TEMA: SANCIONES TEMERARIAS IMPUESTAS por SUPERPUERTOS Y TRANSPORTES a una EMPRESA que aun no ha INICIADO OPERACIONES pero se encuentra HABILITADA- DESPROPORCIONALIDAD DE LA SANCION

 

BLOG abogado PEDRO LEON TORRES BURBANO

 

TEMA: SANCIONES TEMERARIAS IMPUESTAS por SUPERPUERTOS Y TRANSPORTES a una EMPRESA que aun no ha INICIADO OPERACIONES pero se encuentra HABILITADA- DESPROPORCIONALIDAD DE LA SANCION

 

Un grupo de ciudadanos afectados por sanciones desproporcionadas impuestas por SUPERTRANSPORTES a una empresa nueva que aun no inicia operaciones genera el cierre y terminación de su patrimonio por ser la sanción superior al capital suscrito y pagado de la sociedad

 

Se orienta a los clientes para radicar DERECHO DE PETICION - QUEJA Y DENUNCIA en contra de los servidores públicos que negaron el cumplimiento del FIN del estado social de derecho y el FIN de todo servicio publico y orienta a los usuarios, socios, potenciales inversionistas para reclamar los DAÑOS Y PERJUICIOS generados hacia futuro y en el presente que son sumas incalculables por las que debe responder el estado y en acciones de repetición los servidores públicos

 

El GERENTE o representante legal de la organización empresarial afectada asisto ante el presidente de los COLOMBIANOS, la MINISTRA DE TRANSPORTE, el PROCURADOR y la FISCALIA para que asuman cada uno dentro de sus competencias las funciones que les corresponde

 

Los afectados pero especialmente el REPRESENTANTE LEGAL radica RECURSOS contra el acto administrativo sancionatorio para agotar la via administrativa ante el SUPERTRANSPORTES pero además radica  derecho de petición – queja y denuncia en contra del SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y TRANSPORTES, por sancionar a la empresa sin antes haber iniciado operaciones como lo explica ampliamente en el radicado de RECURSOS que interpuse en contra del acto administrativo resolución  de sanción absurda que jamás fue notificada a la empresa y se violo en forma flagrante el DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y se violaron otros derechos fundamentales lo que debe prosperar la resolución de los recursos o va a prosperar la futura demanda de nulidad y restablecimiento del derecho donde no solo se pedirá al juez contencioso administrativo competente la NULIDAD del ACTO, sino también la suspensión provisional del mismo pero también el pago de todos los daños y perjuicios generados y esos daños son materiales e inmateriales que según el numero de afectados superan los cinco mil smmlv y esperar que el JUEZ responsable garantice justa justicia y la reparación integral

 

Se solicita en los escritos el favor de revisar todo el material que existe en el expediente formado el que será parte importante en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

 

Solicitan los reclamantes el favor de EVITAR la muerte del emprendimiento formado con tantos sacrificios y esfuerzos pero sin antes haber iniciado operaciones es terminada por el SUPERINTENDENTE desconociendo el FIN del estado social de derecho y el FIN de la SUPERPUERTOS Y TRANSPORTES como también el FIN del MINTRANSPORTE

 

Frente a una multa de más de $300 millones impuesta por la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) que supera el capital aportado y condena al cierre a una empresa que no operaba en 2022 (año sancionado), la vía inmediata si los recursos administrativos están estancados es acudir a la Acción de Tutela por mora administrativa y preparar la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

 

Dado que la entidad gubernamental ha dejado los recursos interpuestos en un limbo sin resolver, se configura una flagrante vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

 

Ante la situación descrita con la Superintendencia de Transporte (Supertransporte), el marco legal colombiano (Ley 1437 de 2011 o CPACA, Ley 336 de 1996 y Ley 222 de 1995) ofrece las siguientes directrices y alternativas jurídicas frente a los actos administrativos y los recursos interpuestos hoy, 10 de noviembre de 2026:

 

1. ¿Qué se puede hacer frente a esta sanción y terminación?

 

• Seguimiento a los Recursos Interpuestos: Dado que hoy se radicaron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, la Supertransporte tiene la obligación legal de resolverlos (por regla general, cuentan con plazos definidos en el CPACA. El recurso de reposición lo resuelve el funcionario que emitido el acto objeto de los recursos y sigue la apelación y se remite al superior jerárquico o Despacho del Superintendente).

 

Es fundamental verificar que los argumentos del recurso ataquen:

             • La violación al debido proceso y a los principios de proporcionalidad y razonabilidad (por ejemplo, sancionar severamente o cancelar/terminar una empresa que no ha iniciado operaciones o que alega no estar obligada o no haber recibido requerimientos previos en los mismos términos).

             • La falta de configuración de la infracción si la empresa no estaba obligada o no operaba comercialmente en el periodo imputado (ej. vigencia 2022 / reporte a mayo de 2023).

• Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Si la Supertransporte resuelve desfavorablemente los recursos (agotando la vía gubernativa), se abre la puerta para demandar el acto administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la decisión final.

• Acción de Tutela (Excepcional): Si se demuestra una vía de hecho, una violación flagrante y directa al debido proceso, al derecho al trabajo o a la igualdad que genere un perjuicio irremediable, se puede estudiar la procedencia de una tutela, aunque la jurisprudencia suele exigir agotar la vía gubernativa salvo riesgo extremo.

• Solicitud de Medidas Cautelares en el Contencioso: Al presentar la demanda de nulidad, se puede solicitar al juez la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo para evitar que la empresa sea destruida o liquidada mientras de fondo se decide el pleito.

 

2. ¿Quién debe defender a los 100 usuarios potenciales y a los socios?

 

• Los Socios / Representantes Legales: La defensa técnica de la empresa, de su personería jurídica y de los intereses patrimoniales de los socios recae en cabeza del apoderado legal / abogado titulado contratado por la compañía, quien debe estructurar los descargos, recursos y el respectivo proceso judicial.

• Los Usuarios Potenciales: Los usuarios potenciales o la comunidad afectada no tienen un defensor de oficio automático en un litigio administrativo de una empresa privada contra el Estado, pero pueden canalizar su representación o defensa de intereses colectivos a través de:

             • Acciones Populares o de Grupo (artículo 88 de la Constitución y Ley 472 de 1998), si consideran que la decisión de la entidad vulnera derechos colectivos al transporte o al acceso a servicios.

             • La Personería Municipal o la Defensoría del Pueblo (Regional Nariño / Pasto), a las cuales se les puede solicitar un acompañamiento preventivo en la vigilancia del debido proceso y los derechos de la comunidad si se comprueba afectación masiva.

 

3. El papel de la Superintendencia de Transporte frente a empresas que inician operaciones

 

• La Supertransporte ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sector transporte (habilitados o que pretenden actuar en el sector) con fundamento en la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996.

• Obligaciones formales vs. Operación real: El deber de presentar información financiera (estados financieros, cuentas y balances de periodos como el año 2022) suele recaer sobre las personas jurídicas constituidas e inscritas que tengan la calidad de vigiladas o que estén obligadas por las circulares de la Superintendencia, independientemente de si ya transportan pasajeros o se encuentran en etapa preoperativa.

• Sin embargo, imponer una sanción de muerte jurídica o terminación/cancelación drástica sin guardar la gradualidad, el principio de proporcionalidad, o sin haber surtido los requerimientos previos con plena garantía de contradicción, es uno de los argumentos de nulidad más fuertes que se alegan en los recursos administrativos y demandas de anulación.

 

Invito al lector del BLOG a revisar el contenido del artículo 169 de la ley de transporte terrestre y toda argumentación Constitucional como la Vulneración de Derechos Fundamentales y todo acto del servidor publico que se aparta del FIN del estado social de derecho como:

 

• Violación al Debido Proceso (Art. 29 de la Constitución Política): Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Si la empresa no tenía habilitación ni capacidad transportadora autorizada en 2022, no ostentaba la calidad jurídica de "sujeto regulado activo" ni de operador del servicio público de transporte para ese año fiscal.

• Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad: La Corte Constitucional ha determinado que las sanciones administrativas no pueden ser confiscatorias ni destruir el tejido empresarial. Una multa que supera el capital social y aniquila la empresa antes de nacer viola el núcleo esencial de la Libertad de Empresa (Art. 333 de la C.P.).

• Derecho de Petición y Plazo Razonable (Art. 23 de la C.P.): La falta de definición de los recursos vulnera el derecho a obtener una pronta resolución, configurando un "silencio administrativo" o un bloqueo institucional que impide defenderse ante la justicia ordinaria.

 

Pero también debe valorarse para entender el error cometido por el SUPERTRANSPORTE los fundamentos en Tratados Internacionales

 

• Pacto de San José (Art. 8.1 - Garantías Judiciales): Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por una autoridad competente. La parálisis de los recursos por parte de Supertransporte incumple el estándar internacional suscrito por Colombia en el Bloque de Constitucionalidad.

 

Otro tema de obligatoria interpretación y valoración son los argumentos Legales y Preceptos Técnicos

 

• Inexistencia de Hecho Generador u Obligación: Bajo la Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional de Transporte), la vigilancia de Supertransporte recae sobre las empresas formalmente constituidas, habilitadas y con capacidad transportadora asignada. Si la capacidad fue otorgada en 2023, la exigencia de radicar estados financieros u obligaciones operativas del año 2022 carece de nexo causal y objeto jurídico. No se puede omitir una obligación de un servicio que legalmente no se tenía autorización de prestar.

• Configuración del Silencio Administrativo Positivo (Si aplica): Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA - Ley 1437 de 2011), si la ley especial de transporte establece un término perentorio para resolver los recursos (generalmente de 2 a 12 meses según la actuación) y la entidad no lo hace, opera el silencio administrativo, el cual debe invocarse a favor del administrado.

 

Todos los afectados están facultados para radicar queja ante Órganos de Control: Elevar una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación por omisión de funciones y dilación injustificada de los términos legales por parte de los funcionarios de la Dirección de Investigaciones de la Supertransporte.

 

Señores lectores del BLOG, favor considerar que si bien la SUPERTRANSPORTES tiene facultades para sancionar a una empresa que aun no ha iniciado operaciones, también es cierto o no obstante, una multa que supera el capital suscrito y pagado violaría principios constitucionales fundamentales y jurisprudenciales si no evalúa la capacidad económica real de la empresa, lo que legalmente se considera una sanción desproporcionada o con efectos de "confiscatoriedad".

 

Las Funciones de la Supertransporte frente a empresas que no operan ejerce la inspección, vigilancia y control de las condiciones subjetivas (aspectos societarios, contables, financieros y jurídicos) y objetivas (prestación real del servicio) de sus vigilados.

• ¿Desde cuándo es vigilada una empresa? Una empresa de transporte público adquiere la calidad de sujeto regulado desde el momento en que se le otorga la Resolución de Habilitación, no desde cuando se le asigna la capacidad transportadora o inicia la ruta física.

• Obligación de reportar: El ordenamiento jurídico colombiano exige a todas las sociedades comerciales legalmente constituidas y habilitadas reportar de manera oportuna sus balances anuales a través del sistema SINST-VIGIA. Aunque la empresa esté inactiva o en etapa preoperativa, tiene la obligación legal de reportar sus estados financieros (así sean en ceros o reflejen únicamente los gastos de constitución), por lo que formalmente la omisión configura una infracción administrativa.

 

Argumentación sobre la desproporcionalidad y la "muerte" de la empresa

 

Aunque exista la infracción por no radicar los balances de 2022, una multa que supere el capital suscrito y pagado de una empresa que no opera es jurídicamente atacable por violar límites constitucionales y tratados internacionales:

 

A. Fundamento Constitucional Colombiano

 

• Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad (Art. 2 y Art. 209 de la Constitución Política): Toda actuación de las autoridades administrativas debe ser proporcional a los fines que busca la ley. El Consejo de Estado de Colombia ha reiterado que las multas no pueden convertirse en un castigo destructivo que desborde el marco económico sobre el que gira la actividad.

• Prohibición de Confiscatoriedad (Art. 34 de la Constitución Política): Si bien en Colombia se prohíbe la "pena de confiscación" de bienes para fines penales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha extendido este principio al ámbito administrativo, dictaminando que una multa no puede absorber la totalidad del patrimonio o capital de un administrado, destruyendo su unidad económica, pues esto equivaldría a una confiscación indirecta.

• Derecho al Debido Proceso y Graduación de la Sanción (Art. 29 de la Constitución y Art. 3 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA): El CPACA exige expresamente que la autoridad administrativa deba graduar las sanciones considerando criterios de lesividad, la cuantía de la afectación, el grado de culpa y la capacidad económica del infractor. Imponer una multa multimillonaria a una empresa sin ingresos y sin operación real es una flagrante violación a la debida graduación.

 

B. Bloque de Constitucionalidad y Tratados Internacionales

 

• Derecho a la Propiedad Privada y Garantías Judiciales (Art. 21 y Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José): La propiedad privada protege el patrimonio legítimo de las personas y empresas. El uso desmedido del poder sancionatorio del Estado que extinga el patrimonio de un proyecto empresarial sin causa justificada vulnera el derecho a no ser privado de sus bienes de forma arbitraria o mediante penas desproporcionadas.

 

C. Fundamento Legal y Preceptos

 

• Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional del Transporte - Art. 46): Establece las causales de sanción. Sin embargo, la aplicación de topes máximos automatizados (que pueden llegar hasta los 700 o más salarios mínimos o unidades de valor bajo otras normativas) no exime a la Supertransporte de motivar la viabilidad de la multa en relación con el tamaño de la empresa.

• Criterio del Consejo de Estado: La Sala de lo Contencioso Administrativo ha anulado múltiples sanciones administrativas bajo la premisa de que "la sanción debe mantener una debida correspondencia entre la gravedad de la falta y la rigurosidad de la medida". Forzar el cierre definitivo o la insolvencia (dar "muerte segura") a una empresa antes de que nazca al mercado por un error puramente formal y documental se considera un exceso de la potestad sancionatoria (desviación de poder).

 

La empresa sí incurrió en una falta formal al omitir el reporte de los estados financieros de 2022 en los plazos fijados por la Supertransporte. Sin embargo, la cuantía de la multa aplicada es abiertamente ilegal y desproporcionada.

En la vía gubernativa (recursos de reposición y apelación) o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho), el apoderado legal debe argumentar que:

1. La empresa se encontraba en fase preoperativa sin asignación de capacidad transportadora real por parte del Ministerio de Transporte.

2. El impacto social o la afectación al servicio público general por la falta de este reporte fue nulo (criterio de lesividad cero).

3. La multa genera una ruina patrimonial (efecto confiscatorio) al superar el capital de la sociedad, lo que quebranta el principio de proporcionalidad del artículo 209 de la Constitución.

 

Favor leer sobre el tema de desviación de poder que se constituye en una falta disciplinaria y en un posible delito que las autoridades pueden investigar previa denuncia de los afectados

 

Si usted usuario del servicio de transporte en COLOMBIA, empresario, propietario de rodantes, conductores afectados con la decisión con desviación de poder de los funcionarios de la SUPERPUERTOS Y TRANSPORTES,  consideran lesionados sus derechos llamen al abogado PEDRO LEON TORRES BURBANO al 3146826158 o escribanos al correo fenalcoopsas@gmail.com – PEDRO LEON TORRES BURBANO abogado especiaizado en derecho administrativo y gerente de la ONG FENALCOOPS