de la recomendación referida a que la solicitante
acudiera a su EPS, la cual está consignada en el examen ocupacional del 3 de
junio de 2015. Al respecto, el declarante señaló lo siguiente: Jueza: Señor Daniel,
¿sabe usted si la señora Carolina Forero tuvo algunas recomendaciones durante
su vinculación laboral a CAFAM?
Representante legal de CAFAM, Daniel Gómez Guerrero: Solo
conocí de una en su momento y era que por una recomendación se le pidió que
asistiera a su EPS, pero específicamente qué tenía o qué pudo tener no tengo
conocimiento.
Jueza: Por ejemplo, recomendaciones que no alzara
determinado peso, que no manipulara determinados elementos, ¿sabe usted?
Representante legal de CAFAM, Daniel Gómez
Guerrero: Es que
normalmente nosotros no conocemos esos exámenes de salud ocupacional, porque es
entre el profesional de la salud y el trabajador. Le hará las recomendaciones
de pronto de rigor o de pronto de asistir a alguna cita médica, o algún
especialista o de pronto inclusive a una serie de pausas activas, pero que
tenga conocimiento en la empresa como tal de esos exámenes, no porque tienen
una reserva y una confidencialidad entre profesional de la salud y paciente.
Jueza: Sí, me refiero a recomendaciones que le hubiera
hecho la EPS o la ARL directamente al empleador respecto de patologías de la
demandante.
Representante legal de CAFAM, Daniel Gómez Guerrero: Pues
de la EPS como tal no, en su momento se le pidieron unas incapacidades médicas
por unas faltas en el trabajo, unos días que no asistió a trabajar. Y lo que sí
se evidenció fue unos documentos que no eran de su EPS, sino al parecer de una
médica privada o alguna especie de profesional de la salud de carácter privado,
no de su EPS directamente.”
De esta manera, independientemente de la discusión sobre la
reserva legal que tendría la historia clínica ocupacional de la accionante
conforme a lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la
Protección Social, de acuerdo con el análisis de las pruebas presentadas, está
acreditado que el empleador estaba informado sobre las dolencias y el estado de
salud de la demandante. Esto se sustenta en la evidencia que demuestra que la
demandante comunicó sus condiciones de salud a sus superiores directos a través
de un correo electrónico en junio de 2015, reconocimiento que el representante
legal de la empresa validó explícitamente.
A pesar de la afirmación
de la empresa de que el área de personal no estaba al tanto de las dolencias,
la demandante cumplió adecuadamente su deber de informar a su supervisor y a su
jefe directo. Esta práctica era coherente con los procedimientos habituales de
la empresa según el testimonio de otro empleado.
Además, el representante
legal de la empresa admitió el conocimiento de las condiciones de salud de la
demandante, evidenciadas en las incapacidades médicas presentadas y en la
recomendación para que la demandante acudiera a su EPS, registrada en el examen
ocupacional del 3 de junio de 2015
En cuarto lugar, al
interior del proceso ordinario CAFAM no desvirtuó la presunción de despido
discriminatorio que pesaba sobre ella. En ese sentido, en todo momento
reconoció que hizo uso de su facultad de despido sin justa causa con
indemnización de la trabajadora, pero nunca señaló las razones que la llevaron
a adoptar dicha determinación tan solo un mes después de que salud ocupacional
hubiere recomendado la realización de ajustes razonables en relación con las
funciones que venía desempeñando la accionante.
No obstante que en la
audiencia de pruebas del 4 de marzo de 2019 la apoderada de la parte demandada
intentó vincular el despido de Carolina Forero Torres con un presunto proceso
disciplinario llevado en su contra, no desarrolló dicho planteamiento y tampoco
alegó sobre el particular en la contestación de la demanda o las etapas
subsiguientes.
Como se indicó en los
fundamentos normativos de esa sentencia, aunque el Código Sustantivo del
Trabajo permite a los empleadores finalizar contratos laborales unilateralmente
con el pago de una indemnización, esta facultad está limitada por la protección
de los derechos fundamentales del trabajador
Especialmente, no puede
aplicarse para desconocer la estabilidad laboral reforzada de trabajadores con
condiciones de salud que los ponen en un estado de debilidad manifiesta. La
Corte ha subrayado que el deber de reubicar a estos trabajadores y garantizar
condiciones laborales dignas prevalece sobre la facultad de terminar los
contratos de trabajo sin justa causa.
Por ese motivo, ha
concedido el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada en casos en
los que el empleador ha dado por terminado el vínculo de un trabajador en
estado de debilidad manifiesta sin contar con autorización del Inspector del
Trabajo, incluso cuando el contrato ha sido terminado invocando la causal
consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
En conclusión, está
demostrado que la demandante comenzó a laborar a CAFAM en buenas condiciones de
salud, de acuerdo con el examen ocupacional de ingreso, y que durante su
relación laboral con la demandada sufrió una serie de dolencias que le
generaron un diagnóstico de túnel del carpo. Esta enfermedad le impedía
desarrollar sus funciones con normalidad al momento de la terminación
unilateral de su contrato de trabajo por parte del empleador. Esta patología
era conocida por el empleador, como lo evidenció la declaración del
representante legal de la empresa, el testimonio del supervisor de la
accionante y la prueba documental referida al correo electrónico que la
solicitante remitió a sus superiores informando de la situación. La accionada
no desvirtuó la presunción de despido discriminatorio que pesaba sobre ella,
pese a que la jurisprudencia constitucional de tiempo atrás ha impuesto dicha
carga frente al empleador que da por finalizado el vínculo laboral de un
trabajador en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, incluso si alega
la terminación del contrato sin justa causa con pago de indemnización
Los anteriores elementos
evidencian que Carolina Forero Torres estaba protegida foralmente por salud y
era titular de las garantías derivadas del derecho a la estabilidad laboral
reforzada, pues era un sujeto en estado de debilidad manifiesta y, en los términos
descritos en esta decisión, debió seguirse el procedimiento ante la Oficina del
Trabajo para que se evaluara si el retiro obedecía o no a razones
discriminatorias. En su lugar, el empleador eludió dicha carga, la cual está
consagrada para garantizar el debido proceso y el respeto de las demás
prerrogativas constitucionales consagradas a favor del trabajador.
En consecuencia, la Sala
Plena de la Corte Constitucional dejará sin efecto la sentencia proferida el 12
de julio de 2022 por la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, ordenará dictar un nuevo
fallo acorde con el precedente constitucional sobre estabilidad laboral
reforzada y las consideraciones realizadas en la presente sentencia.
Existe un [pt1] precedente
constitucional pacífico y uniforme que reconoce el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada, las salas de Descongestión Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, han venido exigiendo la existencia de una deficiencia
física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, siguiendo el
precedente de la Sala de Casación Laboral permanente, en lugar de verificar si
al momento del despido el trabajador se encontraba en una condición de salud
que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus actividades.
Por esa razón, resulta necesario instarlas a modificar dicha postura y
adecuarla al precedente constitucional.
En armonía con este último
aspecto, la Corte reitera que, como lo expuso en la Sentencia SU-297 de 2021,
la obediencia que las salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de
Justicia le deben a Sala de Casación Laboral opera únicamente frente al
precedente ordinario que esta fija en su condición de órgano de cierre de la
especialidad laboral en esa jurisdicción, pero no frente a la interpretación
constitucional del ordenamiento jurídico, pues en este último caso se debe
estar a lo dispuesto por la Corte Constitucional.
La Sala Plena de la Corte
Constitucional estudió la acción de tutela presentada por Carolina Forero
Torres contra la providencia dictada por la Sala de Descongestión Nº 4 de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no casó la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en la que se confirmó la sentencia
de primera instancia que había negado el reconocimiento de su derecho a la
estabilidad laboral reforzada y las pretensiones derivadas de dicha
declaratoria.
Fijó el problema jurídico
en establecer si dicha autoridad judicial incurrió en desconocimiento del
precedente y defecto sustantivo, y con ello en vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada,
al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la igualdad de trato de la
accionante, al no casar la sentencia del Tribunal de segundo grado y negar
el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por considerar que, de
acuerdo con la Ley 361 de 1997, esta solo aplica frente a trabajadores que
acrediten una pérdida de capacidad laboral superior al 15%.
Para resolver este caso,
la Corte reiteró la jurisprudencia constitucional sobre (i) las causales de
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo y, así mismo, respecto ii)
al alcance y el contenido de la estabilidad laboral reforzada por razón de
salud.
A partir de las reglas
jurisprudenciales reiteradas, la Corte resolvió el caso concreto. En primera
medida halló acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y luego determinó que la sentencia de
casación incurrió en desconocimiento del precedente, específicamente de las
sentencias de unificación SU-049 de 2017 y SU-380 de 2021, al
interpretar equivocadamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en contravía
de lo dispuesto por la Constitución Política, y negarse a reconocer el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, aduciendo
que no se demostró que el trabajador contaba con una pérdida de capacidad
laboral moderada, severa o profunda.
La decisión explicó que al
incurrir en defecto por desconocimiento del precedente, también se concretaron
otros defectos, específicamente el defecto sustantivo, al darse un alcance
abiertamente contrario al contenido de la ley. Por las anteriores razones,
señaló que correspondía amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a
la estabilidad laboral reforzada, al trabajo en condiciones dignas y justas y a
la igualdad de trato de la accionante; dejar sin efectos la sentencia dictada
en el marco del recurso extraordinario de casación y ordenar la adopción de una
nueva decisión que respetara el precedente constitucional y las consideraciones
desarrolladas en la presente sentencia.
Finalmente, estimó
pertinente instar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
a modificar su precedente en relación con el alcance y contenido del derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada, pues si bien existe un precedente
constitucional consolidado sobre la materia, su sala permanente y sus salas de
descongestión han venido exigiendo la existencia de una deficiencia física,
mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, en lugar de verificar
si al momento del despido el trabajador se encontraba en una condición de salud
que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus actividades.
La Corte Constitucional, Sala
Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, REVOCA
las sentencias dictadas, el 23 de agosto de 2022 por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia y, el 26 de octubre de 2022 por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela
promovida por Carolina Forero Torres contra la Sala de Descongestión Laboral No.
4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar
TUTELA los derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad laboral
reforzada, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la igualdad de trato
de la accionante. DEJA SIN EFECTO la Sentencia SL2386-2022, proferida el 12 de
julio de 2022 por la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en el proceso con radicado interno 89361. ORDENA
a la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta
sentencia, adopte un nuevo fallo acorde con el precedente constitucional sobre
estabilidad laboral reforzada y las consideraciones realizadas en la parte
motiva de la presente sentencia; e INSTAR a la Sala de Casación Laboral y a las
salas de Descongestión Laboral a modificar su precedente en relación con el
alcance y contenido del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada,
conforme lo explicado en la presente decisión. Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Amigo lector del BLOG del
abogado PEDRO LEON TORRES BURBANO le invitamos a reeler las sentencias Sentencia
SU-049 de 2017 - SU-380 de 2021-Sentencia SU-297 de 2021-Sentencia T-1040 de
2001 - Sentencia T-198 de 2006 - sentencias T-692 de 2015 - Sentencia T-434 de 2020 - Sentencia C-200 de 2019 - Sentencia C-044 de 2021 - Sentencia SU-087 de
2022 -SENTENCIA SU-269 DE 2023 – Sentencia SU-049 de 2017 - Sentencia SU-040 de
2018 - SU-256 de 1996 - Sentencia T-1040 de 2001 -Sentencia T-198 de 2006 y formar
la sana critica trasparente y clara que ha consignado la Dra Diana Fajardo
Rivera y que deja consignada la CORTE CONSTITUCIONAL, para que usted al radicar
una ACCION DE TUTELA contra decisiones de los corruptos jueces y magistrados
que abandonan su deber legal y constitucional de PROTEGER al débil y vulnerable
trabajador despedido o retirado de su cargo estando enfermo ataque con CRITERIOS
y argumentos muy bien soportados y no permitir que esa corrupción en jueces
haga carrera y los empleadores sigan vurlandose de la ley, violen sin contoles
y sin atención del MINTRABAJO vulnerando derechos y ganando siempre en un
estado social de derecho donde por esa corrupción la DIGNIDAD HUMANA pasa a un
segundo plano
Este es un caso Especial
de una TRABAJADPRA retirada estando ENFERMA y sin haber tramitado permiso ante
el MINTRABAJO y donde el MINTRABAJO se lava las manos archivando las investigaciones
cuando el débil trabajador acude a ellos a PEDIR protección y garantía el
cumplimiento del articulo 25 de la CN y nada sucede en la PROCURADURIA frente a
las quejas y denuncias que se realizan y se siguen archivando las
investigaciones sin investigar
Amigo LECTOR si usted
conoce un caso similar o usted tiene una situación igual o parecida, llame a su
abogado al 3146826158 o escribanos al correo fundempresas_pelet@hotmail.com
Afiliese a FENALCOOPS y
reciba asesorias gratuitas. PEDRO LEON TORRES BURBANO
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