TEMA: SANCIONES MORATORIAS ARTICULO 64 CST y de la SS y articulo 99 de la ley 50 de 1990

 

BLOG abogado PEDRO LEON TORRES BURBANO

 

TEMA: SANCIONES MORATORIAS ARTICULO 64 CST y de la SS y articulo 99 de la ley 50 de 1990

 

En diversos TEMAS del BLOG hemos tratado temas de importancia sobre derechos de los trabajadores y trabajadoras de COLOMBIA y sobre diversos actos ilegales realizados por empleadores morosos, jueces y magistrados corruptos y especialmente por todo tipo de barreras que se le colocan a cualquier trabajador o trabajadora y se ha reclamado via demandas que realizamos los abogados especializados vinculados a la ONG FENALCOOPS, obteniendo importantes resultados como el logro de pensiones de vejez al cobrar a los empleadores morosos todos los periodos dejados de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones, o reclamos de pensiones de invalidez sea por origen común o laboral que tanto los fondos de pensiones públicos y privados niegan o las ARL donde los afilian los empleadores niegan para evitar los pagos de las pensiones de invalidez y hacerle ganar a sus aseguradoras sin afectar las polizas importantes sumas de dinero generando enriquecimientos sin causa o ilicios pero allí estamos los abogados litigantes para reclamar via demandas esos derechos vulnerados

 

Hoy tratemos el tema de las SANCIONES MORATORIAS que son derechos previstos en las normas pero que jueces corruptos se han inventado el actuar DE BUENA FE de los empleadores para protegerlos y no obligarlos a pagar esas sanciones moratorias negando el derecho cierto de los trabajadores y trabajadoras de COLOMBIA

 

Las condenas por sanciones moratorias e indemnizaciones laborales en Colombia se rigen principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y la Ley 50 de 1990, las cuales han sido ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

 

El Marco Legal y Jurisprudencial de las Sanciones Moratorias establece que el NO pago de salarios y prestaciones al momento del retiro (Artículo 65 del CST), establece la Orden de pago de un día de salario por cada día de retardo cuando el empleador no paga los salarios y prestaciones debidos al terminar el contrato.

 

La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que esta sanción no es automática; el juez debe evaluar la buena o mala fe y la justificación de la conducta del empleador.

 

La NO consignación oportuna de cesantías en el fondo (Artículo 99 de la Ley 50 de 1990) impone una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de atraso cuando el empleador no consigna el auxilio anual de cesantías al fondo elegido por el trabajador antes del 14 de febrero de cada año.

 

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (como la sentencia CSJ SL7145-2015) indica que procede a menos que medie una causa justificada o de fuerza mayor en el actuar patronal.

 

El NO pago de intereses a las cesantías (Numeral 3 del artículo 1 de la Ley 52 de 1935 y Decreto 1167 de 1980) dice que el empleador debe pagar directamente al trabajador los intereses legales del 12% anual sobre las cesantías acumuladas a más tardar el 31 de enero del año siguiente.

 

Su incumplimiento acarrea el pago de una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retardo o el doble del valor de los intereses no pagados, según el análisis judicial aplicable de los principios generales del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Otras sanciones legales (Indemnización por falta de cotización a seguridad social):

La jurisprudencia también ha reconocido condenas por los perjuicios o la ineficacia de despidos/terminaciones cuando no se demuestra la debida cotización a salud y pensiones al término del vínculo laboral.

 

Los invito a valorar las ratio decidendis indicadas en el precepto vinculante y obligatorio Sentencia 01188 de 2018 del Consejo de Estado; sentencia SU - 098-18 de la Corte Constitucional de Colombia; Sentencia de 22 de enero de 2015, en la cual se accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995; Sentencia 76001233300020130075801 de 2023 del Consejo de Estado; Sentencia T- 008 de 2015 de la Corte Constitucional;  entre otros preceptos que debe soportar su pretensión reclamada via demanda laboral

 

Si es importante dejar constancia en este numeral del BLOG que la jurisprudencia ha sido enfática en establecer que en este tipo de situaciones se debe desvirtuar la presunción de buena fe en la actuación del accionante. Ha señalado que “resulta razonable asumir que la temeridad se configura únicamente si el actor ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal. Por tanto, las sanciones sólo podrían imponerse una vez se desvirtúe la buena fe del accionante, pues está en principio se presume por mandato de la Constitución (CP art. 83)”. Entonces, si el actor no actuó movido por la mala fe no hay lugar a la configuración de una actuación temeraria.

 

La Corte en  reiterada jurisprudencia ha sido enfática en manifestar que el juez constitucional al momento de establecer si se configura una actuación temeraria, debe valerse de la figura de la tripe identidad, a saber: (i) la identidad de las partes; (ii) la identidad de la causa petendi; y (iii) la identidad del objeto. Adicionalmente, ha hecho alusión a la existencia de un hecho nuevo que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio de la acción.

 

No se presenta por existencia de un hecho nuevo que justifica la presentación de la segunda acción de tutela

 

La Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias laborales, cuando se demuestra que el incumplimiento de las mencionadas obligaciones vulnera o amenaza derechos fundamentales como el mínimo vital, la seguridad social o la vida en condiciones dignas.

 

Existen unos elementos de juicio para establecer si se está en presencia de un perjuicio irremediable

 

En lo que tiene que ver con la comprobación de la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la Corte ha “utilizado criterios como (i) la edad del actor(a) para ser considerado(a) sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y su familia, y (iii) las condiciones económicas del peticionario(a). Adicionalmente, la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa mínima por parte del interesado(a).” Entonces, la acción de tutela puede interponerse excepcionalmente para solicitar la cancelación de acreencias laborales siempre que “se logre establecer en cada caso en concreto que los mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos fundamentales de los actores, cuando lo que se pretende es evitar la consumación de un perjuicio irremediable, o porque el incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador está afectando el derecho al mínimo vital de los trabajadores tutelantes. Lo anterior, por cuanto las dificultades financieras, las prácticas discriminatorias en el pago, los cambios de legislación o la existencia de un aspecto formal que afecte el mínimo vital de un trabajador y su núcleo familiar, no puede constituirse en un obstáculo o requisito adicional para obtener por parte de los trabajadores su legítimo derecho a las cesantías”.

 

Dice la corte que para reclamar derechos laborales y de la seguridad social via acción de tutela en forma excepcional debe evaluarse el mínimo vital que es un derecho alusivo a la subsistencia de las personas, tanto a nivel individual como familiar, que implican una vida en condiciones dignas y que, en principio, se satisface mediante la remuneración de la actividad laboral desempeñada. Por lo anterior, esta prerrogativa es mucho más amplia que la mera noción de salario, el cual incluye todas las acreencias laborales y prestacionales, que se deriven de la relación laboral y tengan como destino mejorar las condiciones de existencia digna del trabajador y su núcleo familiar.

 

El auxilio de cesantía se erige en una de las prestaciones más importantes para los trabajadores y su núcleo familiar, como también en uno de los fundamentos más relevantes del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo económico de sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población asalariada. Aunado a lo anterior, en caso de mora en el pago de este auxilio, así como sus intereses, la entidad responsable de la obligación tiene el deber de reconocer y pagar de sus propios recursos, una sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo, hasta tanto se haga efectivo el pago. Para lo cual, solamente es necesario que el afectado acredite la no cancelación dentro del término previsto en las disposiciones legales.

 

Dice la Corte Constitucional que el AUXILIO DE CESANTIA  es un Derecho irrenunciable de todos los trabajadores que debe asumir el empleador

 

Si usted TRABAJADOR o TRABAJADORA del sector privado o publico desea asesorías para reclamar en una demanda o acción de tutela el pago de sanciones moratorias por la tardía consignación de cesantías o el no pago oportuno de salarios y prestaciones acuda a los abogados de la ONG FENALCOOPS y lo atendemos en cualquier parte del país. Debe llamar al 3146826158 o escribirnos al correo fenalcoopsas@gmail.com – PEDRO LEON TORRES BURBANO – abogado litigante especializado y gerente de la ONG FENALCOOPS